El camino que recorrieron las isapres hasta postergar las alzas de precios

Las compañías confiaban en que el 4,5% promedio de aumento no causaría un mayor rechazo al estar en línea con el alza estimada para el IPC de la Salud entre 2020 y 2021.

A inicios de esta semana, las isapres estaban frente a un callejón sin salida. Se acababa marzo y por obligación legal debían informar públicamente antes del día 31 el nivel de aumento que aplicarían a sus planes. Es una notificación que deben cumplir todos los años -con el alto costo de imagen y la ola de críticas que viene desde los usuarios hasta los parlamentarios-, pero que en 2020 coincidió con la peor crisis sanitaria que haya vivido Chile en su historia moderna.

El momento no podía ser más inoportuno: anunciar aumentos de precios en un escenario de alta sensibilidad pública, y en el que muchas empresas de servicios básicos y financieros habían optado por hacer “gestos” con el argumento de empatizar con sus usuarios y clientes.

El plazo se cumplió y las seis aseguradoras abiertas –Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Nueva Masvida y Vida Tres– anunciaron aumentos de entre 4% y 4,9% en sus precios base durante el próximo proceso de adecuación de contratos.

Los ajustes desencadenaron inmediatas reacciones del Gobierno, de parlamentarios opositores y de los mismos afiliados, junto con activar una búsqueda de alternativas para paliar o aplazar estos incrementos. “Desafortunada” fue la palabra más suave -y eufemística- que recibió el alza.

Las tres alternativas antes del Covid-19

Desde la industria admiten que en los días previos al anuncio no se había producido ningún diálogo o acercamiento entre la autoridad y las empresas con miras a reducir o postergar la entrada en vigencia de la adecuación de los contratos, que afecta al 20% de los chilenos de mayores ingresos.

En el sector coinciden en que había cierta tranquilidad con la cifra del reajuste, ya que estaba en línea con los datos del Índice Referencial de Costos de la Salud (Ircsa) -conocido más popularmente como el “IPC de la salud”- para el período 2020-2021. Este había sido dado a conocer el 27 de enero por la Superintendencia de Salud y el propio ministro del ramo, Jaime Mañalich, y suponía un incremento promedio de precios para el sector de 4%, llegando incluso a un máximo de 5,2%.

Con este nuevo insumo de precios validado oficialmente por el Gobierno, las isapres comenzaron a cerrar sus procesos de tarificación durante febrero y marzo. Según una alta fuente de la industria, la mayoría de los actores se vio enfrentado a tres escenarios de definición de precios, cada uno con beneficios y costos.

Eso, claro, en la época previa a la irrupción del Covid-19 en la agenda.

La primera alternativa era aplicar un ajuste cero. Esto suponía mantener los valores por un año, sin recibir un peso adicional, pero apostando por reducir significativamente el costo de judicialización de afiliados molestos, lo que en la práctica implica un gasto menor en ese ítem. De acuerdo con las cifras del Poder Judicial, en 2019 se interpusieron 376.732 recursos en contra de las isapres -la mayoría por incrementos en el GES-, los que se suman a los 136.476 de 2018.

Una segunda opción era establecer un alza proporcional al aumento de los costos clínicos del último año, que en la industria aseguran que oscilaron entre 8% y 10%. “Con eso, se hubieran alineado los costos con los ingresos, sin siquiera aumentar el margen. Pero hubiera sido un suicidio público”, reconoce un exejecutivo del mercado.

La tercera vía era tomar la señal de Mañalich: subir las tarifas en un número similar al proyectado por el IPC de la Salud. Esta línea de acción tenía, a juicio de la industria, dos ventajas. Uno, se subían los precios, sí, pero en un rango que había sido validado públicamente por el Gobierno. Y dos, se quitaba espacio para que los tribunales pudieran fallar a favor frente a los recursos presentados por los usuarios.

