Impacto fiscal y regresividad: los costos de una rebaja del impuesto a los combustibles

La Cámara de Diputados discute este proyecto, que tiene un amplio apoyo. Un recorte del 50% implicaría al menos US$ 973 millones de menor recaudación.

Rebajar el impuestos a los combustibles es una idea que tiene amplio apoyo en la Cámara de Diputados: 143 votos tuvo la petición de la UDI de pedir al Presidente Sebastián Piñera otorgar suma urgencia al proyecto que rebaja en 50% el impuesto específico a los combustibles, cuando existan estados de excepción constitucional.

Aunque el Ejecutivo no ha intervenido ni en esta propuesta ni en otras sobre materias tributarias -como en el llamado impuesto a los súper ricos-, eso no impidió que la Sala declarara admisible esta iniciativa. Esto permite que se tramite, pese a que la Constitución vigente faculta solo al Ejecutivo para crear o modificar tributos.

“Lamentablemente el Ejecutivo no se ha hecho cargo. Si bajamos las bencinas o el petróleo, van a bajar también los precios del transporte y de los alimentos”, dijo el autor de la iniciativa, el diputado Álvaro Carter (independiente, ex UDI) en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde se revisa el texto. Allí, se advirtió que la propuesta podría no tener destino: primero, porque en una semana vence el Estado de Excepción Constitucional que la haría posible; y segundo, porque diversas demandas complejizan su avance.

Un ejemplo: al intervenir en el debate, el presidente de Conapyme y del gremio de los taxis colectivos, Héctor Sandoval, respaldó la idea, pero pidió eliminar el reintegro del impuesto a los combustibles que beneficia a la minería y transporte aéreo y de carga; que la rebaja apunte a quienes realizan una actividad económica y que “no sea para los ‘piratas’ ni para salir de paseo”.

Además, el proyecto presenta varias falencias que dificultarían su aplicación práctica. Algunas de ellas fueron planteadas por el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, quien dijo que no es claro si se propone rebajar solo el componente fijo del tributo a los combustibles (impuesto específico) o su parte variable. Esto último, aclaró, ya que el Mecanismo de Estabilización de Precios (MEPCO) opera como un adicional que aumenta o rebaja la tasa del impuesto específico de acuerdo con la variación semanal de los precios internacionales de los combustibles.

Barraza estimó que si la rebaja de 50% se aplica solo sobre el componente base, implicaría unos $730 mil millones (US$ 973 millones) de menor recaudación, la que se elevaría a $890 mil millones (US$ 1.186 millones) si se calcula también sobre el factor variable.

¿Quién se beneficia?

Los cálculos del académico de la Universidad de Chile y experto en transportes, Alejandro Tirachini, entregaron mayor claridad sobre los impactos de la propuesta. “La premisa del proyecto es que esta rebaja es una medida de apoyo a familias de menores ingresos y de clase media, pero esa premisa no se sostiene”, afirmó, basado en un conjunto de modelaciones sobre cómo operaría el recorte.

De partida, dijo que el menor impuesto “no llegaría completo al consumidor, porque las distribuidoras no están obligadas a traspasarlo al precio”. Apuntó a que evidencia de Alemania muestra que las distribuidoras se quedaron con parte de la rebaja transitoria del IVA y vieron elevar sus ganancias. Añadió que, además, quienes más se beneficiarían serían los segmentos más acomodados, que recibirían entre el 21% y 53% de la recaudación que el Estado dejaría de percibir. Esto, porque el decil más rico consume 24 veces más gasolina que el decil más vulnerable y seis veces más que el de ingresos medios.

Tirachini agregó que la cuantiosa menor recaudación podría financiar políticas sociales concretas. Por ejemplo, permitiría entregar 309 mil pensiones básicas solidarias, construir 3,5 hospitales similares al que se anunció en Colina o comprar 2.200 buses eléctricos con su infraestructura de carga. “Entregar alivios focalizados para casos atendibles -como hogares de bajos recursos que dependen del automóvil o altos precios de combustibles en zonas extremas- son una mejor idea que una transferencia plana que va a hogares más ricos y distribuidoras, agravando los problemas de contaminación y congestión, entre otros”, concluyó.