Impuestos, pensiones y trabajo: 10 definiciones económicas del programa de Jadue

El candidato presidencial del PC plantea cambiar tramos y tasas para los sueldos de más de $4,6 millones mensuales y aplicar un impuesto permanente al patrimonio.

El candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, lanzó este miércoles 16 de junio su programa de gobierno, titulado “Para un Chile digno, verde, soberano, plurinacional e intercultural, feminista y paritario“.

En este documento de 206 páginas se detallan distintas propuestas en materia económica, que PAUTA consolidó por áreas y presenta a continuación. No se consideró el diagnóstico del candidato,  que en muchos puntos aparece en extenso, sino solo sus planteamientos concretos sobre los temas.

Impuesto a la renta

“En el caso de las grandes empresas, que actualmente están en el sistema semi integrado, proponemos desintegrar el impuesto a la renta, separando el impuesto que paga una empresa de aquel que le corresponde pagar a sus socios y socias una vez que deciden retirar las utilidades”.

“Las pymes mantendrán en lo sustancial su tratamiento y carga tributaria actual ligado a regímenes preferentes”.

“Es necesario incrementar la progresividad del sistema. Proponemos modificar los tramos y tasas de impuesto para aquellos ingresos que superen las 90 UTM mensuales (sobre $4.600.000). Esto incrementará la carga tributaria, únicamente, del 1,5% de los impuestos personales de las y los contribuyentes más ricos. El aumento de la carga tributaria proveniente de las rentas del capital será efectivo tanto para  residentes como para no residentes a efectos tributarios”

Exenciones tributarias

1.- Eliminar la exención de impuesto a las ganancias de capital en instrumentos bursátiles.

2.- Rebajar el beneficio de las 8.000 UF de exención en las ganancias de capital obtenidos en la venta de inmuebles y eliminar el impuesto sustitutivo de 10%. Dichas rentas pagarán impuestos personales como cualquier otra.

3.- Eliminar el régimen de renta presunta. Todos pasarán al régimen general (desintegrado o pyme).

4.- Eliminar la exención del pago de impuesto de primera categoría a los Fondos de Inversión Privados, y revisar la tributación de los Fondos de Inversión Públicos.

5.- Eliminar los beneficios asociados al diésel y los combustibles, tales como su exclusión de la base del IVA y el crédito del diésel para transporte de carga e industrias. Asimismo, aumentar el impuesto específico al diésel, que actualmente es de solamente una cuarta parte del impuesto a las gasolinas, a pesar de que su impacto en términos ambientales es incluso mayor.

6.- Eliminar el crédito especial a empresas constructoras.

7. Limitar beneficios asociados a los DFL2, especialmente respecto a los inmuebles adquiridos antes de 2010.

8. Limitar el uso de pérdidas tributarias como un gasto tributario por un plazo igual a los plazos de prescripción.

9. Gravar, de manera eficiente, fuentes contaminantes a través de una estructura de impuestos verdes que incentive procesos de cambio tecnológico y minimice el traspaso de agentes contaminantes desde fuera del país a través de la sustitución de producción nacional por bienes importados.

Royalty minero

“Aprovecharemos que el 80% de la producción de la gran minería del cobre termina sus contratos de invariabilidad tributaria para reemplazar el actual Impuesto Específico a la Minería (IEM) por un royalty sobre las ventas, que nos permitirá recuperar una proporción significativa de las rentas, manteniendo los incentivos a invertir. En concreto, está política estará caracterizada por los siguientes aspectos:

1.- El royalty tendrá una estructura progresiva. Mientras mayor sea el precio del cobre, la tasa de regalía será mayor. La tasa efectiva será de en torno a 10% para niveles de precio que podemos considerar de largo plazo.

2.- Se introducirán incentivos para que el proceso industrial de refinación generado se desarrolle en Chile, revirtiendo la creciente tendencia a vender el mineral en forma de concentrado.

3.- El royalty vendrá acompañado de un fortalecimiento de las capacidades fiscalizadoras de las instituciones estatales relacionadas, cerrando espacios a evasión y elusión.

4.- Se analizará la implementación de un royalty a la extracción a gran escala de otros recursos naturales”.

Impuestos al patrimonio

“Proponemos la implementación de un impuesto permanente a los patrimonios dirigido a las y los súperricos. En la medida que se encuentren correctamente construidos, los impuestos patrimoniales no afectan la inversión ni a los sectores medios de la población. Este impuesto tendrá las siguientes características:

1.- Se considerará el patrimonio que las y los residentes mantengan tanto en Chile como en el extranjero.

2.- La base imponible del impuesto deberá reconocer todos los activos y pasivos de las y los contribuyentes en base a normas especiales de valoración.

3.- Como medida de control especial para la aplicación de este impuesto, proponemos la existencia de un impuesto de salida (exit tax), que implica gravar el patrimonio de quienes presenten  una solicitud para dejar de ser residentes del país.

4.- Asimismo, realizaremos modificaciones a la ley de herencias y donaciones de forma que este impuesto incremente su aporte al fisco. Además, mejoraremos el sistema de valorización de inmuebles”.

