“Mala política”: la mirada transversal entre técnicos a la idea de Lavín de retirar fondos de cesantía

Los economistas prefieren ampliar los beneficios y reducir requisitos de acceso al seguro de cesantía.

En forma transversal, distintos técnicos expertos en seguridad social criticaron la idea del alcalde de Las Condes y precandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, de sustituir un eventual tercer retiro desde las AFP por uno desde los fondos existentes en el seguro de cesantía. Desde el Gobierno no le cerraron formalmente la puerta, aunque el ministro vocero Jaime Bellolio insistió en que los fondos de pensiones y de cesantía existen para enfrentar esos eventos y que este último además se está usando para la Ley de Protección al Empleo.

La fórmula, planteada por el alcalde en una entrevista con Canal 13, busca entregar un mínimo de $400 mil y un máximo de $1 millón a los afiliados al seguro, entidad que acumula recursos por US$ 12 mil millones. De esta forma, dijo, se solucionaría el problema de quienes ya no tienen ahorros en sus cuentas de las AFP. Y si tampoco les queda nada en su cuenta del seguro, retiran desde el fondo solidario existente, añadió.

¿Por qué surge esta propuesta? Un factor clave es el conservador diseño del seguro, que se traduce en una acumulación de recursos que prácticamente no se ve afectada por el fuerte aumento de los giros en la pandemia. En total los fondos de cesantía tenían a diciembre de 2020 un patrimonio de US$ 12 mil millones, al sumar US$ 8,6 mil millones existentes en las cuentas individuales de quienes cotizan y US$ 3,7 mil millones del fondo solidario. En diciembre de 2019 la suma total es similar, aunque en las cuentas había US$ 8,3 mil millones y en el fondo US$ 4,2 mil millones.

En la UDI, Lavín encontró apoyo de su competidora interna, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. “El fondo de cesantía perfectamente puede ser utilizado y sería un alivio para las personas hoy día”, comentó la otra precandidata. Según contó, el propio Gobierno habría estado evaluando una medida como esta.

“Ciertamente, las prestaciones podrían ser de mejor cuantía dada la acumulación de recursos”, había advertido públicamente el experto en seguridad social y expresidente de la Comisión de Usuarios del Seguro Cesantía Hugo Cifuentes. El especialista estimó que a 20 años de creada esta entidad de seguridad social debían revisarse sus reglas “tanto en ampliación de cobertura, mejora de las prestaciones, condiciones de sostenibilidad e integración adecuada del componente de intermediación y capacitación”. 

Una mala idea

Entre los economistas que se han enfocado en temas laborales y previsionales, la propuesta de Lavín despertó rechazo.

La economista Paula Benavides, que coordinó la propuesta opositora en pensiones, recordó que el objetivo de las cuentas de cesantía no es financiar retiros sino que prestaciones ante la pérdida del empleo. “Las propuestas deberían apuntar a fortalecer la protección que entrega este seguro y no a debilitarlo. En este sentido, luego de un año de enfrentar una de las crisis más profundas de los últimos 100 años, los niveles globales de los fondos de cesantía se han mantenido sin mayores variaciones, lo que indica que se deberían estudiar los requisitos de acceso, el monto de las prestaciones y su duración”.

Por otra parte, la integrante del Consejo Consultivo Previsional y académica de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, consideró que cualquier alternativa “que signifique retirar ahorros que tienen fines muy necesarios, como son las pensiones o los eventos de cesantía, es una muy mala política”.

A su juicio, hay quienes necesitan apoyos en la pandemia y lo razonable es que reciban ayuda del Estado. “No todas las personas han perdido su trabajo ni están enfrentando caídas de ingresos, pero cuando se establecen políticas de retiro se ayuda a quienes más tienen y a quienes no necesitan hoy esos recursos”, planteó. Estimó que esto es un “tremendo daño al desarrollo futuro y un gran costo para las futuras generaciones”.

El economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile Juan Bravo, especialista en temas laborales, agregó que si bien hemos vivido “una crisis brutal en materia laboral”, los fondos de cesantía se mantienen saludables, lo que debiera llevar a ajustar los parámetros ya sea para “reducir la tasa de cotización o ser más generoso con los beneficios”

Comentó que la propuesta de Lavín se traduce en un retiro mínimo de los fondos del seguro en torno a US$ 5.700 millones, lo que podría implicar reducir a la mitad el stock actual si todos retiraran el mínimo. Pero advirtió que el fondo solidario tiene US$ 3.600 millones y el resto está todo en las cuentas individuales, y que como la ley establece que el máximo monto que se puede retirar del fondo solidario es 20% si se excede, los beneficios deben reducirse proporcionalmente para asegurar su sustentabilidad y poder pagar las obligaciones comprometidas. Así, dice, dada la magnitud de la propuesta “necesariamente tendría que haber un aporte fiscal para evitar reducciones de beneficios a quienes efectivamente están en una situación de desempleo o de suspensión de su contrato”

Las cifras del seguro

Gestionado por la AFC (una sociedad integrada por las AFP Provida, Capital, Cuprum y Planvital) y fiscalizado por la Superintendencia de Pensiones, según los últimos datos disponibles el seguro de cesantía tiene 4,6 millones de cotizantes, que se descomponen en 2,8 millones de hombres (con remuneraciones promedio de $ 921 mil mensuales) y 1,8 millones de mujeres con rentas promedio de $760 mil mensuales.

El grueso de los cotizantes (3,5 millones) tienen contratos de trabajo indefinidos, a los que se suman poco más de un millón de trabajadores con contratos a plazo fijo o por obra determinada. Desde octubre de 2020, la ley habilitó la cobertura para trabajadoras de casa particular, sumando a 127.086 trabajadoras. Esta es la única categoría donde las mujeres son mayoría.

Ante un evento de cesantía, la regla general dispone que los trabajadores reciben primero beneficios con cargo a los fondos existentes en sus cuentas y luego, si estos son insuficientes, opera el fondo solidario.

La propuesta de Lavín apunta a los 10,4 millones de afiliados al seguro. De ese total, poco más de dos millones (20%) no tiene saldo en sus cuentas individuales y otros cuatro millones (38%) posee menos de $100 mil. En el siguiente tramo, entre  $100 mil y $500 mil, hay dos millones de personas. Es decir, casi el 80% de los afiliados tiene menos de $500 mil. En los tramos siguientes baja el número de personas: 800 mil con saldos entre $500 mil y un millón de pesos; un millón y medio de personas tiene menos de $10 millones.