En la comparación, los expertos se inclinan por el proyecto de retiro del Gobierno

Los especialistas valoran varias medidas de la fórmula del Ejecutivo, como el reintegro y la fórmula para rentas vitalicias. Advierten sobre el encarecimiento de la contratación.

Si se trata de comparar, los expertos encuentran más componentes valiosos en el proyecto de retiro previsional anunciado por el Ejecutivo que en la reforma constitucional despachada por el Congreso. Sin embargo, las comparaciones aún son parciales, ya que falta aclarar varios puntos que solo se conocerán cuando el texto del Ejecutivo ingrese al Congreso.

Mientras ello ocurre, los ministros salieron a entregar más detalles sobre la iniciativa, entre ellos que la propuesta da plazo para retirar fondos hasta el 31 de diciembre y que el mecanismo de reintegro (mediante una cotización adicional de 2% de la remuneración del trabajador) es parte del alza de 6% ya propuesta en la reforma de pensiones. Es decir, ocupa cuatro puntos porcentuales de lo que ya está en ese proyecto. El alza de 1% de cargo del empleador y 1% aportado por el Estado comenzaría en enero, una vez concluido el plazo para retirar, según han adelantado las autoridades.

Lo positivo

“Es un mejor proyecto que el ya aprobado”, sostiene el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (UDP), Juan Bravo. En ese juicio pesa la existencia de “mecanismos para restituir fondos para una porción importante de las personas, que puede frenar de alguna manera parte del daño causado en las pensiones. Eso va en el sentido correcto”. Precisamente el reintegro de fondos es uno de los temas que destacó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en entrevista con PAUTA.

El punto también fue valorado por Leonardo Hernández, académico de la Facultad de Economía y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El también investigador de Clapes UC recordó que cuando se comenzó a discutir el primer retiro de fondos desde las AFP, “la mayoría de los técnicos opinamos que tenía que ser un autopréstamo; que las personas que sacaban recursos de sus cuentas tenían que reintegrarlos de alguna manera”. 

Los economistas también resaltan como algo positivo el “bono saldo cero”. Así se conoce al aporte de $200 mil en la cuenta de capitalización de la AFP a todos quienes hayan quedado sin saldos debido a los retiros, aunque luego hayan retomado saldos positivos al cotizar. “Contribuye a apoyar a los sectores más necesitados, porque quienes se quedaron sin fondos son, en promedio, personas más vulnerables. Tiene la ventaja de su simpleza, que llega rápido a las personas”, afirma Bravo.

Hernández estima que es una medida mejor focalizada. “No me preocupa tanto que haya gente joven que se gastó los ahorros de sus cuentas, porque tienen muchos años por delante para seguir ahorrando. El problema es quienes están más cerca de jubilar y los grupos más pobres con poco ahorro. Esta medida es una ayuda para ellos, sin duda”, dice.

¿Ganan las AFP?

El economista de la Universidad de Chile Miguel Lorca -exasesor de Hacienda- coincide en las ventajas de la propuesta del Gobieno. Estima “que sería un buen gesto para comenzar a bajar la tensión política y social, mejorar el nivel de la discusión y avanzar hacia acuerdos transversales”. 

Respecto a la restitución de fondos que es lo más controversial, es una medida mejorable pero que va en la dirección correcta. “Dicha plata iría a cuentas individuales y no a los bolsillos de las AFP, beneficiando principalmente a las pensiones futuras”, afirma. Añade que si bien las AFP deberían aumentar el monto del encaje dado el mayor ahorro en cuentas individuales y con esto potencialmente sus ganancias, esto se haría con capital propio y no con recursos de los afiliados.

Respecto al aporte del 1% a cargo del Estado, opina que si bien la forma del gasto puede no ser del todo progresiva, “la medida es mejorable ajustando limites mínimos y máximos o utilizando un aporte parejo para todos. Además, al ser financiado por impuestos generales también importa la progresividad en la recaudación”.

Encarece la contratación

Pero no todo es positivo. El académico UC califica como “un problema” que parte del reintegro de fondos se concrete con un 1% de cotización de cargo del empleador. “Esto encarece la contratación y dificulta la recuperación del empleo formal”, advierte. Agrega que será un “incentivo para la informalidad laboral, que ya es un problema importante. Una razón de por qué las pensiones actuales son bajas es porque hay un segmento importante de personas que trabajando no cotizan”.

Para el experto de la UDP, lo importante es cuándo comienza a aportarse esa cotización adicional. “Si se da ahora, que estamos en segunda ronda de destrucción de empleo debido a las cuarentenas masivas, eso exacerbaría el daño al mercado laboral. Un momento más propicio para hacer esta restitución de fondos es cuando ya haya pasado lo peor en materia laboral, especialmente para micro y pequeñas empresas”, plantea.

No obstante, opina que, independientemente de la oportunidad, las alzas en la cotización siempre se perciben como un impuesto y desincentivan el empleo formal.

El “respiro” en rentas vitalicias

La nueva propuesta del Gobierno para que los pensionados por rentas vitalicias obtengan recursos es simple: los pensionados piden un préstamo a la compañía de seguro por hasta 100 UF ($2,9 millones ); es decir, esos fondos no los pone la aseguradora, sino el Fisco. El dinero entregado lo devuelve luego la compañía, que lo descuenta directamente de la pensión. Aunque aun faltan los detalles, las compañías esperan que esta fórmula sea la que se imponga para evitar disputas y juicios.

El profesor del Instituto de Economía UC y exsuperintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, aclara que lo primero que se debe detallar es que lo que propone el Gobierno “es un mal proyecto, pero lo que pasa es que el proyecto que aprobó el Congreso es peor todavía. Ese es el terreno en que estamos jugando”. Estos “retiros” van incluso a quienes no han perdido sus ingresos, como es el caso de los pensionados, apunta.

“Lo que hace el Gobierno con este préstamo evita los efecto demoledores en derecho de propiedad, en los contratos y los incentivos de las compañías a invertir en activos largos que tiene la reforma constitucional”, dice. Añade que otro modo para entregar recursos sería deshacer inversiones realizadas por las compañías a largo plazo. “Por ejemplo, si el día de mañana se obliga a las compañías a liquidar activos, implica deshacer operaciones; por ejemplo, la compra de un edificio de renta inmobiliaria. Si las aseguradoras están sujetas a estos vaivenes políticos, no se atreverán a invertir en activos que aseguren flujos a largo plazo y optarán por activos más líquidos. Eso desvirtúa todo el sistema”, advierte

PAUTA consultó a la Asociación de Aseguradores sobre este tema, pero no obtuvo respuestas.