Condonar la deuda estudiantil costaría el 67% del gasto en pandemia

Diputados de oposición y la presidenta del Senado, Yasna Provoste, impulsan una reforma constitucional para eliminar la deuda del CAE y Fondo Solidario. Medida exigiría unos US$ 12 mil millones.

Aliviar la deuda estudiantil, especialmente en el caso de quienes financiaron sus estudios superiores con el Crédito con Aval del Estado (CAE), es una bandera que se ha vuelto transversal. En 2017, el entonces candidato presidencial de la Nueva Mayoría, senador Alejandro Guillier, propuso la condonación inmediata para el 40% de los deudores del CAE más vulnerables, y el resto en un plazo de 10 años. En junio de 2020, fue el entonces presidente de Renovación Nacional y hoy precandidato presidencial, Mario Desbordes, quien solicitó al Gobierno impulsar la condonación del CAE.

Ahora la estrategia política en torno a esta demanda da un nuevo paso. Luego de usar el expediente de la reforma constitucional para impulsar retiros desde las AFP y crear impuestos (como es el caso del royalty y el tributo para altos patrimonios), la fórmula se replicará con un nuevo fin: fijar un plazo de tres meses para que el Presidente de la República envíe un proyecto de ley “que establezca un mecanismo que extinga la totalidad de las deudas contraídas por los estudiantes para financiar su educación superior”.

Así lo establece la reforma constitucional presentada por el diputado y candidato presidencial del Partido Liberal y del colectivo Nuevo Trato, Pablo Vidal. La propuesta fue respaldada por la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), y los diputados Matías Walker (DC), Camila Vallejos (PC), Camila Rojas (Comunes), Leonardo Soto (PS), Andrea Parra (PPD) y Marcela Hernando (PR).

El grupo, organizado como “Bancada por la Condonación Universal”, plantea que la medida beneficiaría a un millón de personas y sus familias, que de este modo podrían “dejar atrás un historial de deuda e intereses usureros provenientes de estos créditos”.

Tras destacar que recientemente el Senado aprobó legislar con miras a que la deuda del CAE se trate “con una lógica distinta”, Provoste precisó que la reforma constitucional “apunta a mirar el conjunto de la deuda educativa, no solo el CAE sino también el Fondo Solidario [de Crédito Universitario]“. Este último mecanismo solo está disponible para estudiantes de universidades acreditadas que integren el Consejo de Rectores; mientras el CAE apunta al conjunto de la educación superior: universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y escuelas matrices de las Fuerzas Armadas.

Costos y viabilidad

Así como diversos sectores políticos han estado detrás de la idea de condonar el CAE, ministros de Hacienda de gobiernos de diferente signo han advertido sobre su inviabilidad en razón del enorme costo que representa esa medida.

Ya en 2017, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, estimaba en tres puntos del PIB la suma de la deuda CAE. En 2020, entrevistado por PAUTA, el entonces ministro y hoy precandidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, dijo que, debido a su costo, condonar esas deudas “no es una posibilidad real”. En junio de 2020, Clapes UC estimó en US$ 8.400 millones la condonación del CAE, considerando 937 mil alumnos ya egresados como los que estaban estudiando en ese momento; estimaron imposible discriminar entre actuales y futuros deudores.

Pero como la reforma constitucional que presentó la oposición no abarca solo el CAE sino también a quienes financiaron estudios mediante el Fondo Solidario, el cálculo más cercano es el que formuló en 2017 el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre (PPD). “Son US$ 8 mil millones de deuda CAE y US$ 4 mil millones de deuda del Fondo Solidario, son US$ 12 mil millones”, sostuvo en radio La Clave.

A modo de referencia, US$ 12 mil millones es el monto acordado para el fondo Covid que financiaría la inédita expansión del gasto público entre 2020 y 2021, al que el Presidente Sebastián Piñera le sumó US$ 6 mil millons adicionales.

Financiar esa medida implicaría, por ejemplo, destinar los US$ 8.500 millones que el Gobierno proyecta recaudar este año gracias al mayor precio del cobre y el royalty (y aún quedaría corto). El total supera incluso los US$ 9.500 millones que se proyecta gastar en transferencias a las familias el primer semestre de este año.