Regulador de AFP pide más plazo para entregar dinero y congelar los cambios de fondos

Osvaldo Macías entregó ideas para morigerar efectos negativos, como concretar los pagos un mes después de que la ley esté vigente.

El Gobierno ha insistido en su rechazo a la idea de permitir el retiro parcial de fondos desde las AFP y en su decisión de no involucrarse en la iniciativa. “Estamos convencidos que este es un mal proyecto, por lo que malamente podríamos ser parte del mismo, ni siquiera parcialmente”, sostuvo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en entrevista con El Mercurio.

Pero quien sí planteó una serie de ajustes que deberían introducirse a la reforma en curso, con el fin de morigerar sus impactos adversos, fue el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

En la sesión de la Comisión de Constitución del Senado realizada este lunes 20 de julio, donde intervino junto con abogados y economistas, Macías enfatizó que se trata de propuestas técnicas y no políticas, como compete a la entidad reguladora y fiscalizadora que dirige.

Incluso si llegaran a acogerse, estas medidas no cambian el fondo: Macías reiteró que la iniciativa afectará el valor de las pensiones actuales y futuras, impacto que será más intenso en los afiliados más vulnerables.

Mayor plazo para pagar

El regulador plantea que la liquidación obligada de instrumentos que deberán hacer las AFP en el mercado local para recaudar los cerca de US$ 20 mil millones -y así entregar efectivo a las personas-, generará una sobreoferta de instrumentos. Como ocurre cuando hay más disponibilidad de un bien, esta sobreoferta reducirá su valor; en este caso, el de los activos que permanecerán bajo la administración de las AFP y también los fondos efectivamente retirados.

Por ejemplo, según cálculos realizados por la Superintendencia, en el caso de los bonos bancarios podrían requerirse ventas diarias por US$ 150 millones y en el mercado habitualmente se transan US$ 214 millones al día. Es decir, 70% de los montos diarios transados, porcentaje que llega al 50% en el caso de los bonos de Tesorería y 34% para las acciones.

Para mitigar ese impacto, planteó ampliar el plazo para hacer efectivo el retiro desde que la ley entre en vigencia, de 10 días a un mes. Lo anterior, “para permitir una liquidación ordenada de los activos previsionales, mitigar los impactos negativos en las inversiones que se producirán y también a preparar los procesos de solicitudes y pagos en las administradoras”.

Congelar los cambios de fondo

Macías añadió que, complementariamente, se requiere  el congelamiento transitorio de los cambios de fondo, con el objetivo de no incrementar los efectos negativos en los precios de los activos por un aumento de la necesidad de liquidación de instrumentos.

“Los últimos cambios de fondo que hemos tenido han involucrado entre US$ 5.000 millones y US$ 6.000 millones. Entonces, si un eventual llamado a cambios de fondos se suma a los US$ 20.000 que hay que liquidar en dos tandas, el efecto se multiplica”, explicó.

El regulador agregó que lo prudente sería que al menos en el período en que se están liquidando los instrumentos financieros “no haya traspasos que puedan exacerbar más esta situación”.

También sugirió repensar la necesidad de que los pensionados retiren fondos, “porque las pensiones ya son bajas y van a ser fuertemente afectadas de concretarse el retiro”.

Añadió que, con todo, los pensionados reciben ingresos mediante su pensión, que no se han visto reducidos durante la emergencia sanitaria. “Este retiro aumenta el gasto del Estado en el pilar solidario y es discriminatorio respecto de las personas pensionadas por renta vitalicia y del antiguo sistema de cajas, que no podrán acceder [a la medida]”.

Eliminar la exención tributaria 

Osvaldo Macías advirtió que existen afiliados que no necesitan retirar sus ahorros previsionales porque sus ingresos no se han visto afectados, pero que, como está formulada la reforma, tendrán importantes incentivos tributarios para hacerlo.

“El incentivo de ganancia tributaria es mayor para los afiliados de altos ingresos. Por ejemplo, aquellos afiliados que tengan una tasa marginal de impuesto de 35% y retiren el máximo permitido ($4,3 millones aproximadamente), pueden luego depositarlos como APV. Así, “recibirían una devolución del 35% del monto depositado en la declaración de la renta del año 2021”, apuntó.

Por esto, recomendó eliminar la exención tributaria de los retiros que establece el proyecto. En la comisión, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien había anunciado que presentaría una propuesta para evitar que los cotizantes de mayor patrimonio se beneficiaran, anunció que declinó de impulsar esa opción al no contar con el respaldo en la oposición. El parlamentario recibió amenazas en redes sociales por su propuesta. 

El regulador también planteó que tal como está redactada la propuesta, el retiro tiene una fecha de inicio pero no de término. Esto podría implicar que aunque  la medida es “por única vez”, el afiliado podría ejercer esa opción en cualquier momento en el tiempo, “con lo que se transformaría, en definitiva, en un derecho de carácter permanente”.