Economía

Impuesto negativo al ingreso y renta básica universal: las fórmulas que entran al debate

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Agencia Uno
POR Marcela Gómez |

Las propuestas han sido impulsadas por varios premios Nobel de Economía para reducir la pobreza y sustituir burocracia.

Son ideas que vienen promoviendo economistas y académicos para reducir la desigualdad de ingresos, enfrentar la creciente automatización del empleo y hacer más eficiente el gasto público. Con el retroceso de décadas que la pandemia ha implicado en materia laboral, la renta básica universal (RBU) y el impuesto negativo al ingreso han cobrado nuevamente vigencia.

Este último ha logrado cierta visibilidad luego que en su Informe sobre Chile, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lo propusiera como una de las herramientas que deberían adoptarse para garantizar “que todos los hogares y todas las personas recibieran una prestación básica”.

Por su parte, la RBU fue propuesta por la precandidata presidencial del PS, Paula Narváez, como una de la ideas que baraja para su programa.

¿Son fórmulas excluyentes o complementarias? Nuestro subsidio al ingreso mínimo ¿podría ser considerado una fórmula “a la chilena” del impuesto negativo al ingreso? ¿Puede clasificarse al ingreso familiar de emergencia entregado durante la pandemia -y ahora a zonas en cuarentena- como una suerte de experimento de RBU?

Para quienes trabajan

En simple, el impuesto negativo al ingreso implica que cuando declaran sus rentas anuales, el Estado les cobra impuestos a las personas que superan cierto umbral de ingresos, pero a quienes no alcanzan ese límite les entrega un subsidio por la diferencia.

Este cálculo no se realiza sobre las rentas totales, sino solo sobre aquellas provenientes del trabajo. Si la persona carece de ingresos, recibe el total del subsidio; pero como éste complementa la renta termina recibiendo más recursos, lo que mantiene el incentivo a trabajar. Y como se usa la estructura tributaria, no requiere burocracia adicional.

El impuesto negativo al ingreso toma forma en los años sesenta de la mano de los premios Nobel Milton Friedman (fundador de la Escuela de Chicago) y James Tobin. En España, por ejemplo, beneficia a trabajadoras con hijos u otras personas a su cargo. Estados Unidos lo adoptó para trabajadores de bajas rentas y el aporte se eleva si tienen hijos, en caso de discapacidad y otras condiciones. 

El asesor tributario externo del Ministerio de Hacienda, Claudio Agostini, es uno de los firmes partidarios de esta herramienta.

Una investigación del Centro de Estudios Públicos de 2017 (uno de cuyo autores es el actual coordinador de Política Sociales de Hacienda, Andrés Hernando), detalla que el instrumento es “eficaz para atacar la desigualdad, promueve la inserción laboral y su formalización, disminuye la pobreza y reduce el estigma asociado a ser beneficiario de programas sociales”.  

El texto estima que si se transfirieran US$ 5 mil millones anuales, el coeficiente de Gini (el indicador que mide la desigualdad de ingresos) “caería entre 4,7 y 6,1 puntos; una reducción mayor a toda la observada entre 1990 y 2015”. Como referencia, en 2020 el Fisco desembolsó US$ 6.200 millones en transferencias a hogares y personas para apoyarlos en la pandemia.

Transferencia universal

Aunque también apunta a reducir la desigualdad y sustituir programas sociales por una transferencia única, la RBU (también conocido como IBU, ingreso básico universal) propone pagar un monto fijo a todas las personas, sin requisitos de acceso ni obligación de uso.

Entre sus principales promotores figuran los Premio Nobel de Economía 2019, Abhijit Banerjee y Esther Dufflo, quienes han dedicado su carrera a levantar evidencia sobre qué políticas sirven para reducir la pobreza. Así, llegaron a la idea base: son las propias personas quienes saben mejor que nadie qué necesitan para mejorar su calidad de vida, por lo que ningún programa social podrá tener tanto efecto como que ellos puedan tener recursos y elegir.

Aunque ha habido diversos análisis y experimentos acotados sobre RBU en distintos países, incluyendo los pagos anuales que Alaska hace a todos sus habitantes asociados a los ingresos por petróleo, el más extenso y documentado aún está en curso y se desarrolla con cerca de 20 mil personas en Kenia.

Por qué es acertado dar dinero a todos en vez de focalizar -y cómo esto se facilita (y abarata) mediante pagos digitales-, son parte de los hallazgos que resumen Banerjee y sus coautores. Además, la crisis económica generada por el coronavirus permitió observar qué ocurre cuando las transferencias deben masificarse ante un evento inesperado. 

Un punto en que coinciden la RBU y el impuesto negativo al ingreso es en su apuesta a reemplazar un conjunto de programas sociales, muchas veces atomizados y poco coordinados entre sí. En Chile esta dispersión es invisible, pero puede ser dramática. Según la información que presentó la Dirección de Presupuestos en la discusión del Erario 20201, hay un amplio conjunto de programas que tienen los mismos objetivos, pero son desarrollados por servicios diferentes; entre ellos 44 destinados a apoyar la creación y desarrollo de emprendimientos y empresas; 15 a enfrentar las bajas tasas innovación empresarial y nueve a abordar la baja empleabilidad.