Separar funciones: una fórmula opositora que desintegra el actual modelo de AFP

La economista Paula Benavides explica por qué parte de la oposición propone un nuevo gestor que administre las cuentas y licite la inversión de los fondos. Descarta que esto implique un “manotazo a los ahorros”.

El debate sobre la reforma de pensiones se ha centrado en la cotización extra, pero poco se habla de cambios a la gestión del 10% que desde 1980 viene aportando el trabajador. Existe la idea de que las AFP han perdido legitimidad por las bajas pensiones, pero que ello responde más bien a deficiencias del mercado laboral porque lo han hecho bien rentabilizando los ahorros. Así, podrían requerirse ajustes, como los que propone el Ejecutivo, aunque no un cambio de modelo.

No obstante, en la oposición hay una visión crítica a lo que han hecho las AFP. Y los senadores integrantes de la Comisión de Trabajo están impulsando una propuesta de un nuevo modelo para gestionar el 10%, que fue trabajada por técnicos representativos de la DC, PS y PPD. Esta fórmula no fue parte de la reforma previsional propuesta por la expresidenta Michelle Bachelet ni tampoco de las ideas planteadas por la oposición en la Cámara de Diputados.

De aplicarse, significaría el fin de las AFP como se les conoce hoy.

Resultados de las AFP

Desde diversos sectores de la oposición critican que la industria tiene altas utilidades y el retorno sobre patrimonio (ROE) de los administradores supera en cuatro veces la rentabilidad promedio de los fondos. Ponen como ejemplo lo ocurrido en 2019, cuando las AFP obtuvieron una ganancia de más de US$ 600 millones y las utilidades representaron cerca de un 50% de los ingresos totales. En contraste, la rentabilidad real promedio de los fondos fue de 3,1% entre 2013 y 2018, según informa la OCDE (descargable).

También critican que los costos en que incurren para hacer su trabajo son altos comparados con otros gestores. Los datos para 2019 apuntan a que las siete AFP empleaban 15.803 personas, sumando trabajadores directos y vendedores. En contraste, el administrador del Seguro de Cesantía (AFC) opera con cerca de 740 trabajadores. “El costo anual por afiliado de la AFC fue de $2.780 versus casi $37.000 por afiliado en promedio en las AFP”, dice la economista Paula Benavides, que lidera la referida mesa técnica opositora.

En las comparaciones globales, considerando que al 30 de septiembre del 2020 las AFP administran en total US$ 195 mil millones, siguen teniendo dotaciones superiores al CPP Investments canadiense, que con 1.824 trabajadores gestiona un fondo de alrededor de US$ 300 mil millones; y al ATP Group danés, que con cerca de 3.000 trabajadores paga pensiones y administra activos por US$ 124 mil millones.

La economista explica que casi un tercio de los costos del sistema corresponden a gastos de comercialización y fuerza de ventas. “Al descontarse sobre el salario, una reducción de los costos y comisiones no aumenta directamente la pensión, pero indirectamente restan espacio para los incrementos de cotización que requiere el sistema y se afectan las remuneraciones”, afirma.

Propuesta del Gobierno

Au nque con matices, los sectores opositores también coinciden en criticar lo que ha planteado el Gobierno para introducir mayor competencia en la industria. Apuntan con esto a la propuesta para que bancos, cajas, administradores de fondos y otras entidades financieras creen filiales de giro único para administrar fondos, junto con la creación de AFP sin fines de lucro y que operen como cooperativas.

“Es un esquema que puede llevar a mayores costos en fuerza de ventas y gastos de comercialización, generándose mayores duplicidades de costos en lugar de economías de escala. Al haber múltiples opciones de cambio los retornos pueden verse afectados al requerirse inversiones en activos más líquidos”, advierte Benavides, quien integró el equipo de la reforma previsional de Hacienda durante la segunda administración de Bachelet.

También le preocupa la propuesta del Gobierno de permitir que se ofrezcan rebajas de comisiones por compromisos de permanencia y descuentos a quienes se afilien grupalmente. “Esta estructura dificulta la comparación de precios, puede discriminar a grupos más vulnerables y resta efecto a la licitación de cartera. Por lo tanto, puede deteriorar la competencia”, estima.

Separar funciones

Con este diagnóstico, la propuesta impulsada por los senadores de la Comisión del Trabajo para la gestión del 10% que hoy hacen las AFP es avanzar en una reorganización industrial y regulatoria. Esta tiene como objetivos reducir costos y márgenes de utilidad, junto con elevar la rentabilidad de largo plazo en lugar de competir vía precio.

Para esto proponen separar las funciones que hoy hacen las AFP, que a grandes rasgos se dividen en administración de las cuentas individuales e inversión de los fondos. Paula Benavides explica que la separación de funciones comenzó a discutirse en la Comisión Marcel de 2006, que acordó promoverla como una opción voluntaria. Hoy opera, por ejemplo, en la recaudación con Previred, pero no para un conjunto de otras funciones, como la administración de cuentas.

“Vemos espacios para economías de escala y ganancias de eficiencia, pero la idea además es que al producirse estos ahorros se traspasen a los afiliados en lugar de traducirse en mayores utilidades”, comenta. Añade que la separación de funciones también es parte de las propuestas de Horizontal y del CEP y se ha mencionado entre los temas que estudia el Ejecutivo.

Un segundo gestor público

La propuesta apunta a crear una “centralizadora”: un gestor público que absorba las funciones de recaudación, administración de cuentas, pago y atención de afiliados que hoy realizan las AFP. También podrían licitarse algunas funciones a privados, como ocurre con el ahorro para cesantía y la AFC.

Esta entidad de seguridad social (distinta del consejo o agencia que asumirá la gestión de la cotización adicional de 6%) también licitará las inversiones de los fondos ahorrados en las AFP y los aportes de este tipo que se sigan recaudando a futuro. Esto significa que las AFP, tal son hoy, dejarían de existir. Pero podrían participar en la gestión de las inversiones de los fondos, donde tienen ventajas debido a su expertise.

“Aunque este es un tema que debe afinarse con más datos, creo que en esas licitaciones debería seleccionarse un número reducido de gestores de inversión, considerando carteras de referencia que busquen rentabilidad de largo plazo”, explica Benavides. Añade que las personas podrían elegir el gestor de su preferencia, pero estos “no sabrán de quiénes son los fondos que están administrando, lo que evita todos los problemas de comercialización y también reduce la necesidad de enfocarse en activos más líquidos, lo que limita los retornos”.

Sobre el riesgo de un “manotazo a los fondos a ‘la argentina'” que han planteado algunos actores, aludiendo a la ley que en 2008 autorizó el traspaso al Estado de los ahorros existentes en las AFP de ese país, la economista descarta temores. “Hay que ser claros en que no se afecta en nada la propiedad de los fondos en las cuentas individuales de los afiliados. Lo que se hace es cambiar la forma en que se organiza la industria que los gestiona, para que sea más eficiente y orientada al largo plazo”, concluye.