Chile enfrenta el primer recorte de su nota soberana por la crisis social y la pandemia
Desde el mercado se espera que tanto S&P como Moody’s también rebajen la clasificación soberana, tras el alza de la deuda y la incertidumbre sobre la reactivación económica.
La combinación del efecto económico de la crisis social iniciada en octubre de 2019 y la pandemia terminó por pasarle la cuenta a Chile: siete meses después de que cambiara la perspectiva de la nota soberana de estable a negativa, la agencia Fitch Ratings rebajó de A a A- la clasificación de la deuda.
En el mercado y en el Gobierno el anuncio no sorprendió, habida cuenta de la debilidad de la economía, el fuerte aumento del gasto público y la incertidumbre existente sobre una recuperación económica que sea sostenible para estabilizar las cuentas públicas.
En privado, analistas comentaron que como es habitual que las tres agencias clasificadoras “se mueven juntas”, lo esperable es que la decisión de Fitch sea replicada por Standard & Poor’s (S&P, que rebajó la perspectiva de deuda el pasado 27 de abril) y de Moody’s (que lo hizo el 25 de agosto). Así ocurrió en julio de 2017, cuando S&P recortó la nota de Chile: Fitch tomó la misma medida en agosto de ese año y Moody’s la concretó en julio de 2018.
Tras explicar la combinación de menores ingresos y más gasto que ha minado las cuentas fiscales, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, enfatizó que “con todo sigue estando muy arriba en el mundo emergente y eso es una buena noticia; pero la parte negativa, naturalmente, es que con la baja en la clasificación de riesgo las tasas de interés y las primas de riesgo tienden a subir no sólo para el Fisco, sino que para la economía como un todo”.
Complejo escenario
Hacienda también informó que con la nueva nota, que tiene perspectiva de “estable”, Chile comparte la clasificación de A- con España, Letonia, Malasia y Polonia. El ministro insistió en la necesidad de que el mayor gasto transitorio debido a la pandemia, que se mantendrá en 2021, se retire en 2022 y se hagan esfuerzos con contener el alza de la deuda tal como se acordó el 14 de junio con parte de la oposición.
Según Fitch, las menores proyecciones de crecimiento, el proceso constitucional y las múltiples elecciones programadas en los dos años próximos “plantean incertidumbres que podrían frenar la inversión y las perspectivas de recuperación económica, y aumentar las presiones para un mayor gasto social”.
La agencia también advirtió que si bien el Gobierno creará una instancia para evaluar la eliminación de exenciones tributarias, que podrían generar más recursos para el Fisco si la próxima administración la implementa, ahora se ha centrado en racionalizar el gasto descartando una nueva eforma tributaria “que probablemente sea necesaria para mejoras estructurales en su último año en el cargo”.