El nuevo mapa que se viene en el mundo de las pensiones

Un ente público, mayor competencia para las AFP, nuevos gestores de ahorro adicional y un rol más activo de los trabajadores en las administradoras son algunas novedades.

Hasta ahora, el sistema previsional chileno enfrenta al trabajador activo a dos elecciones con miras a su futura jubilación: en qué AFP cotizar y en cuál de los cinco fondos tener sus ahorros. Pero una vez que se apruebe la reforma previsional del Gobierno, se sumarán nuevos componentes y decisiones.

Incluso cuando después de 15 meses de tramitación en la Cámara de Diputados la nueva estructura ha ido variando de forma y también en las atribuciones de algunos agentes, la propuesta que revisará el Senado a partir de marzo considera cambios relevantes con los cuales deberán familiarizarse los cotizantes una vez que se apruebe la ley.

Ente público 

Su origen radica en el principal veto político de este debate, instalado por el gobierno anterior y ratificado por el actual: hay que elevar la cotización, pero ningún peso puede ser administrado por las AFP. La solución práctica para ello es destinar esos recursos a un nuevo ente público, distinto del de una AFP estatal, con exigentes requisitos de sustentabilidad, profesionalismo, eficacia y transparencia. 

Ha tenido diversos nombres: en la propuesta del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet se denominó Consejo Administrador del Ahorro Colectivo (CAC) y en la propuesta de la actual administración partió como Consejo Público Autónomo (CPA) y luego como Consejo Administrador de los Seguros Sociales (CASS). Se espera que tras el acuerdo entre las autoridades y la DC, el nuevo nombre sea Agencia de Seguridad Social y que sus facultades sean fortalecidas.

Su misión, en todo caso, sigue siendo la misma: administrar el ahorro adicional que provendrá de la nueva cotización de cargo del empleador, inicialmente de 4% del salario del trabajador y ahora del 6%. De ese total, 3% irá al ahorro previsional individual de cada trabajador y 2,8% se aportará al nuevo Fondo de Ahorro Colectivo Solidario (FACS). El ente público licitará la inversión de estos recursos entre los nuevos gestores especializados distintos a las AFP.

El 0,2% restante financiará un seguro de dependencia, que será licitado por el organismo entre las compañías de seguros interesadas.

Desde el Gobierno se han dado señales en cuanto a permitir la elección de los trabajadores respecto de la administración del 13%, que excluye sólo la porción que va a solidaridad. “Si quiero que mi 10% esté en la AFP, queda ahí. Si quiero llevarlo al ente público, me llevo mi 10%. Pero para que sea justo, si hoy me dicen que este 3% tiene que estar en el ente estatal, también tengo que tener derecho a elegir si me lo llevo a mi AFP“, afirmó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 

Nuevos gestores del ahorro adicional

Quienes entrarán a la competencia para administrar los recursos gestionados por el ente público (ahorro personal y colectivo) serán sociedades de giro único, que deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para constituir una AFP, pero podrán tener o no fines de lucro. Se denominarán Agentes de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional (Aiapa) y no podrán administrar el 10% de cotización obligatoria que hoy va a las AFP.

Estos gestores, que se crearán sólo para administrar dichos ahorros por el periodo licitado, podrán ser constituidos por cajas de compensación, cooperativas, administradoras generales de fondos, instituciones financieras, cooperativas, compañías de seguros de vida y personas jurídicas, nacionales o extranjeras. Aunque inicialmente los cotizantes serán asignados entre las entidades que se adjudiquen la licitación, tras la transición podrán cambiar sus ahorros a otra Aiapa.

Las AFP estarán expresamente excluidas de competir por gestionar estos recursos, pero deberán recaudar el ahorro adicional y transferirlo al ente público, que a su vez lo distribuirá a los nuevos actores.

Compitiendo con las AFP

El Gobierno ha insistido en que su iniciativa permite por primera vez que exista mayor competencia en la gestión del 10% de cotizaciones que actualmente administran exclusivamente las AFP, algo que no se planteó en la propuesta del gobierno anterior.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, ha enfatizado que los afiliados tendrán “la opción de irse a una entidad en la que no van a haber utilidades, en la que me van a repartir los excedentes, voy a tener una posibilidad absolutamente distinta a la que hoy día existe y eso, claramente, va a impactar a las actuales administradoras”.

Esto, porque la iniciativa establece la entrada de AFP sin fines de lucro, que repartan utilidades o las reinviertan en los mismos fondos que administran (incluso ya hay una que anuncia su próxima apertura). También se abrió la opción para cooperativas creadas por afiliados, denominadas Cooperativas para la Administración de Fondos de Pensiones, con menores costos de administración y utilidades que se reparten entre los socios. La idea surgió de una moción presentada por la diputada Joanna Pérez (DC), que busca que las personas tengan una alternativa en caso que no quieran mantener el 10% de ahorro en la AFP.

Comité de Afiliados 

En cada AFP se deberá crear un Comité de Afiliados que velará por la implementación y resultados de la política y regulaciones de inversión, y la calidad y oportunidad de los servicios entregados por la AFP . Los candidatos a integrantes de los Comités de Afiliados serán escogidos vía electrónica por los afiliados mediante un proceso de selección formal entre los candidatos que les presente la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones. 

El ente público también contará con un Comité de Afiliados de cinco integrantes, cuya selección se realizará de forma análoga a la detallada para las AFP. Sin embargo, el mecanismo y los criterios de selección de los candidatos y los requisitos que deberán cumplir serán fijados por un reglamento, que también fijará el porcentaje mínimo de afiliados que deberán votar para que la elección se entienda representativa. Si no se logra esa meta, los miembros serán nombrados por la Comisión de Usuarios.

Nueva Intendencia 

La reforma también propone crear una nueva Intendencia de Protección de Derechos de los Afiliados y Beneficiarios en la Superintendencia de Pensiones, entidad que hoy tiene dos Intendencias: de regulación y de fiscalización.

Esta nueva entidad deberá atender las consultas, peticiones o reclamos presentados por los afiliados y beneficiarios del sistema de pensiones y del seguro de cesantía, así como proponer al superintendente alternativas para optimizar la calidad de servicio. Asimismo, asumirá las funciones que competen a la Superintendencia en materia de educación previsional.