Identificar a los dueños finales de las empresas: urgencia a paso lento

En el Presupuesto se acordó avanzar en crear un registro de “beneficiarios finales”. Los expertos lo estiman clave para evitar abusos y delitos, pero critican la lentitud del proceso.

Un avance que deja gusto a poco. Así se puede resumir lo ocurrido con la propuesta para crear un registro de dueños finales de las empresas. ¿Por qué es necesario? Simplemente porque hay mallas societarias complejas y grupos empresariales integrados por muchas firmas distintas, pero que tienen los mismos controladores. Ese dato no se conoce en su totalidad, ya que las exigencias varían para distintos tipos de sociedades.

“Tener esta información evita conflictos de intereses, prácticas anticompetitivas y lavado de dinero – entre otros fenómenos negativos-, no solo en las compras públicas, sino que en todas las transferencias de recursos que el Estado realiza en favor de personas jurídicas”, explica el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Enrique Rajevic.

En el debate del Presupuesto 2021 la ambición de algunos senadores de oposición era comprometer su creación, pero solo se logró garantizar un mecanismo de este tipo para quienes contraten con el Estado en el proyecto que modernizará la ley de Compras Públicas. Para el mundo privado, se acordó solicitar un informe a la OCDE en el primer trimestre de 2021.

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A paso lento

“Estamos comprometidos con esta idea, desde hace meses que venimos trabajando en ella. Pero tenemos que hacerlo bien. La Ley de Presupuestos no es el lugar para legislar sobre esto”, planteó en una entrevista con radio La Clave el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Añadió que ya se tomó contacto con la OCDE para abordar el tema. “No es un debate zanjado afuera”, afirmó.

Los expertos creen que ya es hora de concretar y que la vía propuesta por el Ejecutivo ralentiza el proceso. “Si repasamos los acuerdos de la Ley de Presupuestos de años anteriores, encontraremos muchos temas relevantes donde no se han registrado avances”, advierte Rajevic. El abogado destaca los esfuerzos del Observatorio Fiscal en materia de información sobre proveedores del Estado.

La directora de este organismo, Jeannette Von Wolfersdorf, recuerda que en la discusión del Erario un grupo de senadores de oposición propuso un artículo que hubiera obligado a enviar un proyecto de ley para crear este registro. “Era un avance concreto pero fue rechazado por el Ejecutivo”, dice.

Agrega que es “complejo de entender” que se pida un informe a la OCDE, porque ese organismo ya tiene un conjunto de recomendaciones para ir implementando estos registros.

La propuesta local

La economista y otros expertos destacan también la propuesta de creación de un Registro de Beneficiarios Final (dueños de las empresas), elaborada por una mesa intersectorial que lidera la Unidad de Análisis Financiero (UAF) e integrada por ChileCompra, Servicio de Impuestos Internos (SII), Chile Transparente y Observatorio Fiscal. Los tres primeros organismos dependen de Hacienda, por lo que esta iniciativa es respaldada por esa cartera.

Esta propuesta apunta a todas las personas jurídicas constituidas en Chile. aunque enfatiza la importancia de tener esta información para proveedores del Estado y firmas que reciben subsidios, exenciones tributarias y otros beneficios fiscales. La fórmula, que fue sometida a consulta pública y cuyo informe final se está por difundir, siguió los lineamientos de la OCDE y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La consulta pública se realizó en septiembre y la respondieron 51 personas. De esa muestra -escasa considerando que el sondeo era abierto y estuvo disponible durante 15 días hábiles-, la mayoría declaró su satisfacción con la creación de un Registro de Beneficiario Final y se manifestó de acuerdo con sanciones penales contra quienes efectúen declaraciones falsas sobre esos sujetos. De quienes contestaron, 40 reconocieron al menos haber leído la propuesta para crear tal registro. Puede ver los resultados de esta consulta AQUÍ.

A partir de las definiciones de GAFI, la UAF enmarca el concepto de beneficiario final de esta manera:

“Toda persona natural, nacional o extranjera, domiciliada o no en Chile, con una titularidad real, de forma directa o indirecta, del 10% o más del capital social de una persona jurídica constituida en Chile”.

Esta propuesta apunta a todas las personas jurídicas constituidas en Chile. aunque enfatiza la importancia de tener esta información para proveedores del Estado y firmas que reciben subsidios, exenciones tributarias y otros beneficios fiscales.

“Más que pedir que la OCDE recomiende algo, hagámonos cargo de la propuesta que ya fue elaborada para Chile y veamos cómo se concreta en leyes. No se entiende este retraso”, insiste Von Wolfersdorf.

Seguir el estándar

En el debate presupuestario, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) fue uno de los promotores de avanzar en el registro de dueños de empresas. “No estamos inventando nada nuevo: esta es una directriz que viene dándose hace años en los países OCDE. Esto se implementó en Europa con el objeto de evitar el lavado de activos, la evasión y elusión tributaria. En la región Panamá, Costa Rica y Uruguay ya se han adoptado esta política pública”, comenta.

El parlamentario espera que el Gobierno analice las propuestas existentes. Sostiene que se debe ir más allá de las empresas que son proveedoras del Estado, incorporando también otros casos como la entrega de subsidios o cambios de regulaciones, por ejemplo.

“Es bueno saber si hay intereses creados. Una opción es que exista una instancia que pueda hacer control de calidad sobre este registro al alero del mercado público; sin embargo necesitamos una institución que pueda fiscalizar y aplicar sanciones”, detalla.

Libre competencia

En materia de libre competencia, contar con registros públicos de dueños finales es central: “Permiten bajar las asimetrías de información, permitiendo a competidores y al Estado conocer quienes están efectivamente contratando, no solo en el sector público, sino que en cualquier mercado”, explica la profesora de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Catalina Medel.

La también investigadora del Centro de Regulación y Competencia (Regcom) añade que, de este modo, las empresas participantes de un mercado pueden saber quién es su competencia real (especialmente relevante para las pymes) y el Estado detectar si los procesos de compras públicas están funcionando de manera competitiva, evitar la concentración del mercado y crear reglas que incentiven la competencia.

Aunque valora que el tema se haya abordado en el debate presupuestario, cree necesario avanzar prontamente a una regulación propia, que puede guirase por los estándares que ya ha establecido la OCDE.  A su juicio, que este registro esté disponible en forma pública “puede ayudar a reconstruir confianzas tan indispensables hoy en día”.

En el informe final sobre el mercado de compras públicas, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) estima necesario que en las licitaciones que realiza el Estado se prohíba la presentación de más de una oferta por parte del mismo proveedor o grupo empresarial o, que de permitirse, prime solamente el precio. El organismo pro competencia admite que para implementar esta medida “es necesario poder detectar el grupo empresarial”, para lo cual recomienda crear un registro como el propuesto por el conjunto de entidades lideradas por la UAF.