Forestales podrán rentabilizar sus bosques sin talar un solo árbol

Los predios tienen opción de certificar su aporte a la reducción de gases de efecto invernadero, emitiendo bonos de carbono. El bajo riesgo país puede impulsar los retornos.

Un nuevo mercado se está potenciando en materia forestal: el de los bonos de carbono. Con ellos, los dueños de predios forestales que puedan certificar sus proyectos podrían obtener recursos anuales sin tener que talar sus bosques.

La fórmula, admiten los conocedores del tema, no es nueva, pero tiene escaso uso en Chile. Sin embargo, podría potenciarse en el corto plazo debido a la creciente necesidad de los países desarrollados signatarios del Acuerdo de París sobre cambio climático (COP21) de cumplir sus compromisos de reducción de sus emisiones contaminantes.

Para lograr esas metas, muchas naciones apuestan a compensar parte de las emisiones no reducidas usando bonos de carbono transables en el mercado internacional. Parte importante de esos bonos proceden de países en desarrollo y Chile, debido a su estabilidad política y positiva imagen país, podría estar en una posición inmejorable para valorizar y ofrecer estos activos. 

¿Que son los bonos de carbono?

Desde la década pasada comenzaron a desarrollarse proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que al ser certificados se tranforman en un activo que representa una tonelada de CO2 ya compensado. Estos bonos pueden ser adquiridos por una empresa interesada en reducir su huella de carbono. A abril de 2019, 46 países y 28 jurisdicciones subnacionales (regiones) han implementado sistemas de transacción de emisiones de carbono o han aplicado impuestos a estas actividades.

En Chile, el sector que más ha incursionado en este mercado es la industria energética, especialmente la generación renovable no convencial. En el caso de la silvicultura, entre los proyectos que podrían certificarse son aquellos que reducen la deforestación (por ejemplo, recuperando terrenos afectados por sequía o incendios) y los que incrementan y enriquecen la superficie cubierta por bosques, mediante manejo, reforestación u otras prácticas.

El director ejecutivo del Instituto Forestal (Infor), Fernando Raga, cree que la opción de que los dueños de predios forestales puedan participar en el mercado de los bonos de carbono hoy está solo al alcance de los grandes propietarios, por los costos y complejidad de los procesos involucrados. 

Costos y retornos

La firma Allianz Zero Emissions abrió recientemente un poder de compra de bonos de carbono de proyectos forestales y energéticos en Chile. Desde la firma comentaron que las transacciones mundiales de certificados de reducción de CO2 se mantienen muy dinámicas y que sus rentabilidades “superan las de acciones de las empresas más sólidas del mundo”.

Agregan que las perspectivas para este mercado son positivas, ya que el 1 de enero de 2020 entra en vigencia el primer período de contabilidad de los compromisos que asumieron los países que suscribieron el Acuerdo de París. “Esto se ha traducido en que la cantidad demandada de certificados aumente y se prevé que esta tendencia se mantenga”, detallan.

Respecto del caso chileno, desde la firma aseguran que lo que explica que los grandes propietarios de bosque nativo no hayan entrado a este mercado es la falta de información y también que no existe apoyo para acceder a financiamiento. Esto, porque esos propietarios tienen hoy un activo prácticamente sin valor económico, debido a las restricciones para su explotación. “Si los propietarios se informaran, no hay duda que muchos más proyectos en Chile ya estarían entregando certificados de reducción y obteniendo ingresos”, agregan.

Si bien levantar un proyecto y certificarlo tiene costos, los retornos podrían compensar esa inversión inicial. Desde Allianz Zero Emissions explican que el costo inicial de valorizar un bosque parte en US$ 400 mil ($284 millones), “lo que permitirá obtener al menos entre 280 y 380 toneladas de CO2 por hectárea, lo que se traduce en una renta anual del bosque en torno a los US$ 1.500 (poco más de un millón de pesos) por hectárea”. Por cierto, la banca podría jugar un rol esencial en viabilizar estas opciones.

A futuro, la firma prevé una fuerte alza de certificados en Chile. “Ya se aprecia el movimiento de grandes transacciones en el sur de Chile de zonas extensas de bosque nativo”, dicen, alertando sobre la importancia de un territorio en especial: “La imagen y valor de conservación de los bosques en Chiloé son los más altos de Chile. Si hubiera un proyecto allí, esos certificados alcanzarán los precios más elevados entre los que se emitan en Chile”.

Un punto que destacan es la ventaja que podría tener Chile cuando sus bonos de carbono se transen en los mercados globales. “En Latinoamérica los países que tienen los mayores proyectos ya certificados son Colombia, Venezuela y Bolivia. Pero los inversionistas buscan un menor riesgo país y, por cierto, una imagen país que se pueda incluir en el balance de responsabilidad social”, explican. A modo de ejemplo, aluden que Bolivia tiene uno de los proyectos más grandes de la región (el parque nacional Noel Kempff), “pero su riego país e imagen no atrae a los inversionistas”.

Realidad tributaria

Para viabilizar este mercado parece esencial reducir los costos de la certificación, lo que implica potenciar el rol de la banca para facilitar financiamiento con miras a los futuros retornos y también precisar el tratamiento tributario de los gastos asociados.

El director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, comenta que los certificados de carbono no se contemplaron en forma expresa en la reforma tributaria de 2014 y tampoco en el proyecto actualmente en trámite. 

Añade que las empresas aspiran a que las sumas que desembolsen en estas certificaciones sean gastos aceptados y, en definitiva, disminuir así los impuestos a pagar, y detalla que en la actual reforma tributaria se permite rebajar desembolsos asociados a compromisos ambientales voluntarios. “Esto podría incluir a este tipo de certificaciones, considerando su potencialidad de generar renta desde el punto de vista de la reputación e imagen pública de la empresas, como ambientalmente responsable. Esto, porque hay una creciente exigencia pública en ese sentido”, afirma.

El socio fundador de la consultora tributaria Goldsmith & Cia, Marcelo Goldsmith, apunta a que considerar que los costos asociados a obtener esa certificación puedan reconocerse como gasto necesario para producir renta es un tema sujeto a discusión y fiscalización, definiéndose caso a caso si se cumplen los requisitos para ello.

Pero señala que el Servicio de Impuestos Internos ya se ha pronunciado respecto a que los desembolsos destinados a tramitar y obtener una certificación o emisión de bonos de carbono, o en adquirirlos para transarlos en el mercado, “corresponden a una inversión efectiva que debe activarse y ser calificada como un activo intangible para fines tributarios”.