Economía

Uno de cada cuatro beneficiados por el Bono Clase Media no cumplía los requisitos

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El director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza. Crédito: Agencia Uno
POR Marcela Gómez |

437 mil trabajadores dependientes lo recibieron de manera irregular. De ellos, 37 mil son trabajadores estatales. “Cometieron un delito”, dicen en la Segpres.

Fue una medida puesta en marcha con celeridad, pero desde su inicio generó dudas y reclamos entre quienes postularon. Ahora el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que 437.703 trabajadores dependientes recibieron el Bono Clase Media de $500 mil sin cumplir los requisitos, de los cuales 37.100 son funcionarios públicos. Los pagos involucran US$ 256 millones.

El problema surge luego que una fiscalización del ente tributario detectara que los ingresos de estos contribuyentes no se vieron disminuidos en 30% o más en julio respecto del promedio de ingresos totales de 2019. Se trata del principal requisito habilitante para acceder al beneficio, que formó parte del plan de apoyo a la clase media que también buscó evitar la aprobación del retiro de parte de los fondos desde las AFP.

Al 25 de septiembre se han pagado 1.663.503 bonos, según informa el Ministerio de Hacienda, lo que implica que el 26% de los pagos cursados no cumplió los requisitos.

Aunque el organismo contactará a quienes se encuentren en esta situación para instar a devolver los dineros, lo que si se concreta antes del 30 de noviembre está exento de intereses y multas, rápidamente la Fiscalía anunció que abrirá una investigación por eventual fraude.

Funcionarios públicos

En relación con los funcionarios públicos involucrados, lo más complejo es que es patente que no han visto reducidas sus remuneraciones durante la pandemia. 

Sobre el tema, el Ministerio de Hacienda informó que envió “a las carteras pertinentes y otros órganos autónomos del Estado la información aportada por el SII, de forma tal que se lleven a cabo los procedimientos administrativos que correspondan”.

Abogados que conocen el tema comentaron a PAUTA que debido a las normas de probidad que rigen en la administración del Estado, si los sumarios definen que hubo intención de defraudar, la sanción podría conducir a la destitución. Incluso si esto no ocurre, pero son condenados en sede penal por fraude, se trata de una causal que también conduciría a la destitución.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, estimó que lo ocurrido revela errores en el diseño y en la implementación del beneficio que son responsabilidad de las autoridades.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg, dijo que los funcionarios públicos “con sueldo y trabajo estable” que pidieron este bono “literalmente se pasaron de rosca, cometieron un delito”. Y advirtió que esos recursos deben devolverse o habrá sanciones.


Problemas de arrastre

En su comunicado, Hacienda también precisó que los antecedentes del caso fueron enviados a la Contraloría General de la República, organismo que a fines de agosto inició una auditoría por disponibilidad de los sistemas utilizados para postular al Bono Clase Media, incumplimiento en fecha de pago y depósito en cuentas no informadas por beneficiarios.

Todavía no se conocen los resultados de la indagatoria, pero tanto el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, como el director del SII, Fernando Barraza, tuvieron que explicar en su momento en el Congreso los problemas y complicaciones que existían en el proceso de postulaciones a este aporte.

De hecho, la ley que habilitó la transferencia se despachó del Congreso el 30 de julio y la plataforma de postulaciones estuvo disponible el 1 de agosto, pero en los primeros días su funcionamiento arrojó errores que fueron reconocidos por el propio ministro.