Controvertido hasta el final: así quedó el Presupuesto 2021

Se consensuó una fórmula para superar las diferencias entre Gobierno y oposición por medio de más recursos sobre la mesa. La oficina GPS y la fundación Salvador Allende despertaron nuevas polémicas.

Cuando se cumplían 59 de los 60 días que establece la Constitución para que el Congreso despache el Presupuesto, finalmente se acordó una fórmula para salvar las últimas diferencias y el Erario para 2021 fue despachado tras el acuerdo de ambas Salas del Congreso. Quedó aprobado por mayoría de 122 diputados y 28 senadores.

La inusual sesión doble del sábado cierra un mes altamente complejo para Hacienda y el ministro Ignacio Briones, que sufrió embates tanto en respaldo político dentro del oficialismo como a ojos de la ciudadanía.

La sensación de fragilidad pareció disiparse luego de que el Gobierno definiera un camino propio para el segundo retiro de fondos previsionales -lo que ha galvanizado al oficialismo- y Briones se allanara a un acuerdo en el Presupuesto, al reactivar el Ingreso Familiar de Emergencia para comunas en cuarentena (“algo que nos pidió Chile Vamos”, reconoció) y a un bono Navidad.

En la suma y resta, los parlamentarios coincideron en que el debate partió con grandes discrepancias, que los acuerdos demoraron mucho pero que se logró mejorar sustantivamente el Presupuesto. En el balance, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) destacó que fue clave “el marco fiscal acordado el 14 de junio, que le puso bordes al gasto. Sin ese acuerdo, hubiera sido muy difícil llegar a acuerdo en el Presupuesto”.

Acuerdos y fondos

El Gobierno bautizó este erario como “del empleo y la reactivación”, pero finalmente lo que más resuena son los temas en conflicto en estos dos meses y que fueron zanjados en la recta final del debate: aumentar los recursos para la atención de salud primaria y reponer -aunque sea parcialmente- los fondos para educación superior, ciencias y cultura.

“El Gobiero zanjó estos temas a última hora y escondió la pelota todo el tiempo. Eso demoró el debate. Pero menos mal que estamos terminando bien”, comentó el senador José Miguel Insulza (PS).

La distribuciónde los US$ 73.200 millones propuesta por el Ejecutivo sufrió varios ajustes, que en lo medular implicaron atender la demanda de la oposición de rebajar los recursos provistos en el Tesoro Público para asignarlos a ítems que habían registrado recortes.

En lo central persistió la estructura planteada por el Gobierno. Un ejemplo es la creación de cinco fondos para atender prioridades, cuyos recursos provienen de ahorros, de las priorizaciones logradas por el ejercicio de Presupuesto Base Cero y de las evaluaciones de programas.

Se trata de recursos para comprar vacunas (US$ 200 millones), pymes e innovación (US$ 200 millones), listas de espera en salud (US$ 150 millones), cultura (US$ 20 millones) y salud mental (US$ 13 millones). Los cinco fondos se mantienen, pero en el caso de cultura e innovación parte de sus fondos fueron traspasados desde el Tesoro a las partidas, reconociéndolos específicamente como gasto.

Otros ajustes a la propuesta inicial apuntaron a incorporar condicionantes y mayor transparencia respecto de cómo gastar. Así, se impusieron diversas restricciones a los gastos del Fondo de Emergencia Transitorio Covid por US$ 12 mil millones, junto con una mayor rendición de cuentas. Entre estos figura el listado de las inversiones públicas que se ejecutarán y de los subsidios a la contratación, con un balance parcial en abril para este último tema. No por nada los recursos para la cartera de Obras Públicas crecen 30%, y 25% los de Trabajo.

Además, se acordó crear un Registro Final de Proveedores para identificar a los dueños finales de las empresas. En el caso del Estado, la fórmula se incluirá en el proyecto de ley que moderniza las compras públicas; para el ámbito privado se pedirá un informe a la OCDE.

El último traspié

Cuando todos valoraban el diálogo que permitió arribar a acuerdo y superar los momentos de controversia,  en el Senado surgieron dos temas que generaron molestia.

La senadora Isabel Allende (PS) lamentó que se dejara sin presupuesto a la Fundación Salvador Allende, lo que dijo es un trato desigual respecto de las entidades que resguardan el legado de otros expresidentes, que sí tienen recursos. El titular de Hacienda explicó que ese tema específico no fue planteado en la Comisión Mixta (que dirimió las discrepancias entre Senado y Cámara) y que siempre existe la opción de los fondos concursables.

Esto generó la molestia de otros senadores socialistas como Carlos Montes, quien dijo que él personalmente había planteado el punto, y de Alvaro Elizalde, quien advirtió una doble ofensa por el recorte y la “pésima explicación” del ministro.

Otra controversia se suscitó cuando el senador Rodrigo Galilea (RN) valoró que finalmente se hubiera repuesto el financiamiento para la oficina GPS del Ministerio de Economía, aunque esos dineros habían sido rechazados en ambas cámaras. Esto levantó la alertas del senador Alfonso de Urresti (PS), quien pidió explicaciones. El ministro Briones precisó que esa unidad es parte de “una política de Estado, no de gobierno”, que hace un trabajo serio acompañando los proyectos de inversión y que hubiera sido “mala señal” haberla privado de recursos.