CChC: eliminar crédito IVA limitaría el acceso a vivienda a 120 mil familias anuales

El presidente del gremio, Antonio Errázuriz, planteó que una medida así no generaría mayores ingresos fiscales, ya que el Estado tendría que crear mecanismos de compensación para estas personas.

Aunque el Gobierno anunció una fuerte expansión del gasto por US$ 10.790 millones para universalizar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y transferir bonos a las pymes, todavía no ha indicado las fuentes de financiamiento. Pero en el debate sobre los mínimos comunes, el Ejecutivo planteó que para allegar más recursos se podrían revisar algunas exenciones y regímenes especiales; entre ellos, el crédito IVA a la construcción, que podría aportar US$ 660 millones anuales.

Sin referirse directamente a este contexto, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción -entidad controladora de PAUTA-, Antonio Errázuriz, advirtió sobre el impacto de eliminar ese mecanismo. Al intervenir en la Semana de la Construcción, el dirigente gremial alertó sobre lo que calificó como “crisis de acceso a la vivienda”, con 81 mil familias viviendo en campamentos, otras hacinadas o allegadas y las dificultades que tiene un sector de la clase media para acceder a una vivienda.

Afirmó que, en este contexto, cada año casi 70 mil familias -principalmente de grupos vulnerables y emergentes- pueden acceder a una vivienda con el respaldo de tres instrumentos estatales: subsidios habitacionales, exención del pago de IVA por la compraventa de una vivienda, y crédito especial a la construcción. Añadió que otras 50.000 familias, mayoritariamente de clase media, tienen como único apoyo el crédito especial.

“Su eventual eliminación tendría un fuerte impacto en la política habitacional y en los cerca de 120 mil hogares a los que favorece año a año. Y a esto habría que agregar que su eliminación probablemente no genere un aumento de los ingresos fiscales, ya que el Estado tendría que crear mecanismos de compensación para estas mismas familias”, sostuvo Errázuriz.

Inversión y diálogo

El dirigente gremial también reafirmó el compromiso  de la industria en torno a un trabajo público-privado para reactivar la economía y recuperar los empleos perdidos. Destacó que en ello es clave la reanudación de las obras ya en marcha y el plan de infraestructura del Gobierno, que considera una inversión pública de US$ 34.000 millones al año 2022.

Junto con ello, hizo un llamado a cuidar la institucionalidad, invitando a que todos los actores, desde sus respectivas actividades, contribuyan a fortalecer la democracia y el respeto a las normas. “No es con la fuerza que se construye una mejor sociedad”, sostuvo, lamentando que en la macrozona sur del país “no rige el Estado de Derecho” y también los actos de violencia urbana “de grupos radicalizados que no creen en la tolerancia ni en la paz social”.

También criticó algunas actuaciones recientes del Congreso, como el “impulsar proyectos que conlleven gasto público, [que] es una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo”. Dijo que se puede aspirar a una mayor calidad del debate legislativo, “de modo que no se traduzca en iniciativas de escaso impacto o abiertamente dañinas”.

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