Lo bueno y las dudas de los cambios al empleo público que propone Hacienda

¿Indemnizaciones por años de servicio? ¿Crear la figura de “asesores de gobierno”? Los expertos piden explicitar el modelo y los costos fiscales de las medidas.

Hay políticas de gran importancia que terminan postergándose por su complejidad, intereses creados y razones presupuestarias. Aquellos asociados a la modernización del Estado sufren este sino. Más aun: nunca parece ser el momento para transformar el empleo público.

Ahora Hacienda dio un paso significativo al poner en consulta una propuesta de reforma al empleo público centrada en las 420 mil funcionarios del gobierno central (ministerios y servicios), el 65% de los cuales se mantiene por años a honorarios o en modalidad de contrata. La idea es recibir comentarios hasta el 28 de enero, los que servirán de base para un futuro proyecto de ley. 

“Es positivo que se haga una consulta pública sobre el diagnóstico del Gobierno”, opina el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, Enrique Paris Horvitz. El también exjefe de asesores de Hacienda estima conveniente “socializarlo con las asociaciones de los funcionarios que deben ser parte de esta discusión, sin perjuicio de su resistencia a cambios que muchas veces relacionan con riesgos de precarización de sus empleos”.

Por qué cambiar

“Este es un tema en que hay amplio consenso técnico desde hace años, hay propuestas acordadas por cuatro centro de estudios. Pero el Ejecutivo y el Congreso han eludido enfrentar esto”, afirma el profesor de derecho administrativo de la Universidad de Chile Luis Cordero. Recuerda que el número de funcionarios a contrata y honorarios ha ido creciendo mediante glosas aprobadas en la leyes de presupuesto, y que también se han autorizado asignaciones particulares a diversos servicios al margen de la escala única de remuneraciones. 

El también investigador de Espacio Público comenta que hoy la mayoría del empleo público “está en una situación precaria, lo que afecta a los propios trabajadores y permite que un universo altísimo de cargos puedan ser dispuestos por quienes llegan al gobierno. Ha habido mucha judicialización. La Contraloría y la Corte Suprema han ido definiendo ciertos límites y derechos”.

Aunque valora que Hacienda presente una propuesta, el abogado cree conveniente que se explicite cuál es el modelo de administración que se propone para que se oriente de mejor modo esta discusión.

“Creo que los funcionarios públicos deben ingresar al Estado (y no a un servicio o ministerio) y hacer carrera con movilidad horizontal dentro de Estado. Hay un set de posiciones que son útiles en cualquier organismo: compras, finanzas, control de legalidad, por ejemplo. Esto tiene sentido si el Servicio Civil, como se propone, se transforma en el gran responsable del reclutamiento y gestión en todo el Estado”, sostiene.

Nuevo tipo de empleo

La propuesta considera sustituir el trabajo a contrata y a honorarios cuando cumplan funciones permanentes (que en total suman unos 270 mil trabajadores) por un nuevo tipo de empleo estable, al que se accede por mérito y en forma competitiva mediante procesos regulados por el Servicio Civil.

La economista y directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, estima que es un avance en la búsqueda de “equilibrar flexibilidad para contratar y despedir con la necesaria estabilidad ante cada cambio de gobierno”.

La también integrante del Consejo de Alta Dirección Pública cree que se debiera establecer una sola categoría de empleado público, que sume a trabajadores a contrata, honorarios y planta. “No pareciera justificarse que existan dos categorías con regulaciones distintas. La propuesta no parece impulsar modificaciones a aquellos de planta, que son prácticamente inamovibles”, precisa.

Despido con indemnización

Una de las novedades de la propuesta es el despido con indemnización para el nuevo empleo que se crea. Enrique Paris plantea que la fórmula no es clara sobre si la desvinculación estará sujeta a ciertas condiciones o dependerá únicamente de la decisión del jefe de servicio. “No puede convertirse en un mecanismo para mayores desvinculaciones cuando se produzcan cambios de gobierno, justificadas ahora con el pago de indemnizaciones”, advierte.

Añade que el efecto fiscal de esta idea se desconoce, tampoco si se asociarán a la antigüedad y años servidos. “En ocasiones, buenas ideas se estrellan contra las restricciones fiscales y nos obligan a buscar una segunda mejor”, plantea. 

Luis Cordero comenta que con muchas ideas “siempre terminamos en el mismo lugar: cuánto cuesta”. Pero enfatiza que hoy “estamos en el peor de los mundos, porque ante la falta de regulación cuando son desvinculados los funcionarios a contrata o honorarios acuden a tribunales, que en muchos casos terminan condenando al Estado en millones de pesos”.

A su juicio, lo que no puede pasar “es que se otorgue este contrato con indemnización y venga un jefe de servicio que despida a todos. Hay que resguardar la estabilidad de la función pública”.

Equipo de confianza

La fórmula de Hacienda también crea otra categoría de empleo: los “asesores de gobierno”. Bettina Horst explica que de este modo “se sincera algo que sucede en la práctica: que cuando llega una nueva autoridad a un ministerio o servicio, forma un mini gabinete con su equipo de confianza”.

Agrega que la idea limita el gasto en este tipo de personal, acotando este tipo de contrataciones y dejando explícito que estas personas deberán renunciar junto con su jefatura.”Entiendo que no tendrían derecho a indemnización, ya que no entraron a hacer carrera en el sector público sino a apoyar una determinada gestión de gobierno”, dice.

Enrique Paris estima que esta propuesta es un avance. “En los últimos años ha tomado fuerza la idea de separar el empleo asociado a las funciones propias y permanentes de la administración pública, de aquel que corresponde al personal de confianza técnica y política de las autoridades de gobierno”, sostiene.

Carrera y teletrabajo

Bettina Horst destaca otras dos ideas planteadas por Hacienda. Primero, la posibilidad de “movilidad horizontal” para los funcionarios. “Ellos hoy entran a un servicio, hacen carrera ahí y es difícil que puedan cambiarse a otro. Al promoverse las opciones de movilidad entre instituciones, se amplían sus horizontes y capacidades de progreso”, dice.

Segundo, una propuesta que es parte del acuerdo fiscal del 14 de junio: avanzar en el teletrabajo en el sector público, done hoy solo 11 servicios tienen autorizado su uso. “En la pandemia el sector el privado rápidamente se movió al trabajo a distancia y se adecuó la legislación, pero en el sector público se trabaja en el marco de dictámenes de la Contraloría. Regular el teletrabajo abre enormes posibilidades”, expresa.