CFA estima que “techo de deuda” debería situarse en torno a 43% del PIB

La entidad técnica avaló que en 2021 el gasto se mantenga alto, pero calcula que en 2022 debe caer 6% real, una meta exigente para el gobierno que asuma ese año.

En su primer año de vida, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha logrado pararse en sus propios pies. Al rendir cuenta ante el Congreso, la entidad liderada por Jorge Desormeaux e integrada por Paula Benavides, Aldo Lema, Jorge Rodríguez y Gonzalo Sanhueza delineó la difícil ruta que se viene en materia fiscal, con escenarios hasta 2070.

También planteó fortalecer su institucionalidad para cumplir mejor su rol: por ejemplo, accediendo a los sistemas de información en línea existentes en la Dirección de Presupuestos (Dipres) y reforzando su equipo, para elaborar proyecciones macroeconómicas y fiscales, junto con estimar el costo de las políticas públicas.

Comprometió un próximo informe sobre el gasto ejecutado en las medidas de contingencia asociadas al Covid. Y planteó que si bien en 2021 el mayor gasto público (y el desvío de la trayectoria fiscal previamente comprometida) se justifica por la crisis, es fundamental que esa alza sea transitoria y seguida por un proceso de consolidación que reduzca y estabilice la deuda pública.

Apretar el cinturón

Ese camino no se ve fácil. Según estimaciones de Dipres, con la caída de ingresos y el aumento del gasto que exige la crisis sanitaria este año, la deuda pública bruta debería llegar a 34,8% del PIB y a 39,6% en 2021.

Siguiendo lo acordado el 14 de junio entre el Gobierno y parte de la oposición, el estímulo no se retira abruptamente ante las necesidades de la reactivación, pero se pone como meta estabilizar la deuda bruta en torno al 45% del PIB a mediano plazo.

Si definir cómo gastar los US$ 12 mil millones del fondo Covid no ha sido fácil, lo extremadamente difícil vendrá para el nuevo gobierno que asuma en 2022, cuando corresponda eliminar ese mayor gasto transitorio. En los cálculos del CFA, el “apriete de cinturón” para mantener la deuda en 45% del PIB es exigente: revertir el significativo impulso fiscal 2020-2021 exige reducir en 6,1% real el gasto en 2022 y en 0,6% en 2023, para luego estabilizar su crecimiento en torno a 1,5% promedio en los cinco años siguientes.

“No planteamos que este es el equilibrio óptimo”, dijo la consejera Paula Benavides, quien precisó que las estimaciones corresponden al escenario base actual. De acuerdo con las prácticas internacionales, se asume una continuidad en materia economica y fiscal, agregó.

Si esta convergencia no se realiza, las estimaciones tanto de Dipres como del CFA muestran que la deuda pública podría llegar “a niveles que afectarían negativamente el crecimiento y comprometerían el desarrollo futuro del país”. Pero hay alternativas: si no se avanza en reducir el crecimiento del gasto público, el CFA plantea que “ese esfuerzo puede ser atenuado mediante una mayor recaudación fiscal, la que puede tener su origen a través de un mayor crecimiento económico y/o un aumento de la carga tributaria”.

Techo de deuda

En vista de las complejas decisiones futuras y la necesidad de mejorar el monitoreo de la situación fiscal, el CFA ha sugerido complementar la Regla de Balance Estructural con un “techo de deuda” o límite máximo que, de traspasarse, podría generar que el país cayera en default.

Los cálculos preliminares con el escenario actual sugieren que el nivel prudente de deuda neta (deuda menos activos del Fisco, entre ellos los fondos soberanos) debiera situarse entre 13% y 34% del PIB, con 25% como punto medio. Como referencia, en términos de deuda bruta (que es el indicador que emplean las agencias calificadoras de riesgos y los organismos internacionales), estas cifras equivalen a un rango entre 31% y 52% del PIB, con 43% como punto medio.

Otro factor en que el CFA estima necesario avanzar es en fijar “cláusulas de escape” que permitan a los gobiernos incumplir sus compromisos fiscales como ha ocurrido primero con el estallido social y luego con la crisis sanitaria.