El caos legislativo con que inicia el debate del tercer retiro previsional

Media docena de iniciativas que buscan lo mismo, pero son muy distintas. El Gobierno muestra con datos su impacto.

“¿Vamos a hacer un punto político o vamos a sortear el Tribunal Constitucional con un proyecto inteligente y con argumentos inteligentes?”

Esa fue la pregunta que hizo ante la Comisión de Constitución el diputado Matías Walker (DC) en medio de la discusión sobre el tercer retiro del 10% previsional. El proyecto va sí o sí. De hecho, hay cinco iniciativas tramitándose que tienen una misma idea matriz, pero difieren en el contenido que refiere al universo de beneficiarios, al plazo de vigencia de la medida y, fundamentalmente, al mecanismo legislativo mediante el cual se haría efectivo el retiro de los fondos. 

Esa ensalada es el problema. Algunos piden un bono de reconocimiento para compensar los montos retirados; otros piden que se integren a los afiliados al sistema de rentas vitalicias; otros usan la cuestionada reforma transitoria que se empleó en el primer retiro y se intentó infructuosamente en el segundo; y otros proponen una reforma permanente al texto de la Constitución. Era tal el caos, que la ministra del Trabajo aclaró que no estaban de acuerdo con ningún retiro, pero desistió de dar su opinión hasta no tener el texto final.

¿Y cuál será el texto final? El debate se vislumbra complejo, pues dentro de la comisión hay partidarios de quitar “los colgajos” para que resulte un texto simple y poco objetable por el Gobierno y el Tribunal Constitucional. Y hay quienes defienden la idea de dejar esos extras, como el bono de reconocimiento, por “principios”, como sostuvo la diputada del FRVS, Alejandra Sepúlveda.

La búsqueda de la fórmula

“Si esperamos distintos resultados, debemos actuar distinto”, dijo el diputado Jorge Durán (RN), autor de uno de los proyectos que se presentaron esta tarde en la comisión.

Claro, un grupo de diputados del PPD, DC y PS, encabezado por Raúl Soto (PPD), presentaron una iniciativa que busca el retiro desde las AFP, pero no a través de una disposición transitoria, sino mediante una reforma permanente a la Constitución. El proyecto que modifica el artículo 19 numeral 18 de la Carta Magna y le agrega un inciso que dice así: “Toda persona afiliada a un sistema previsional de capitalización individual, cuyo financiamiento provenga de cotizaciones obligatorias, tendrá derecho realizar, por única vez y de forma voluntaria, un retiro por hasta el diez por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual”. 

Durán hizo algo similar, pero habla de un retiro con montos “desde cinco ingresos mínimos mensuales hasta un máximo de 150 UF, de su cuenta de capitalización individual, mientras exista el estado de catástrofe por calamidad pública decretada por la autoridad como consecuencia de existir una pandemia en el país”. 

Aquello se hace cargo de la objeción del TC a la utilización de la disposición transitoria para legislar esas temáticas. Pero no dice nada sobre la iniciativa exclusiva del Presidente en cuanto a materias de seguridad social o que impliquen gasto fiscal. A eso van a apelar desde el Ejecutivo, cuyos ministros ya han dicho, más de una vez, que irían al Tribunal Constitucional si se aprobaba otro retiro de fondos. Además, un problema: una reforma permanente necesita un cuórum de dos tercios de los parlamentarios; las disposiciones transitorias, solo 3/5.

Hay una sexta iniciativa, también del diputado Soto. En esa, que es su “carta bajo la manga”, según él mismo dice, propondrá una modificación a la disposición transitoria que permitió el primer retiro del 10%. 

Los colgajos

Buena parte de la sesión se dedicó a debatir sobre la fusión de los proyectos y en cómo encontrar la fórmula “que pase todos los test de constitucionalidad”, según dijo Walker. La diputada Pamela Jiles (PH) y él eran partidarios de reducir al máximo el texto, que fuera simple, sin “colgajos”, sin rentas vitalicias, sin bono de reconocimiento y sin bono de 500 mil pesos para los afiliados al sistema de pensiones antiguo, como propone el texto de Karim Bianchi (IND).

Ahí hubo diferencias. La diputada Sepúlveda acusó a Jiles de solo querer “aparecer” promocionando el proyecto, y dijo que ella defiende sus “principios” y que por lo tanto no puede aceptar que el Estado no se hago cargo de esas necesidades durante la pandemia. Sepúlveda planteó que se niega a eliminar el bono de reconocimiento en la comisión, y prefiere que “si vamos a perder, perdamos en la Sala, pero no nos demos el lujo de sacar las cosas y perder aquí”.

La única resolución a la que llegaron fue fusionar los proyectos que usaban la disposición transitoria por un lado; y por el otro, los que utilizaban la reforma permanente a la Constitución.

Los números de la Superintendencia de Pensiones

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, no estuvo durante la discusión, pues se retiró ofuscado luego de que el diputado René Saffirio (Ind.) lo acusara de “mentir” sobre la interpretación del proyecto de ley de garantías de la niñez, que aún no es despachado del Congreso. Quien sí estuvo fue la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, que reiteró que como Gobierno no están de acuerdo con ningún retiro de fondos, pero que las diferencias entre los proyectos eran tantas que no podía dar su opinión hasta no conocer el texto final. Y repitió que lo que se estaba intentando legislar allí era de exclusiva iniciativa presidencial.

A quien sí dejó hablando fue al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías. El funcionario hizo una extensa presentación sobre los efectos de un tercer retiro y en concreto de cada una de las alternativas que se están evaluando en estos momentos en la comisión.

Algunos números que entregó Macías: un bono de reconocimiento le costaría al Estado US$ 4.800 millones solo en el primer año de vigencia de una ley como esa; el bono de $500 mil a los afiliados del sistema anterior costaría US$ 415 millones.

En cuanto a las pensiones, caerían en promedio 28,5%; 4,9 millones de chilenos y chilenas no tendrían ningún saldo restante en sus cuentas, y las mujeres serían las más perjudicadas. Por ejemplo, las mujeres que retiraran por tercera vez sus fondos a menos de cinco años de jubilarse tendrían una merma en sus pensiones de casi un 25%.

La sesión de la próxima semana será de audiencias nuevamente. Luego los diputados votarán en general. La expectativa que tiene el presidente de la comisión, Marcos Ilabaca (PS), es que pueda pasar a Sala recién después de las elecciones de abril.