Dónde está la mayor preocupación de las AFP con la Reforma Previsional

Las propuestas de ventas conjuntas y en espacios comunes con gestoras de APV causan enorme inquietud en la industria.

La gestión financiera y la definición de la estructura institucional que se creará para administrar el 4% adicional de cotización obligatoria de los trabajadores ha sido, por lejos, el principal foco de atención de la primera etapa de discusión pública de la Reforma Previsional.

El tema ha activado un conjunto de indicaciones parlamentarias, principalmente desde la oposición, y ha desatado críticas de distintos expertos y técnicos por la exclusión explícita de las AFP en este nuevo segmento de ahorro. “Es algo irracional e ineficiente”, dijo en PAUTA el ex economista jefe de la OCDE Klaus Schmidt-Hebbel. Y, como era esperable, la industria de administradoras se ha plegado a estos cuestionamientos, asegurando a través del presidente del gremio, Andrés Santa Cruz, que este diseño irá directamente en perjuicio de los trabajadores.

Sin embargo, la imposibilidad de participar en la gestión del 4% no es el tema que genera más preocupación entre las AFP: según altas fuentes del sector, hay al menos cuatro puntos que tienen movilizada de verdad a la industria.

Ventas conjuntas

Si existe una materia a la cual la industria está destinando tiempo para gestionar cambios al proyecto de ley, se trata de aquella que permite que los vendedores de productos de Ahorro Previsional Voluntario (APV) de actores como las compañías de seguros, bancos o administradoras de fondos mutuos puedan vender también productos o servicios de las AFP.

“Como una forma de facilitar la entrada de nuevos actores a la administración de los recursos previsionales del sistema de pensiones, se propone autorizar a los vendedores de una AFP para vender APV (individual o colectivo) de otra entidad con la cual mantiene un contrato para tal efecto. De igual forma, se permite a los vendedores de las instituciones autorizadas que ofrecen planes de APV, para que vendan los servicios o productos que ofrecen las AFP, y planes de ahorro complementario para pensión de las sociedades administradoras de ahorro complementario para pensión”, dice el proyecto enviado por el Gobierno.

A modo de ejemplo, esto busca que un vendedor de una administradora de fondos mutuos pueda operar en paralelo como captador de una AFP con la cual su empresa haya suscrito un acuerdo comercial.

En la industria, esta propuesta —que fue rechazada por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, pero que bien podría volver a discutirse en Sala— genera un oposición transversal. “Se necesita mejor competencia, no más competencia”, explica una fuente del sector que pidió reserva de su nombre. Este mismo ejecutivo recuerda que la Comisión Marcel, que fue la base técnica de la reforma de pensiones impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet en su primera administración, fue enfática en defender el giro único tanto en la comercialización como en las inversiones, por lo que esta idea apunta en un sentido completamente inverso.

Actualmente, la industria de APV maneja activos por más de US$ 11.000 millones, que representa cerca del 3,5% de los fondos acumulados por las cotizaciones obligatorias, y tiene más de 2,2 millones de cuentas, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Pensiones y de la Comisión del Mercado Financiero publicadas por El Mercurio. Las AFP concentran el 63% de los clientes de APV del mercado. El resto se reparten entre fondos mutuos, compañías de seguros, corredoras de bolsa, bancos y fondos de inversión, en orden decreciente.

Bajo el mismo techo

El segundo punto que es resistido por las AFP es parecido al primero: que estas administradoras puedan tener espacios de atención de público en locales compartidos con empresas vinculadas a la venta de APV. 

“Con el fin de aprovechar economías de ámbito y de escala para reducir costos y bajar barreras a la entrada, se autoriza a las AFP y a Administradoras de Ahorro Complementario para Pensión, compartir locales de atención de público con entidades del ámbito previsional y con instituciones autorizadas que administran ahorro previsional voluntario. Todo lo anterior, previa autorización de la Superintendencia de Pensiones. Con todo, cada entidad deberá disponer de personal exclusivo para atender público, delimitando el espacio físico entre entidades”, dice el articulado de la iniciativa legal presentada por el Gobierno.

Desde la industria resienten que con medidas de este tipo se bajarían las barreras que impiden las ventas atadas, condicionando también el sentido del giro único del negocio de las AFP. Otro ejecutivo vinculado con el sector plantea que un aumento del número de competidores en la industria —que es el sentido de esta propuesta del Gobierno— no necesariamiente redundará en beneficios para los afiliados. En Chile hay seis AFP operativas y una recientemente creada. En Australia hay más de 200 administradores de pensiones privados que, en promedio, cobran comisiones más altas que las que pagan los trabajadores nacionales.

PAUTA consultó por este artículo a la Asociación de AFP y al asesor presidencial para pensiones, Augusto Iglesias, pero tanto el gremio como el experto declinaron referirse al tema. Asimismo, este medio contactó al Ministerio del Trabajo, que no solo dirige el debate legislativo desde el Ejecutivo sino que además lo ha defendido; su respuesta fue que no se referiría a asuntos vinculados con un proyecto que está iniciando su debate legislativo.

El menor encaje

Existen otros dos temas que completan el grupo de propuestas que mayor incomodidad generan entre las AFP. Uno es la reducción del encaje, del actual 1% al 0,5%. Actualmente, la ley establece que las AFP deben mantener un activo denominado encaje, que es equivalente al 1% del valor de cada uno de los fondos de pensiones que administran, con el fin de cubrir eventuales pérdidas de valor de los fondos de pensiones si la rentabilidad fuese menor a la mínima exigida. Este dinero esta invertido en los mismos instrumentos financieros en los que está el dinero de los trabajadores.

El reparo que algunos actores comentan es que su reducción daría menor solidez financiera y menor cobertura para los afiliados en casos de un escenario altamente negativo.

Sin embargo, en entrevista con PAUTA Bloomberg, el gerente general de AFP Capital, Jaime Munita, dijo el 6 de junio que el encaje se creó como un modo de resguardo patrimonial de los fondos de los afiliados y que “pareciera que hoy el encaje es un monto excesivo”.

Según el proyecto de ley, la propuesta de reducir a la mitad el encaje busca rebajar “significativamente una importante barrera a la entrada a la industria de AFP”. Y en línea con los reparos de la industria, este punto también fue rechazado por la Comisión de Trabajo de la Cámara.

Los descuentos por grupo

El otro reparo se relaciona con la posibilidad de que las AFP condicionen sus comisiones al tamaño del grupo de afiliados, ofreciendo descuentos por volumen de clientes. La iniciativa legal de la administración Piñera propone cinco grupos: de dos a 49 personas, de 50 a 199, de 200 a 499, 500 a 999, y 1.000 o más.

“La comisión sobre la que se ofrecerá el descuento deberá ser la comisión vigente por concepto de cotizaciones periódicas. Los descuentos de comisión se harán efectivos mediante devoluciones mensuales que serán abonadas en la cuenta de ahorro individual de cotizaciones obligatorias”, complementa el texto de la propuesta legal.

En la industria tienen reparos a esta idea, porque se generan incentivos para el “descreme” de carteras de afiliados; esto es, poner el foco en trabajadores potencialmente más caros en detrimento de los que pueden pagar menos comisiones.