Consorcio sube la apuesta: lleva a la Justicia al Presidente y al Congreso

La compañía cuestiona que el adelanto del pago de dineros desde las rentas vitalicias transgrede los derechos de propiedad y de trato igualitario y no discriminatorio.

La Compañía de Seguros de Vida Consorcio interpuso este miércoles 26 de mayo un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la regulación que permitió el adelanto de los pagos de las rentas vitalicias, la modalidad de pensión más masiva del país. En su presentación, la firma apuntó alto: es contra el Presidente de la República, el Senado y la Cámara de Diputados.

“El recurso referido impugna la actuación arbitraria y abiertamente contraria a las garantías  constitucionales consagradas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental y a diversos tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en que incurrieron los recurridos al dictar la Ley N°21.330, que modifica la Carta Fundamental”, dicen los hechos esenciales enviados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tanto por Consorcio como por CN Life. Ambas compañías de seguros de vida son controladas por el Grupo Consorcio.

En concreto, Consorcio cuestiona la legislación que permitió que pensionados o beneficiarios de rentas vitalicias puedan solicitar un adelanto como pago de parte de la reserva técnica que manejan las compañías de seguros de vida. Dichos fondos son los que estas empresas manejan para cumplir con los pagos regulares a sus clientes. Pero se trata de recursos que son de total propiedad de las compañías de seguros y no de los pensionados o beneficiarios, por lo que las firmas acusan una expropiación de estos recursos.

La modificación en las reglas sobre rentas vitalicias está en la misma ley del tercer retiro desde las AFP. Pero a diferencia de lo que sucede con las reservas técnicas de las rentas vitalicias, en el caso de las AFP los fondos sí son de propiedad de los afiliados, ya sea que estén en su tramo de vida activa o pensionados con retiro programado.

Consorcio es una de las compañías de seguros de vida más grandes del país, con casi US$ 10 mil millones en activos. Es la primera firma que centra su acción legal en contra del Presidente de la República y las dos cámaras del Congreso.

Controlada por los grupos Hurtado Vicuña y Fernández León, los directorios de Consorcio Compañía de Seguros de Vida y de CN Life Compañía de Seguros de Vida están conformados por su presidente, Marcos Büchi, y por Jorge Rodríguez Grossi (exministro de Economía y Energía), Juan José Mac-Auliffe, Juan Hurtado Vicuña, Pedro Hurtado Vicuña, Cristián Arnolds Reyes, José Antonio Garcés Silva, Felipe Silva Méndez y Bonifacio Bilbao.

Cuatro estrategias distintas

Hasta ahora, las compañías de seguros de vida han optado por distintas estrategias legales para enfrentrar esta legislación. Mientras tanto, todas han cumplido con los pagos requeridos por sus usuarios.

Un primer grupo, formado por BICE Vida, 4Life y Penta Vida, optó por presentar sendos recursos de ilegalidad en contra de la CMF. Una segunda línea de acción es la que impulsó la estadounidense Ohio, la que optó por activar formalmente el mecanismo de resolución de controversias establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Un tercer tipo fue la de Renta Nacional, que apostó por interponer un recurso de reposición ante la misma CMF.

Y este miércoles 26 de mayo se conocieron dos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El primero es el de Grupo Consorcio. El segundo corresponde a Confuturo -compañía de seguros de vida controlada por ILC, matriz de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción, que a su vez es controladora de PAUTA-, que siguió una línea argumentativa similar, pero sin apuntar explícitamente al Presidente ni al Congreso. Consorcio y Confuturo fueron asesoradas por el estudio de abogados Claro y Cía., que en esta área es liderado por Cristóbal Eyzaguirre.

Conocedores de la estrategia legal de ambas aseguradoras explicaron que la idea de recurrir ante la Justicia obedece a que se han vulnerado derechos originarios, que son los más básicos en un marco constitucional, argumentan. Plantean que en varios casos el Poder Judicial se ha pronunciado sobre la vulneración de tales derechos, por lo que tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como eventualmente la Corte Suprema podrían fallar a favor de estos recursos. En la Suprema, sería la Tercera Sala Constitucional, que preside Sergio Muñoz, la que vería el caso.

Los tres puntos del recurso

De acuerdo con la argumentación legal de Consorcio, la posibilidad de un adelanto del pago de las rentas vitalicias los afecta en tres dimensiones legales. La primera es que infringe el derecho a un trato igualitario o no discriminatorio. “Ello porque se impone a las compañías de seguros de vida el deber de solventar, con sus bienes, una parte del gasto social que corresponde al Estado y a la sociedad en su conjunto proveer, sacrificio que no se ha exigido de ninguna otra persona o grupo”.

En este punto, la compañía de seguros dice que la disposición legal equiparó de manera arbitraria la carga impuesta a las aseguradoras con las de las AFP, “confundiendo y disolviendo elementos esenciales del contrato de renta de vitalicia, al asumir que las primas pagadas por los asegurados permanecerían bajo el dominio de estos, cuando en realidad se trata de fondos que irrevocable gente ingresaron al patrimonio de las respectivas aseguradoras”.

En segundo lugar, transgrede el derecho de propiedad, porque exige una transferencia directa de recursos de la compañía hacia los pensionados, bajo una expectativa de restitución que dependerá de la mayor o menor supervivencia del pensionado o beneficiario. “Ello altera el contenido de contratos de carácter irrevocable válidamente celebrados, que se encuentran vigentes y en ejecución, modificando su esencia y arriesgando su estabilidad”, dice Consorcio.

Y el tercer aspecto es que, a juicio de Consorcio, ningún poder del Estado –”ni siquiera el Poder Constituyente”– opera en el marco de sus atribuciones si lesiona los derechos fundamentales garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales.

Reacciones parlamentarias

Apenas conocida la acción legal de Consorcio hubo reacciones encontradas en el Congreso. “A los diputados que presentaron este proyecto y a los que los apoyaron se les advirtió que esto atentaba absolutamente contra todas las normas internacionales, atentaba contra la Constitución y atentaba contra la ley”, aseguró desde el oficialismo el diputado de la UDI Guillermo Ramírez.

Desde la oposición también hubo reacciones. “Es absolutamente impresentable lo que han planteado algunas aseguradoras de esta demanda que quieren hacer contra la Cámara de Diputados y contra el Estado de Chile”, dijo la diputada del FRVS, Alejandra Sepúlveda. La parlamentaria agregó que a partir de eso van a realizar una comisión investigadora para “chequear” todo lo que está ocurriendo en rentas vitalicias. “Las complicaciones con el cálculo de las pensiones, la reserva técnica, cómo se capta a las personas, el cálculo de la tasa de mortalidad”, enumeró.