Se repite la historia: el cobre permite aumentar el gasto y contener la deuda

El ministro de Hacienda estima en US$ 8.500 millones la recaudación anual por un precio más elevado del metal y el royalty. Parte ya se está gastando en masificar las transferencias a los hogares.

En una sesión animada con preguntas y detalles, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y la directora de Presupuestos, Cristina Torres, informaron a la Comisión de Hacienda del Senado sobre el estado de las cuentas fiscales, los planes de apoyo a las personas y las empresas, y el panorama  económico hacia adelante.

El Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre elevó la proyección de crecimiento para este año de 5% a 6% -el piso de lo que estima el Banco Central-, gracias a un mejor escenario externo, un exitoso proceso de vacunación, a que los sectores no minero y de servicios están volviendo a niveles similares a la época prepandemia, a señales de recuperación de la inversión, la liquidez de los hogares y la bendición de un mejor precio del cobre.

Aunque el empleo sigue rezagado y hay riesgos por delante, la visión de las autoridades, en general, fue optimista.

Bendito cobre

Los mayores precios del cobre en los mercados globales son muy bienvenidos para apuntalar las cuentas fiscales. La proyección para el metal subió a US$ 3,99 la libra y con ello la recaudación de Codelco y la minería privada sumaría US$ 4.000 millones adicionales, llegando a unos US$ 8.500 millones en el año. Esto también considera el efecto del royalty, que recauda más cuando el precio de venta aumenta.

“En un año normal, los mayores ingresos efectivos los hubiéramos ahorrado, pero este año los estamos ocupando de forma bastante intensa”, explicó el ministro Cerda. Sinceró que lo que está haciendo en materia fiscal es ocupar una cláusula de escape, para gastar más. “En algunos momentos hay que escaparse de las metas y tratar de llegar más fuertemente a quiénes lo necesitan. Hoy lo estamos haciendo implícitamente”, admitió.

Más gasto y déficit récord

Cerda recordó que el acuerdo covid de junio 2020 determinó que, en vez de caer, el gasto público se mantendría estable en 2021. “Pero este año se está ampliando el gasto en 9,2% respecto de la ley de Presupuestos aprobada, de modo de sostener las nuevas transferencias que se han aprobado desde febrero, como la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y las ayudas a la clase media, entre otras”, dijo la autoridad.

Este mayor impulso fiscal impacta en el balance estructural, que llegará este año a -6%, el déficit “más grande del que tenemos historia, que muestra lo que estamos haciendo en términos de ayuda y transferencias”, afirmó. 

Pero el cobre no solo ayuda a mayores desembolsos. “Aunque tenemos más gasto en 2021, la deuda se estabiliza en niveles menores que antes [33% del PIB este año]. Una de las razones es que hay algo más de ingresos por cobre que nos permite contener los niveles de deuda”, explica.  En la proyección hacia 2025, la deuda se estabiliza bajo 40% del PIB y existen holguras fiscales que permiten que los próximos gobiernos puedan plantear sus programas. Eso sí, 2022 sigue siendo crítico, porque tiene holguras más estrechas, en torno a US$ 1.200 millones, con una meta de balance estructural de -3,9% desde el -6% proyectado para 2021.

Se masifican las transferencias

Las transferencias fiscales sumaron US$ 6.200 millones entre marzo y diciembre de 2020, pero para 2021 estos montos crecen en forma relevante: la estimación es que los primeros seis meses del año el gasto fiscal en transferencias sumará US$ 9.500 millones. En junio, dijo Cerda, será el momento de recalibrar el gasto, extendiendo las transferencias si la crisis sanitaria no cede o si hay un rebrote; o bien reorientando recursos a medidas para apoyar el empleo y la inversión si existen condiciones para una reapertura segura de la economía.

En ese contexto, anticipó que en los meses que vienen los subsidios al empleo que se están entregando a través de las empresas se verán engrosados por “un subsidio directo a las personas que encuentren un empleo”, lo que operará con un aporte directo al trabajador y otra parte para la empresa que lo contrata. “Pretendemos llegar a 500 mil beneficiarios con un costo fiscal de US$ 255 millones adicionales”, precisó.

Nuevo cálculo de exenciones

En el reporte también se actualizó el gasto tributario, como se conoce al monto de recursos que el Fisco deja de percibir debido a las exenciones y regímenes especiales que benefician a algunos contribuyentes. Este era un componente que faltaba para la decisión del Gobierno sobre si impulsar o no un proyecto para eliminar o reducir las exenciones.

Si bien en 2020 el Servicio de Impuestos Internos (SII) había calculado esa cifra en más de US$ 9.000 millones, esa cifra ahora fue corregida a US$ 5.600 millones y para 2021 se estima en US$ 7.800 millones. La diferencia responde a la nueva metodología aplicada para estimar dicho gasto, que considera las recomendaciones de los informes de la OCDE, el FMI y la comisión de economistas convocados por Hacienda.