Los aseguradores avalúan el costo del estallido social: US$ 1.300 millones

Chile tiene un récord mundial “en la cobertura de desórdenes populares”, dice en PAUTA el presidente de la Asociación de Aseguradores, Mario Gazitúa.

“Estamos en las entrañas del sistema financiero y económico de nuestro país”, dice Mario Gazitúa, presidente de la Asociación de Aseguradores. Ilustra de esa manera el papel elemental que cumple la industria aseguradora en toda la naturaleza productiva de la economía chilena.

Aunque esa presencia es notoria en la normalidad, se hace acuciante en la anomalía. El primer espasmo vino con el estallido social; el segundo, casi sin pausa, la emergencia sanitaria global de la pandemia del Covid-19.

Sobre el impacto de la violencia material del 18-O, de los efectos de la pandemia, sus críticas por las brechas de tasas entre retiro programado y rentas vitalicias, así como las acciones del gremio en favor de los trabajadores de la salud en Chile, entre otras materias, conversa Gazitúa con PAUTA.

“Tenemos el top mundial que es la cobertura de desórdenes populares”

“El siniestro de sismo en Chile está considerado desde nuestro nacimiento, pero Chile no estaba considerado en el mundo como un país de riesgo de desórdenes populares de la magnitud que vimos, ni menos ser el líder mundial”, se lamenta Gazitúa.

El dirigente gremial revela la cuantificación material de las pérdidas que los aseguradores han recibido: “La cifra total del costo para la industria aseguradora son alrededor de US$ 1.300 millones”, que corresponden a los eventos “denunciados, y con las provisiones que tienen que constituir las compañías de seguro de cara al pago de esos siniestros”.

Gazitúa comenta que casi la mitad de los siniestros ya está pagado. En el caso de los supermercados, “requieren algunos procesos que son más extensos de liquidación, porque hay que determinar los costos de pérdida por paralización… No son tan sencillos de liquidar como son los siniestros de una pequeña pyme, que muchos de ellos ya están liquidados”.

Este avalúo excluye las pérdidas que enfrentó el Metro de Santiago. “No está incluido el Metro. Metro no tenía un seguro. Estos US$ 1.300 millones tristemente nos llevan a un récord mundial… Tenemos el top mundial que es la cobertura de desórdenes populares. Es un triste récord”, enfatiza. 

La acción ante la pandemia

Mario Gazitúa detalla cómo se efectuará la iniciativa del gremio para otorgar un seguro de vida a los 235.000 trabajadores de la salud del país, con un capital de unos $7,2 millones por asegurado.

“Este es un seguro gratuito”, subraya, que se financia entre todos los miembros de la asociación. “Si bien hay una compañía, que es la que emite la póliza, la contratante de la póliza es la Asociación de Aseguradores y los beneficiarios son estas 235.000 personas”, cuenta.

El mecanismo permitirá a la Asociación de Aseguradores enviar un email a esos trabajadores, en coordinación con el Minsal. La póliza tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, con una cobertura retroactiva que abarca el período iniciado con el decreto que estableció el estado de emergencia sanitaria por la pandemia.

Las pérdidas por el coronavirus

La expansión del coronavirus y aquello que el Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó como El Gran Confinamiento tienen su propia versión negra para la industria del seguro.

Gazitúa cuenta que prevé una caída de entre 20 y 25% en la industria aseguradora en relación con 2019. “Estamos asociados a la actividad económica. Si no hay actividad económica, los seguros tienen un grado de resiliencia mayor que las otras actividades, pero estaremos muy afectados”, resume.

En seguros de vida, el sector más complicado es el de rentas vitalicias. Se trata de un cuestionamiento a la distancia que separa la tasa que ofrece pagar ese producto al cliente por su dinero (en torno al 1,88% real en abril) con el de los retiros programados. Mientras en el primer caso esa tasa la definen las empresas sobre la base de factores de mercado, en el retiro programado está fijado por las autoridades técnicas.

“Hay una asimetría ficticia regulatoria, porque los fondos de retiro programado están a una tasa fija de UF más 3,5% durante este año. Comprenderán que nada renta eso, pero ficticiamente tiene ese monto, con un ajuste regulatorio que hace totalmente asimétrico optar por renta vitalicia”, critica. “Sabemos que el 3,5% del retiro programado va a caer en los próximos años. Es insostenible”, agrega.

Y aunque Gazitúa sostiene que las autoridades de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) han tenido una “buena recepción” a los planteamientos de las compañías, tiene comentarios sobre la velocidad de reacción: “Nos gustaría, dado que estamos viviendo una situación compleja, mayor agilidad en ese proceso”.

Sobre qué flexibilidad regulatoria piden a la CMF, los detalles de la situación de la industria y el rol de la iniciativa de Corfo para incorporar a las instituciones no bancarias para apoyar a las pymes, revise el siguiente video de la conversación con Mario Gazitúa.