Más autonomía, mismos recursos: el sigiloso ingreso del proyecto de rentas regionales

Sin ceremonia ni anuncio: así llegó al Senado la esperada iniciativa que debería dar poder a los futuros gobernadores regionales.

Casi un año después del compromiso original, debido al retraso que generó tanto el estallido social como la pandemia, el Gobierno ingresó el esperado proyecto de ley de rentas regionales, la pieza que faltaba para empoderar a los futuros gobernadores regionales electos.

A pesar de su importancia política, la iniciativa que fortalece la descentralización financiera de los gobiernos regionales llegó al Congreso sin ceremonia de firma ni anuncio. Los senadores que participaban en la sesión del 30 de septiembre se vieron sorprendidos cuando se dio cuenta del ingreso de este nuevo proyecto, que tiene urgencia simple y será visto por la Comisión de Hacienda.

Si bien la propuesta avanza en una mayor autonomía presupuestaria, criterios objetivos de distribución y normas que resguardan la responsabilidad fiscal, está lejos de satisfacer las demandas que se habían levantado desde las regiones y las bancadas regionalistas de senadores y diputados, de integración transversal. Entre otras razones, porque no se consideran recursos frescos, solo una redistribución diferente de los ya existentes; tampoco se avanza en nuevas fuentes de recaudación a nivel regional, como plantearon parlamentarios en el debate tributario reciente.

Mayor autonomía

Hoy los gobiernos regionales (GORE) solicitan recursos al Gobierno central para operar, cuyos montos son aprobados por el Congreso en el Presupuesto. Este proyecto busca cambiar esa lógica: el Congreso deberá aprobar sumas globales que los GORE podrán asignar con mayor autonomía. Y los recursos que se les envían se distruibuirán bajo criterios objetivos.

La Ley de Presupuestos contemplará anualmente recursos para solventar los gastos de funcionamiento (personal y gastos de operación) y de inversión de los GORE. El gobernador regional elaborará una propuesta de distribución del presupuesto regional y también un proyecto de presupuesto para inversión, que deberá incluir una programación financiera para los tres años subsiguientes. Ambas fórmulas deberán ser aprobadas por el consejo regional.

Se establecen dos normas para evitar que se dispare la burocracia. El gasto en remuneraciones no podrá exceder el 75% de los recursos destinados a operación, salvo casos justificados en que podría llegar hasta 80%. Y en el presupuesto de inversión, el gasto corriente (sueldos e insumos) no podrá exceder del 7% del total.

Otra restricción apunta a evitar que los compromisos financieros de los GORE puedan desbalancear las cuentas fiscales nacionales: no podrán contraer deudas que excedan los marcos presupuestarios autorizados por Hacienda.

En cuanto a mayor flexibilidad, podrán retener los saldos presupuestarios  siempre que engrosen su presupuesto de inversión. Esta podía ser una fuente relevante de recursos, ya que en el actual proceso de reintegro de recursos no ejecutados, los GORE suman más de US$ 85 millones. Además, podrán financiar proyectos de inversión propios para su funcionamiento por un máximo de 1% de ese presupuesto, siempre que no sean gastos permanentes.

Mismos recursos, nuevos fondos

El Ejecutivo no pone nuevos recursos sobre la mesa, sino que asigna de forma diferente los ya existentes; por lo tanto, este cambio no se traduce en mayor gasto fiscal. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) mantiene su objetivo y presupuesto, pero se incrementa de 90% a 95% los recursos de distribución directa. Se crean dos nuevos fondos que emplearán el 5% restante y otras provisiones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional que hoy se destinan a emergencias y apoyar a territorios más rezagados.

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El nuevo fondo de equidad interregional buscará disminuir brechas de desarrollo y se distribuirá entre los GORE según diferencias de ingreso y pobreza multidimensional. Al menos 40% de estos recursos deben destinarse a localidades rezagadas en materia social y zonas extremas. También se crea un fondo de apoyo a la contingencia regional, destinado a financiar gastos asociados con emergencias y necesidades contingentes.