Un alto ejecutivo del sector explica a PAUTA que la mayoría de la gente tiene una gran confusión respecto de los fallos de la Justicia en estos temas, ya que los tribunales no han dictaminado que las alzas sean “ilegales” -no podrían hacerlo, agrega, porque es una facultad legal que tienen las isapres por una ley de 2005-, sino que argumentan que las subidas “no son razonables”.

“Por lo tanto, es difícil que hoy te digan que un alza de 4,5% no es razonable, si las entidades técnicas como la Superintendencia de Salud, con instrumentos estadísticos construidos por el INE, como el IPC de la Salud, proyectan una cifra muy parecida”, agrega.

Las seis aseguradoras abiertas tomaron la tercera alternativa. Y el martes 31 de marzo, al oficializarse los aumentos, hubo algunas compañías que adelantaron la solución que se aplicaría para la casi totalidad de la industria un día después: aplazar en unos meses los aumentos.

“Congelar el alza hoy es quebrar una isapre”

El anuncio de los reajustes en los planes sucedió en otro escenario: la propagación del nuevo coronavirus. Ante ello, también cambió el tablero y desde el Ejecutivo hubo tres nuevas opciones que se abrieron para solucionar la crisis ante la avalancha de cuestionamientos de políticos del oficialismo y la oposición.

Altos ejecutivos de la industria confidencian que desde el Gobierno efectivamente evaluaron constitucionalmente la opción de congelar las subidas, como publicó PAUTA, pero se enfrentaron a un escenario de eventuales demandas de las propias isapres solicitando compensaciones retroactivas.

Con ese camino bloqueado, la segunda opción fue pedirles a las aseguradoras directamente abstenerse de las alzas, pero las autoridades recibieron una negativa rotunda.

“Congelar el alza hoy es quebrar una isapre. Así de claro y simple”, comenta una de las fuentes que habló -bajo reserva- con PAUTA. Recuerda que en 2019, de cada $100 que ingresaron a las isapres, cerca de $88 se gastaron en variables médicas, como servicios ambulatorios, hospitalarios, consultas y licencias. Casi $12 fueron a gastos operacionales, como sueldos de personal, comisiones de venta, sucursales o marketing.

¿Significa eso que las isapres no tuvieron utilidades el año pasado? No, pero la cifra tiene una importante nota a pie de página. Según las cifras de la Superintendencia de Salud publicadas a inicios de marzo, las empresas de esta industria ganaron $9.465 millones durante 2019. Sin embargo, al analizar por prestadora, la mitad tuvo pérdidas (Consalud, Colmena y Nueva Masvida) y la mitad utilidades (Banmédica, Cruz Blanca y Vida Tres). De este último grupo, Vida Tres -que ganó $8.827 millones- equivale al 93% de la utilidad total de la industria. Y esa cifra se explicaría por una utilidad no operacional (ganancia no vinculada al negocio mismo).

“Lo que la gente no entiende es que aquí hay un sector que está subiendo sus precios en 4,5%, pero que está con una presión de costos de al menos 8%. Y eso supone un esfuerzo y un ingenio mayor para ver cómo se reducen costos operacionales con este nuevo nivel de tarifas”, dice el mismo ejecutivo.

Ante los problemas de las opciones 1 y 2 del escenario con Covid-19, tomó fuerza la opción tres, impulsada por Mañalich y por el superintendente de Salud, Patricio Fernández: pedir un “gesto” a las aseguradoras. Y la respuesta fue positiva, porque varias ya lo habían ofrecido al mismo regulador un día antes. Aunque trascendió que en un primer momento no hubo unanimidad en toda la industria, con el paso de las horas esa alternativa se transformó en el único camino de salida.

Durante la tarde del miércoles 1 de abril, sería el propio Presidente Sebastián Piñera quien, tras una reunión con los dirigentes del gremio de isapres, anunciaría la postergación por tres meses del inicio del reajuste.