El perfil de la nueva Defensoría del Contribuyente
Las indicaciones de Hacienda al proyecto de Reforma Tributaria perfilan un organismo público de orientación y mediación. En el mundo tributario se aplaude este paso.
Un nuevo servicio público se crea con la Reforma Tributaria: la Defensoría del Contribuyente, una entidad cuya misión será resguardar los derechos de las personas en materias tributaria, especialmente de los más vulnerables y de las pymes. Las indicaciones ingresadas por Hacienda al proyecto terminan por perfilar a este organismo, que actuará en la relación de las personas con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y en el espacio existente entre esa entidad y los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA).
Según apuntaron técnicos de la oposición que aportaron ideas sobre la materia, los principales ajustes apuntan a que la entidad no actúe como “contrapeso” del SII fiscalizando sus actos e incluso interviniendo en sus procesos, sino que se enfoque en apoyar a los contribuyentes y buscar soluciones a sus problemas.
En esa línea, por ejemplo, se eliminaron algunas facultades que se estimaron excedían este enfoque. Entre ellas, denunciar hechos que pudieran dar lugar a responsabilidad penal, civil o administrativa por actos realizados por funcionarios del SII, en el entendido que todos los funcionarios públicos tienen esta obligación respecto de los actos que conocen. También la de proponer modificaciones o representar la ilegalidad, errores, interpretaciones contrarias a la ley o que exceden del marco legal en los actos e instrucciones del SII.
La Defensoría del Contribuyente (Dedecon) no podrá proponer modificaciones a la normativa tributaria, como estaba diseñada originalmente, aunque podrá informar a Hacienda sobre sus ideas al respecto y también dar su opinion al Congreso sobre normas que afecten los derechos de los contribuyentes, en particular durante la tramitación de un proyecto de ley.
En su relación con el SII, no podrá citar a reuniones, pero sí coordinar encuentros periódicos para analizar temas de común interés en los cuales recomendará cursos de acción sobre actos y criterios que puedan vulnerar las garantías de las personas. Se eliminó la referencia relativa a “realizar sugerencias respecto de las actuaciones de la autoridad” que se estimó invadía la esfera de acción de los directivos del SII.
La pieza que faltaba
Entre los tributaristas y analistas hay coincidencia en valorar la creación de esta nueva entidad. El socio líder de litigios y defensa del contribuyente de EY, Carlos Martínez, afirma que los derechos del contribuyente que están legalmente consagrados son escasos y suelen ser vulnerados. “Ante esto, la existencia de una defensoría verdaderamente empoderada, que pueda plantear las desigualdades de trato que observe y que sea escuchada por la prensa, autoridades y público en general, ayudará a que se respete al contribuyente sin el cual el país no podría financiarse”, explica.
El abogado de Moraga & Cia Álvaro Moraga, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, considera que la creación de este organismo constituye “uno de los principales avances en materia de justicia tributaria real, ya que beneficiará directamente a más del 90% de las empresas de Chile, y a la vez contribuirá a nivelar la cancha en la materia”. Destaca que lo más relevante es que se le concede personalidad jurídica y patrimonio propio, “lo cual garantiza su autonomía política y técnica”.
Coincide el profersor de auditoría e ingeniería en control de gestión de la Universidad Autónoma José Aicón, quien argumenta que en la práctica este servicio igualará a las empresas, “ya que las que cuentan con recursos económicos tienen equipos de asesores y de defensa frente a errores; en cambio, los pequeños comerciantes no tienen los recursos para defenderse y asesorarse para no cometer errores u omisiones frente al cumplimiento tributario”.
Sobre las funciones que cumplirá la Dedecon, Carlos Martínez estima que debiera concentrarse en velar por el respeto de los derechos de los contribuyentes y denunciar aquellos casos en que se vulneren. “Informar y fomentar el cumplimiento tributario son funciones que corresponden al SII”, opina.
Para Álvaro Moraga, que la entidad actúe como tercero en los procesos de mediación entre el contribuyente y el SII y emita opiniones técnicas constituyen un gran avance. “Claramente estas opiniones técnicas servirán para fundar los eventuales reclamos de la pyme en contra del SII, donde los jueces tributarios obviamente las tendrán como un importante elemento técnico de juicio”, concluye.
Servicios gratuitos
La Defensoría del Contribuyente prestará todos sus servicios en forma gratuita. El texto precisa que estos no constituyen un recurso administrativo, no crean derechos ni extinguen obligaciones.
Los contribuyentes podrán solicitar orientación respecto de cualquier acto, hecho u omisión del SII que vulnere o desconozca la ley o los derechos de los contribuyentes, o respecto de la forma en que debe darse cumplimiento a los requerimientos del SII. Si la Dedecon evalúa que la petición es procedente, en cinco días entregará una propuesta de solución y la persona tendrá tres días para comunicar si acepta la intervención propuesta. La falta de respuesta implica el fin del trámite.
Si se trata de una queja específica sobre un acto administrativo o la actuación de un funcionario del SII, la Dedecon revisará el caso y, si encuentra mérito, lo comunicará a dicho funcionario, quien tendrá cinco días para responder. Para acopiar antecedentes el organismo podrá solicitar información a cualquier servicio y tambien proponer una reunión entre las partes para acordar, en conjunto, mecanismos de resolución.
Tras estas etapas, la entidad deberá emitir una recomendación pronunciándose sobre la queja interpuesta y precisando si hay derechos vulnerados. Si ese fuera el caso, señalará las medidas que debería adoptar la autoridad tributaria. Estas recomendaciones no serán vinculantes para los funcionarios o el SII, no tendrán efecto sobre los actos cuestionados y no podrán aplicarse por analogía a otros casos.
Las recomendaciones dictadas por la Defensoría del Contribuyente deberán ser publicadas en su página web en forma resumida y en el Diario Oficial o medio de amplia difusión cuando se trate de casos calificados como graves, reiterados o aplicables a grupo considerable de personas.
El papel de mediación
El contribuyente también podrá solicitar un procedimiento de mediación destinado a resolver de manera directa y extrajudicial sus conflictos con el SII. Esto cuando exista disconformidad sobre un procedimiento de fiscalización, en la liquidación, giro o resolución que incida en el pago de impuestos, o en los elementos que sirven de base para determinarlo.
Este proceso tendrá 30 días como plazo, cumplido el cual se dará por concluido si no se logra un acuerdo mutuo (pudiendo el contribuyente acudir a tribunales si lo desea) o si una de las partes lo abandona previamente. La Dedecon emitirá una resolución al respecto que podrá aportarse en un eventual reclamo tributario. Si se llega a acuerdo, constará por escrito con el rol del defensor como ministro de fe (una nueva facultad que inicialmente no tenía), y tendrá efecto de cosa juzgada.