Pensiones

1.- Pensión Básica Universal: “Proponemos que todos y todas las jubiladas tengan un piso de dignidad por medio de una Pensión Básica Universal, igual a un 75% del salario mínimo vigente, que llegue a todo pensionado, de acuerdo a su edad legal de jubilación, e independiente de si es del régimen antiguo o de los nuevos pensionados. Esta pensión será financiada con los ingresos
corrientes del Estado a partir de impuestos generales”.

2.- Sistema de solidaridad intergeneracional: “Este es un sistema basado en cuentas nocionales donde las cotizaciones en cada período de tiempo pagan pensiones de los actuales jubilados y jubiladas, pero además financian un Fondo de Ahorro Colectivo para pagar las pensiones futuras. El Fondo de Ahorro Colectivo, lleva un registro de los aportes realizados por quienes trabajan dando lugar durante la etapa de la jubilación a derechos sobre lo recaudado. Estos valores se incrementan conforme a un rendimiento acordado en un amplio contrato social (habitualmente relacionado con el crecimiento del ingreso per cápita o de la masa salarial)”.

3.- Componente de género: “El cálculo de la pensión poseerá un elemento de reparto de género. Por medio del reparto simple se mejoran las pensiones de las mujeres, pagando 5 años más de  cotizaciones por un lado, cerrando lagunas previsionales y reconocer el trabajo no remunerado en los montos acumulados en las cuentas nocionales. Además, se calcularán las pensiones con tablas de mortalidad sin distinción de género, esto implicaría un aumento de las pensiones de las mujeres en un 50% promedio, igualando para todos los efectos las pensiones recibidas por hombres y mujeres”.

4.- Fondo de capitalización colectiva: “Proponemos crear un fondo que se alimentará de las  cotizaciones corrientes y del rendimiento de sus inversiones para pagar pensiones mediante un Aporte Solidario Complementario. El excedente incrementará a una Reserva Técnica que a futuro, cuando el costo supere a la prima (gastos mayores que ingresos por contribuciones), se utilizarán para cubrir la diferencia. De esta manera, se sortea el problema del envejecimiento de la población. Al ser contributivas, estas alternativas buscan una justicia actuarial (mejor pensión por cumplir obligación de cotizar), pero que también pueden incluir mecanismos para garantizar solidaridad para evitar excluir a muchos que no tienen una trayectoria suficientemente densa de cotizaciones a lo largo de su vida laboral”.

Fin de las AFP

1.- No más AFP en el sistema de pensiones: “Las AFP ya no podrán cobrar cotizaciones, calcular pensiones o pagar las pensiones. Se termina con la cotización obligatoria a las AFP y con las cuentas individuales dentro del sistema de pensiones. En cualquier caso, las y los trabajadores que quieran ahorrar fondos extra para su pensión, podrán contratar un seguro privado en una compañía de seguros, las que en ningún caso podrán acceder a entregar pensiones con los fondos acumulados dentro del nuevo sistema. Con esto se eliminará la modalidad de Retiro Programado, que entrega una pensión decreciente en el tiempo al afiliado, y se entregarán pensiones estables en el tiempo dando seguridad a las y los pensionados, quienes a medida que envejecen tendrán los recursos necesarios para vivir dignamente”.

2.- Inclusión de independientes y por cuenta propia al sistema de seguridad: “Es necesario que la fuerza de trabajo que actualmente no cotiza comience a contribuir a la seguridad social y así puedan ser incluidos entre las y los beneficiarios del sistema contributivo. Esta cotización se incorporaría al Fondo de Ahorro Colectivo en el que las y los trabajadores cotizarán por un ingreso
mínimo mensual”.

3.- Retiro del 100% de las AFP: “Sobre los recursos aposados en cuentas individuales, entendemos que son propiedad de cada afiliada y afiliado y que ante un cambio de sistema debemos respetar sus derechos de propiedad, pero a la vez ofreciéndoles un sistema de seguro social donde puedan voluntariamente incorporar sus recursos ahorrados, para obtener pensiones siempre más altas que las que entrega el actual sistema”.

Salario mínimo

“Impulsaremos un aumento escalonado de manera semestral del salario mínimo en la legislación vigente, para alcanzar, al final del período, un salario mínimo de $567.000 que le permita a las y los trabajadores y sus familias salir de la pobreza. En el mes de abril de 2022 mandaremos este proyecto de reajustes plurianuales, que restablecerá la dignidad del trabajo por medio de sueldos justos”.

Jornadas laborales

“Vamos a impulsar una modificación del código del trabajo para disminuir la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales en el primer año de gobierno, permitiendo que las y los trabajadores puedan desarrollar una vida más plena. De la misma forma, estudiaremos seguir disminuyendo la jornada laboral hasta el estándar de 36 horas semanales, hacia finales de nuestro gobierno, disminuyendo drásticamente las extensas jornadas laborales que hoy vivenciamos en el mundo del trabajo”.

Negociación interempresa

“Proponemos una negociación colectiva ramal, por cada sector y subsector económico, donde los  acuerdos alcanzados se convertirán en estándar para los y las trabajadoras sindicalizadas y las no sindicalizadas, llevando así la cobertura de la negociación colectiva al 100%”.

Reparto de utilidades a trabajadores

“Fomentar la redistribución de las ganancias y la participación política, a través del ejercicio de los derechos colectivos y el diálogo social, para lo que fortaleceremos el proceso de gratificaciones legales, repartiendo el 30% de las utilidades anuales entre los y las trabajadoras”.