La audaz propuesta de un ministro de la Suprema para evitar la quiebra masiva de pymes

En la crisis de 1982, Arturo Prado era abogado en un banco y fue testigo de la quiebra de cientos de empresas.

Para la crisis económica de 1982, Arturo Prado -hoy ministro de la Corte Suprema e integrante de la Sala Civil- trabajaba como abogado en un banco. Tiene marcados los recuerdos de cómo quebraron pequeñas y medianas empresas.

Desde esa experiencia, y como profesor de derecho económico de la Universidad de Chile, en medio de la pandemia por el coronavirus y la contracción de la economía, es que ha estado meditando una propuesta que, estima, puede levantar a las pymes ante las eventuales quiebras que puedan enfrentar.

Prado anota que en 2010 se dictó una ley especial para las pequeñas y medianas empresas que enfrentan problemas económicos. Pero dice que, ante la posibilidad de la insolvencia actual, “que se va a viralizar en poco tiempo más producto de la pandemia y que en lo que algunos países ya se llama la ‘insolpandemia’, se deben crear mecanismos extraordinarios”.

Y entonces levanta su propuesta.

“Hablamos de 800 mil microempresas y 300 mil pequeñas empresas que dan mucho empleo, que deben mantener la cadena de pagos y la circulación económica. Entonces, estas pequeñas empresas tienen que necesariamente buscar una salida que no signifique un estrés para el acreedor. Pero que, por otra parte, les permita tener un alivio económico dentro de un plazo que les permita cumplir con sus compromisos. Y, desde luego, como dicen los ingleses, para tiempos extraordinarios se requieren de medidas extraordinarias”, señala el juez. 

-¿Cree que se deben flexibilizar los créditos?

“No solo flexibilizar, porque ya se está aprobando mucha flexibilización y buscando soluciones alternativas, sino que, derechamente, hay que buscar una salida de viabilidad a estas empresas porque, actual y potencialmente, pueden caer en la insolvencia. Entonces, si hoy las pymes ya tienen un estatuto propio que devino de la Ley 20.416, que es antigua, de 2010, y que es distinta a la Ley General de Insolvencia y Reemprendimiento, que es del 2014, no está la distinción que yo propongo. Lo que pienso es que las pymes requieren de un tratamiento especial, porque son las que tienen mayores problemas con los proveedores y eso provoca un efecto dominó”. 

–Si ya existe una ley para las pymes, ¿está pensado en una modificación o una nueva legislación?

“No. No nos tapicemos de más leyes. La ley de 2010 tiene un procedimiento administrativo, pero que es completamente voluntario y se efectúa ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y permite la reorganización o el cierre. Pero eso es como una selección darwiniana porque o sigue o se cierra. Durante ese período en que se va a ver si realmente puede ser viable, o si es que lo que más le conviene es cerrar, va a tener un período de 90 días en que entrará un asesor económico de insolvencia para determinar si la empresa tiene o no viabilidad. Luego se emite un certificado de insolvencia, en los siete días siguientes a que se presenta la solicitud en que la pyme está requiriendo el apoyo del asesor que le permite, validado por la superintendencia, suspender todos los apremios personales que tenga, como los juicios por incumplimiento de obligaciones con los bancos o acreedores”.

-Dada la crisis, ¿propone que el procedimiento en adelante sea obligatorio?

“Exactamente. Y, primero, que el asesor económico de insolvencia que dictamine sea pagado con un crédito privilegiado por la propia empresa, o bien con cargo al Estado y que le dé un honorario que sea producto de una ayuda para que esta empresa pueda ser viable o no. Segundo, que además sea vinculante y obligue a todos los acreedores a someterse. El estudio que se hace del informe se da a conocer a todos los acreedores y tiene conclusiones sobre las posibilidades de reorganizar o cerrar la empresa y la forma en que esta se debe llevar a cabo, permitiéndole así el acceso al financiamiento y realizar gestiones que busquen darle un respiro o alivio económico. Y así, tener dos caminos: o el emprendimiento era viable o va a la liquidación voluntaria”. 

-¿Y qué ocurre si va a la liquidación voluntaria?

“Si va a la liquidación voluntaria, va a la Ley General de Insolvencia. Lo otro es que en esta ley especial para las pymes se encuentre un camino para darle viabilidad a la empresa. Lo que sugiero, y creo es una cosa buena, es que se amplíen las funciones que actualmente cumple la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, porque es un órgano técnico que ha demostrado ser eficiente. Pero que aborde de una manera integral un beneficio a todas las empresas, en especial, a las pymes. Es decir, que a través de un procedimiento administrativo se cuente con la asesoría necesaria para dictaminar si esta empresa que puede estar en insolvencia dentro del próximo tiempo, logre desarrollar sus negocios, ser sujeto de crédito y alcanzar la liquidez necesaria una vez que se reestructure o reorganice”.

-¿Qué pasa con el derecho del acreedor? ¿Por qué ese tercero tendría que aceptar esto?

“Siempre en estas situaciones extraordinarias, como la pandemia que estamos viviendo hoy y que hace que estas personas no puedan cumplir con sus responsabilidades, se produce un estrés y una tensión de parte los dos interesados: el acreedor y el deudor. Entonces, estamos tratando de llegar a una transacción que tenga un costo relativamente consensuado a través de un dictamen que no signifique liquidar la empresa”.

La experiencia de 1982

-¿Cuál es su proyección del panorama?

“Se está tratando por todos los medios, al alcance de las autoridades, los intervinientes y los agentes económicos, de que no se produzca esta situación de insolvencia generalizada. Hay una cuestión superimportante, porque no es la primera vez en el mundo que hay una situación de insolvencia generalizada. Ocurrió en 1928 y hubo que dictar una nueva ley de quiebras y en un año (en 1931), subieron de 200 a 700 las quiebras. En 1982, del flujo que más o menos bordeaba las 25 anuales, subieron a 882. Entonces, ¿quién ganó?

-¿Teme que ocurra lo que pasó en 1982?

“Temo que se produzca un efecto en cascada si no se toman en consideración algunos elementos que podrían llevar a que se pueda renegociar. Ya el Gobierno está empeñado en flexibilizar los créditos y dar oportunidad a los trabajadores. Porque, obviamente, todas estas situaciones tienen como fantasma la cesantía y el cierre de las empresas. Por eso es que es fundamental generar políticas públicas, fomento de la actividad económica y mantener el empleo. De lo contrario, el país va a retroceder”.