El Gobierno debe decidir si ir al TC tras avance de royalty a las ventas mineras

Tras la aprobación en general, la iniciativa entra a la discusión en particular aunque la Cámara de Diputados aún no resuelve su admisibilidad.

El proyecto de ley que busca establecer un impuesto de 3% a las ventas de cobre y litio (distinto del royalty actual, que grava las utilidades), superó su primera y decisiva valla. Los 91 votos que respaldaron la idea de legislar en la Sala de la Cámara permiten a los autores de la iniciativa, aún cuando quede mucho para eso, anticipar la futura ley ya que el texto ahora será revisado en particular en la Comision de Minería.

Con todo, ya que solo el Ejecutivo puede crear o modificar tributos, el avance del proyecto depende de que el Gobierno concrete lo anunciado y presente un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), tal como lo hizo en noviembre pasado ante el segundo retiro de fondos desde las AFP.

¿Lo hará esta vez? El precedente es confuso. Para el primer retiro lo anunció varias veces, pero no lo concretó, lo que se explica en que la idea pudo avanzar gracias a los votos de parlamentarios oficialistas. Para el segundo retiro sí lo hizo y el TC le dio la razón, pero no le sirvió de nada, porque debido a las mismas razones terminó presentando su propia fórmula de retiro.

En la votación del nuevo royalty, 12 diputados (ocho de RN y cuatro de la UDI aprobaron la idea de legislar. Además, otros 15  se abstuvieron, aunque la mayoría del oficialismo se concentró en los 36 votos en contra. Esto puede poner un signo de duda sobre cómo esos diputados evalúan esta propuesta, luego que desde la oposición han llamado “al patriotismo”, a la continuidad de una “demanda histórica”, a evitar que “nuestra riqueza se vaya al extranjero” y a crear un fondo de compensación que financie los daños del “modelo extractivista”. 

“No puedo estar a favor de un proyecto que no va a recaudar un peso debido a la invariabilidad tributaria que tienen las mineras. Tenemos que revisar la carga tributaria de minería, pero hagamos las cosas bien, no para la prensa o las redes sociales”, resumió el diputado Francisco Eguiguren (RN), quien terminó votando en contra.

El problema de inconstitucionalidad fue refrendado en el debate en la Sala de la Cámara por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien además insistió en que el royalty vigente permite que los ingresos fiscales aumenten cuando sube el precio del cobre.

Admisibilidad pendiente

El proyecto nunca habla de impuesto o royalty, sino de una compensación que deberá destinarse en un 50% a un fondo que financie proyectos de desarrollo regional y comunal; y la otra parte a financiar medidas de reparación o mitigación de los impactos ambientales de la actividad minera.

El texto fue presentado en septiembre de 2018 por diez diputados opositores liderados por Esteban Velásquez (FRVS), pero su trámite se ha concentrado en este mes de marzo. De hecho, ya que en su momento la Sala de la Cámara no logró el cuórum necesario para ratificar la inadmisibilidad del proyecto, se solicitó un pronunciamiento de la Comisión de Constitución, el que aun está pendiente según señala la información oficial de la Cámara.

“Se debe entender que en ningún caso estamos hablando de un impuesto, sino de un derecho”, comentó Velásquez tras la votación. Y agregó que la defensa de recursos que son de todos los chilenos es un “acto de justicia que vela por las presentes y futuras generaciones”.

Chile en el mercado mundial

El biministro Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, apuntó al retroceso que ha registrado Chile en materia minera, que se agravaría con un nuevo impuesto que volvería menos competitiva a la industria.

Explicó que entre 1990 y 2004 “triplicamos la producción de cobre, pero entre ese año y 2020 seguimos produciendo lo mismo (en torno a 5,6 millones de tonelads de cobre fino), aunque la demanda mundial ha seguido subiendo”.

Si bien Chile sigue siendo el principal productor mundial de cobre, ha venido perdiendo participación (desde 36% del mercado en 2005 a 28% ahora), lo que se suma al hecho que las leyes del mineral han venido cayendo y costos de producción han subido.

En el caso del litio, Jobet dijo que entre 40-45% del precio lo recauda el Estado a través de los contratos de Corfo con las empresas que lo explotan y los impuestos que estas pagan. “Este porcentaje es más alto que en Argentina, Australia y que en cualquier otro país productor de litio”, aseguró.

Y añadió que aunque la demanda proyectada de litio aumentará en años que vienen, “si Chile no es capaz de aumentar su producción, va a seguir perdiendo participación en el mercado mundial. Podemos pasar del 37% que teníamos en 2016 a 17% en 2030 si no atraemos más inversión”.