Patentes: la fórmula que evalúa Salud para asegurar los insumos sanitarios

La solicitud de entrega de una licencia de propiedad intelectual de forma obligatoria pueden solucionar, excepcionalmente, problemas de abastecimiento o altos precios.

Las alertas se prendieron luego que el sábado 23 de mayo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijera que evalúa “expropiar” o “confiscar” la patente de un laboratorio sobre los insumos necesarios para los test PCR, que permiten detectar el Covid-19. Esto con el objetivo de asegurar el abastecimiento, que se había visto afectado sobre todo en los laboratorios privados.

Lo cierto, según expertos, es que en estos casos no se trata de una expropiación, sino del uso de un mecanismo sobre propiedad industrial a nivel internacional que se incluye en todos los tratados de libre comercio suscritos por Chile: la licencia no voluntaria u obligatoria para explotar una patente.

“Si el diagnóstico es que la capacidad productiva de ciertos laboratorios para desarrollar los reactivos necesarios para las PCR está copada, estaría justificado utilizar otros laboratorios que tienen la capacidad instalada, pero que necesitan las autorizaciones en términos de patentes para realizar la producción y venta hacia el Estado”, opina el académico de la escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Cristóbal Cuadrado.

“En la medida en que existan problemas de stock como hemos visto, sin duda que es una estrategia que tempranamente hay que activar, para asegurar el abastecimiento para el país en las próximas semanas y meses”, plantea.

Cómo funciona

A lo que se refiere el ministro de Salud es a uno de los mecanismos para usar una patente industrial sin la autorización de su titular. La excepción, que se denomina licencia no voluntaria u obligatoria, forma parte de los acuerdos sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio.

Existe en prácticamente todas las legislaciones del mundo, tanto de países desarrollados como emergentes, y la razón más habitual para otorgarlas se refiere a problemáticas en materia de salud pública.

“En Chile, procede el otorgamiento de una licencia obligatoria cuando por razones de salud pública, declaradas por la autoridad competente (que es el Ministro de Salud), se justifique su otorgamiento”, explica la directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Loreto Bresky.

Detalla que una vez que la autoridad establece los fundamentos y ámbito de su decisión, los interesados pueden demandar el uso de una licencia no voluntaria ante INAPI sobre las patentes involucradas. Se abre entonces un proceso contencioso, en el cual se resolverá el otorgamiento o no de la licencia solicitada y la posibilidad de acceder provisoriamente a ella, entre otros aspectos.

En estos casos, la abogada añade que “se debe notificar al titular de la patente, quien tiene el derecho de recibir una remuneración a cambio. Además [estas licencias] deben tener una duración limitada y cumplir otros requisitos para mantener el adecuado equilibrio entre los derechos del titular de la patente y los de la sociedad”.

Escasez y altos precios

El académico de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Daniel Álvarez, precisa que demandar licencias obligatorias permite proveer respuestas en casos excepcionales, tanto ante la evidencia de escasez como de un alza injustificada de precios.

“Hoy se haría porque hay un problema de stock en ciertos productos sanitarios necesarios en el contexto de la pandemia, pero también podría hacerse si se estima que los precios son demasiado altos y se requiere una tarifa justa”, señala.

Ese nivel, indica, se puede construir con los precios de referencia mundiales, definiendo cuánto es el costo de producción y cuánto el de patentamiento. “Son precios conocidos, porque habitualmente los laboratorios venden la patente para que el medicamento se produzca en otros mercados”, agrega.

El abogado informa que precisamente el precio constituye el único antecedente existente para Chile en esta materia. Se trata de la resolución que declaró la existencia de razones de salud pública para el otorgamiento de licencias no voluntarias respecto de patentes de medicamentos para la hepatitis tipo C, debido a su alto costo.

“Un contexto de estado de catástrofe y pandemia es una situación límite. Ante la escasez de insumos claves para la gestión sanitaria y la inexistencia de alternativas, la fórmula de las licencias obligatorias es una buena solución. Si no se emplea en estas circunstancias, nunca habrá voluntad para hacerlo”, concluye.