Por qué mejorar el CAE parece hoy tan inviable como condonar esa deuda

Tanto este Gobierno como el anterior propusieron mejoras al Crédito con Aval del Estado, pero el sistema político parece incapaz de procesarlas. ¿Está estigmatizada esta política?

La desastrosa partida del Transantiago terminó transformando a esa palabra en sinónimo de una política pública deficiente, aunque sigue en vigencia tras sucesivos ajustes y mejoras… e incluso, un cambio de nombre. Algo similar ha ocurrido con la palabra CAE, sigla que alude al Crédito con Aval del Estado para financiar estudios superiores en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

Apenas seis días antes de terminar su segundo mandato, la expresidenta Michelle Bachelet envió al Congreso un proyecto de ley para reemplazar el CAE por otro instrumento, sin bancos, con financiamiento de cargo estatal y con condonación de los saldos que queden tras 10 años de pago.

Una fórmula similar propuso en junio de 2018 el Presidente Sebastián Piñera: nuevo nombre, sin bancos, de cargo fiscal y con límite de pago. Si todos los deudores CAE y nuevos estudiantes que requieran apoyo financiero para estudiar accedieran a ese nuevo sistema, el costo para el Fisco asciende a US$ 7.915 millones.

La iniciativa no ha tenido movimiento desde que ingresó al Senado: ni siquiera se ha votado la idea de legislar y el Gobierno le puso suma urgencia en marzo de 2019, pero no siguió insistiendo. Tampoco hubo avances en la mesa técnica con la oposición sobre financiamiento de la educación superior (incluyendo el CAE), acordada en el debate del Presupuesto 2021. 

En este escenario, avanzar hacia un nuevo mecanismo que reemplace el CAE no parece viable en el corto plazo. Pero cada año nuevos contingentes de jóvenes deben endeudarse para estudiar. 

Condonación, no nuevo sistema

La falta de soluciones ha abierto más espacio a quienes no buscan modificar el sistema de financiamiento estudiantil, sino que se condonen las deudas contraídas. Sucesivos gobiernos han declarado que borrar las deudas estudiantiles (CAE y Fondo Solidario) es inviable debido a la magnitud de los recursos involucrados. En 2017, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, estimó la cifra total en US$ 12 mil millones.

En mayo pasado, diputados opositores presentaron una reforma a la Constitución para obligar al Ejecutivo a enviar un proyecto de ley con un fin: extinguir la totalidad de las deudas contraídas por los estudiantes para financiar su educación superior.

Desde la otra vereda, el candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, propuso eliminar el CAE (sustituyéndolo por un sistema 100% estatal) y condonar las deudas. Su propuesta es eliminar totalmente la deuda de quienes, cuando pidieron el crédito, cumplían los requisitos para acceder a la gratuidad, política que se implementó desde 2016. A los demás, se les condonan intereses y multas.

Esta fórmula exigiría reconstruir la realidad socioeconómica del estudiante y su familia al solicitar el crédito, un proceso inédito, subjetivo y difícil de implementar dado que la elegibilidad del CAE -tanto para estudiantes como para las instituciones educacionales- era distinta a la de la gratuidad. Y lo sigue siendo. ¿Qué pasaría con quienes, con esfuerzo, lograron pagar su crédito? 

Mejorar lo existente

“Creo que se ha estigmatizado al CAE como un mal instrumento, quizás por los defectos que tuvo en el pasado, pero parte importante de ellos han sido subsanados en la actualidad”, afirma el economista de la Universidad de Chile y exasesor de Hacienda, Miguel Lorca. 

A su juicio, si bien el CAE es mejorable en algunos aspectos, comparte parte importante de las virtudes de los principales sistemas de su tipo en el mundo: es contingente al ingreso (se devuelve en cuotas que no superen el 10% del sueldo del egresado), no pide aval, financia toda la carrera, no se paga mientras se estudia, la deuda se ajusta por inflación y un interés acotado (UF + 2%) y se paga sólo por un período determinado (entre 5 y 20 años, dependiendo de la deuda y situación académica) condonándose el saldo insoluto.

Añade que muchos países que no pueden financiar gratuidad emplean estos esquemas, “garantizando o subsidiando créditos que permiten transferir la carga financiera a un futuro de mayores ingresos, considerando los altos retornos de la educación superior”. De este modo, el gasto es financiado en parte por quienes son beneficiarios de la política, alineando incentivos. “No menos importante, estos esquemas de apoyo también se basan en la responsabilidad social, donde la devolución de una parte de los recursos permite beneficiar a nuevos estudiantes”, sostiene el economista.     

También aporta algunos aspectos por mejorar en el sistema vigente. Uno de los más importantes es “aumentar su legitimidad social, lo que podría lograrse en parte eliminando la participación de la banca privada o eliminando cobro de intereses; es decir, que solo sea reajustable por inflación”.

Lorca sostiene que se debe revisar que el mecanismo actual esté alineado con un plan estratégico de formación profesional, dada su menor efectividad en comparación a la gratuidad o becas para fomentar la participación de estudiantes de bajo ingresos. Además, plantea la necesidad de aumentar la recuperación de deuda. “La experiencia internacional muestra mayor nivel de efectividad sin intermediación de privados, por medio del sistema de seguridad social o del sistema tributario”, dice.