Cómo incide la protesta ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos de energía

Una investigación sobre 380 proyectos de inversión del ámbito de la energía revela, que los proyectos rechazados tienen mayor valor monetario y tardan más tiempo en evaluarse ambientalmente que los aprobados.

La pregunta sobre la eficacia de los movimientos sociales para lograr sus objetivos no ha tenido una respuesta única cuando se trata de proyectos de energía. No lograron detener la instalación de centrales hidroeléctricas en el Alto Bío Bío en la década de los 90, pero sí contribuyeron a que no se concretara el proyecto Hidroaysén en la Patagonia, a pesar de que este había obtenido su aprobación en términos ambientales por las autoridades locales.

Ahora, un grupo de ocho investigadores del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD), Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción coordinaron esfuerzos para levantar evidencia que permitiera responder esa pregunta. Entre ellos figuran Sebastián Huneeus, Sergio Toro Maureira y Juan Pablo Luna.

El resultado, recientemente publicado, cruza la información de proyectos procesados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) entre 2012 y 2017 con los eventos de protesta claramente vinculados a estas iniciativas de inversión, ocurridos desde que ingresaron a ese proceso y hasta que fueron aprobados o rechazados.

En total, revisaron 380 proyectos de energía de diferente tamaño, incluyendo tanto a los más simples que presentaron una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), como aquellos obligados a realizar un Estudio Impacto Ambiental (EIA), que habitualmente se exige a inversiones más grandes y complejas. Los investigadores afirman que al no limitarse a proyectos a gran escala y movimientos sociales “exitosos”, eliminaron sesgos logrando “una evaluación más equilibrada” de lo ocurrido.

Si bien solo 13 de 380 proyectos revisados fueron rechazados, su estudio arroja datos interesantes. En comparación con los aprobados, tienen casi siete veces más probabilidades de encontrar oposición ciudadana, su valor monetario promedio es casi tres veces mayor y su tiempo de evaluación fue, en promedio, más del doble que el de las inversiones aprobadas. 

Inversiones en conflicto

Del total, solo 10 proyectos enfrentaron oposición ciudadana, concretada mediante acciones públicas de rechazo de colectivos que buscan articular demandas y presionar a la autoridad y a los actores privados. Para construir esta dimensión se levantó información de prensa y complementariamente se empleó el conjuntos de datos de eventos de protesta del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social (COES), que están disponibles públicamente en Harvard Dataverse

Al compararlas con los proyectos no controvertidos, estas inversiones que generaron protestas sociales tienden a tener un mayor valor monetario (US$ 334 millones frente a US$ 189 millones) y tardaron más tiempo en la revisión del SEIA (780 días versus 328 días). Sin embargo, el 80% resultó aprobado a pesar de la oposición organizada contra ellos, comparado con el 97% de los no controvertidos. Esta diferencia de proporciones no es estadísticamente significativa, dice el texto. Y agrega que los modelos empleados no permiten afirmar que las protestas afecten significativamente las tasas de aprobación de proyectos en revisión por el SEIA.

“Nuestros resultados muestran que los proyectos con protesta se demoran bastante más, pero no son rechazados con mayor frecuencia. Nuestra interpretación es que la institucionalidad ambiental es parcialmente responsiva a las presiones sociales y que la ciudadanía posiblemente está ocupando la protesta como una forma de incidir en la evaluación ambiental de proyectos”, afirma uno de los autores, el investigador del IMFD Sebastián Huneeus.

Mejorar el diseño institucional

Entre las conclusiones, los autores son críticos de las restricciones que el SEIA impone a la participación ciudadana, ya que si bien las comunidades pueden presentar objeciones a los proyectos, no inciden en su viabilidad, tamaño o  ubicación. Esto “pueden hacer que la participación ciudadana sea irrelevante, lo que genera ira y desconfianza”, señalan. Por ello sugieren “superar este ciclo de desconfianza ciudadana” mejorando y fortaleciendo la institucionalidad ambiental. 

Sebastián Huneeus explica que, a su juicio, se debería incrementar la democracia ambiental en el SEIA “dando espacio a comunidades y ONG para referirse a proyectos, afectar aspectos fundamentales de su formulación y poderlos bloquear de manera ex ante”. Asimismo, propone incorporar mecanismos para controlar el sesgo socioeconómico presente en la ubicación de industrias contaminantes. “Al concentrar este tipo de proyectos en zonas vulnerables, se perpetúa la vulnerabilidad de los residentes y se generan zonas de sacrificio ambiental”, critica.

También considera conveniente dotar de mayor autonomía a órganos técnicos de calificación ambiental, corrigiendo la subyugación del proceso de evaluación ambiental a instancias políticas. “Cuando la resolución de un estudio de impacto ambiental es objetada o se torna conflictiva, se dirige al Comité de Ministros. Varios proyectos han sido rechazados por esta instancia, como Dominga e HidroAysén. Pero no sabemos cómo hubiera actuado esta instancia de no existir un alto nivel de presión ciudadana para rechazar esos proyectos”, concluye.