Economía

¿Es el momento para el regreso de los empleos de emergencia?

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Crédito: Agencia Uno
POR Marcela Gómez |

Un equipo de la UC plantea que estos planes, que apuntan a personas menos calificadas y del sector informal, entren al set de políticas para absorber la cesantía en la pospandemia.

Abordar problemas excepcionales requiere despejar prejuicios al diseñar soluciones. El grave deterioro laboral producto de la crisis sanitaria anticipa que una vez que las personas puedan volver a buscar trabajo, el desempleo podría superar el 20%. ¿Cómo encauzar la demanda por trabajo e ingresos?

En la Pontificia Universidad Católica de Chile plantean un abordaje integral. El Centro de Políticas Publicas, la Escuela de Administración, el Instituto de Economía y el centro J-PAL elaboraron un extenso documento donde evalúan todo el set de medidas disponibles y recomiendan cuáles usar.

La propuesta tiene una sorpresa: junto con subsidios a la contratación y apoyo al microemprendimiento, sugieren también los programas de empleo de emergencia. Esto desafía las críticas que existen tanto a los programas de emergencia desplegados en la crisis de 1982 (conocidos por sus siglas PEM y POJH), como a los que se eternizaron y aún subsisten en la Región del Biobío.

Pragmatismo y evidencia

“Una de las críticas más importantes a este tipo de políticas es que a veces se convierten desde programas de emergencia a programas permanentes. Esa es, de hecho, la experiencia con algunos programas en Chile”, admite el académico del Instituto de Economía UC y director científico de J-PAL, Francisco Gallego, quien presentó el documento. 

Su mensaje fue claro: “Hay que sacar la cabeza de la caja y pensar que los instrumentos convencionales no nos van a alcanzar. Necesitamos instrumentos diversos para atender a diferentes poblaciones”. Por eso, llamó a mirar también los buenos ejemplos internacionales de empleos de emergencia, como los de Grecia, Letonia y Sudáfrica, “y no solo los malos programas que podamos tener localmente”.

El académico dijo que, dada la magnitud de la crisis, “no es obvio que con programas de obras públicas y de creación de empleo podamos recuperar todos los empleos perdidos”. Alertó que es probable que personas “menos calificadas y del sector informal, que están entre las más golpeadas por crisis y donde no van a llegar tan fácil los subsidios de capacitación, requerirán algún tipo de apoyo”.

A su juicio, los empleos de emergencia bien diseñados, con una escala adecuada y focalizados, abren una oportunidad para que esas personas tengan un trabajo, puedan recibir un ingreso digno y ayudar a concretar obras. Eso sí: sugiere que estas iniciativas tengan una  “fecha de término”.

Las otras propuestas

El académico enfatizó que un aspecto clave de las medidas para recuperar el empleo es que estén bien coordinadas entre sí y que exista integración entre las políticas de protección social y de trabajo.

La UC también aportó ideas para otras propuestas que ya están arriba de la mesa, como la extensión temporal de la Ley de Protección del Empleo que permite suspender el contrato, y reducir jornadas laborales, todo con cargo al seguro de cesantía.

Otra medida fue anunciada por el Presidente Sebastián Piñera en su Cuenta Pública 2020: subsidios al empleo, tanto para incentivar la contratación como para proteger empleos en riesgo de perderse. El Mandatario dijo que estos subsidios beneficiarían a un millón de personas con un costo cercano a los US$ 2.000 millones.

Para la UC, estos subisidios debe ser suficientemente altos para que las empresas se interesen en reclutar, ser proporcionales al salario (por ejemplo, 40% con tope de $240.000), extenderse por al menos seis meses y enfocarse en segmentos prioritarios.

Dichos subsidios son parte del acuerdo suscrito en julio entre el Gobierno y parte de la oposición, el que también incluyó potenciar las subvenciones vigentes para mejorar los ingresos de los jóvenes y el Bono al Trabajo a la Mujer (un aporte estatal para elevar los ingresos de las trabajadoras). En ambos casos el acuerdo planteó ampliar los requisitos para postular desde el 40% al 60% más vulnerable de la población.

Los expertos UC plantean que si bien ambas medidas no fomentan la creación de empleos, pueden contribuir a su formalización y a elevar los ingresos de los hogares vulnerables. Proponen que estos programas se expandan para otorgar montos en torno al 40% del salario por un período de entre seis y 12 meses. Estiman que llevar el beneficio al 60% más pobre no elevaría la cobertura porque los nuevos postulantes recibirían aportes bajos o nulos.

Además, sugieren potenciar e integrar una serie de apoyos para el microemprendimiento.