El invisibilizado rol del ingreso garantizado en el debate del salario mínimo
El Gobierno se juega la idea de legislar en la Sala del Senado, pero sin lograr todavía un apoyo amplio a su oferta ni relevar este beneficio que da un “piso” a los más vulnerables.
El reajuste del salario mínimo siempre genera un intenso debate legislativo y este año no será la excepción. Luego del rechazo de la mayoría opositora en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, su primer hito legislativo, el Ejecutivo debe conseguir el respaldo de la Sala para aprobar la idea de legislar. De lo contrario, no habrá ley.
Esta poco auspiciosa partida remite al tortuoso trámite de reajuste del salario mínimo en 2018, cuando la insistencia del Gobierno en una ley plurianual llevó a amarrar el alza de 2,5% real que se concretó en marzo de este año, junto con el inicio de la pandemia. Esto, no obstante la advertencia de diversos economistas sobre los riesgos de acordar reajustes desvinculados de la evolución de la economía y, además, basados en inflación pasada y no en la futura.
El escenario hoy es complejo. No sólo por la falta de acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), sino también por la deteriorada realidad laboral. Además, Hacienda optó nuevamente por la inflación pasada en su propuesta, lo que rigidiza el mercado laboral en términos de precios, según comentaron varios economistas contactados por PAUTA.
La porfiada realidad
La propuesta del Ejecutivo tiene dos fases. Para el período entre septiembre de 2020 y marzo de 2021 se apunta a un alza nominal de 0,4% (0% real), lo que implica llevar los actuales $320.500 mensuales a $322 mil. Luego, entre marzo y septiembre de 2021 se sumaría la variación que registre el IPC entre septiembre de 2020 y febrero 2021. En las proyecciones de Hacienda esto implicaría 1,2% adicional, lo que llevaría la cifra a casi $326 mil mensuales.
Un marco para evaluar ese avance es lo que está pasando con el resto de los salarios en la economía. Según los datos del INE para el mes de julio, las remuneraciones reales crecieron apenas 0,3% en los últimos doce meses, pero en lo que va del año acumulan una variación de -0,1%.
El estancamiento que registran los salarios responde a la contracción de la actividad, que retrocedió 14% en el primer semestre y que debería cerrar el año con una merma de entre 4% y 5%. En este escenario, comentó un experto laboral, los trabajadores prefieren aceptar rebajas en sus rentas que perder sus fuentes laborales.
Garantía “invisible”
Esta es la primera vez que el reajuste del salario mínimo se realiza contando ya con un “piso” de apoyo para los más vulnerables. En mayo pasado entró en vigencia el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), un subsidio que apoya a quienes reciben menos de $384 mil brutos mensuales, asegurando $301 mil líquidos en el caso de quienes reciban salarios equivalentes al mínimo legal. Los montos van variando de acuerdo con el ingreso.
La subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, explicó que si bien este subsidio ha servido de apoyo a quienes han visto caer sus remuneraciones durante la pandemia, es parte “de la agenda social más de mediano plazo, que busca complementar los ingresos del trabajo de quienes ganan menos sin perjudicar su oportunidad de encontrar empleo”. Añadió que, además, cualquier trabajador que reciba este complemento no lo pierde si se acoge a la Ley de Protección al Empleo.
Según los datos oficiales, el último pago de este subsidió llegó a casi 260 mil trabajadores, en su mayoría mujeres. La cifra está muy por debajo de los 668 mil beneficiarios estimados en enero en el último Informe Financiero de la iniciativa, lo que según economistas puede deberse en parte a la destrucción de empleos en la pandemia, ya que para recibir este aporte es esencial estar contratado.
Con la propuesta de reajuste del Gobierno los trabajadores no cambian de tramo; por ende, siguen percibiendo el mismo beneficio final en términos líquidos. Hasta ahora, este apoyo no se ha visibilizado en el debate.
¿Desorden en el Gobierno?
Como se trata de un debate sensible, la coordinación dentro del Gobierno debe ser estrecha. Pero no es lo que se ha visto.
En la votación del proyecto en la Comisión de Trabajo no participaron los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; ni del Trabajo, María José Zaldívar, lo que generó críticas opositoras. Tras el rechazo en esa instancia, se consultó sobre la oferta del Gobierno a otros miembros del gabinete, como el titular de Economía Lucas Palacios, pero su defensa también despertó reproches.
Ministro de Economía, Lucas Palacios, sobre salario mínimo: “Si hay una persona que vive sola y que gana $320 mil le puede alcanzar sin problemas” https://t.co/asGtA8DlHI pic.twitter.com/i1IorBKwPh
— Radio ADN (@adnradiochile) September 3, 2020
Horas después fue la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, quien se pronunció sobre el tema afirmando que la frase de su colega “no representa lo que él realmente piensa”, ya que ese monto no cubre las necesidades básicas.