De invisibilizar la pobreza a la “fiesta fiscal”: crecen críticas a extensión del IFE

Un aporte universal hoy no se justifica, dicen economistas, que advierten que se deben focalizar las ayudas. Y agregan que con lo que se va a gastar se podría financiar la erradicación de todos los campamentos.

En medio del escenario electoral y presionado por su propia coalición a frenar un cuarto retiro desde las AFP, el Gobierno decidió extender los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hasta fin de año. Esto beneficia a 7,5 millones de hogares que reciben el mismo monto. Por ejemplo, $500 mil mensuales para un hogar de cuatro miembros.

Desde el mundo técnico esa decisión está generando críticas y se clama por focalizar la ayuda en quienes más lo necesitan. Esto fue lo que recomendaron los expertos convocados por el Gobierno para sugerir cómo potenciar la creación de empleo: terminar el IFE y concentrar los recursos en subsidios a quienes encuentran trabajo. Las cifras son elocuentes: cada mes del IFE universal cuesta US$ 3.200 millones mientras que el nuevo subsidio al empleo planea desembolsar US$ 500 millones entre agosto y diciembre.

“El escenario en la actualidad es muy distinto al de 2020 o el de principio de año, donde teníamos cuarentenas masivas”, comenta la académica del Instituto de Economía UC Claudia Martínez. Añade que bajo cuarentenas extendidas “en las cuales es difícil y tiene poco sentido focalizar, transferencias universales pueden tener sentido. Pero en la situación actual, en la que el desempleo está disminuyendo, así como las cuarentenas, es más razonable fomentar el empleo y focalizar recursos en aquellas familias que siguen teniendo dificultades”.

Entrevistado en Primera Pauta, de Radio PAUTA, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, explicó que “hoy día se están recuperando empleos, pero pasamos muchos meses con personas muy afectadas en sus ingresos y eso deja heridas económicas. Creemos que esto sirve para generar un impulso adicional en la reactivación”. Sostuvo que se trata de “salir todos juntos de la crisis” y que si no lo hacemos “eso tendrá repercusiones hacia adelante”.

 “Es antiético”

Una de las primeras críticas públicas a mantener el IFE provino del director del Centro de Encuestas UC, David Bravo, quien al informar de la fuerte creación de 416 mil empleos en julio pidió reorientar los recursos públicos a quienes no tienen trabajo. Luego fue el economista Joseph Ramos, profesor de la Universidad de Chile, quien dijo que extender el IFE no se justifica. Y este lunes 16 fue el turno del investigador del CEP y ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, quien en una columna en El Mercurio pidió terminar lo que calificó como “fiesta fiscal” y retornar al sello de responsabilidad en el manejo de las cuentas fiscales.

Siguiendo esa línea, la presidenta de la fundación ChileMujeres, Francisca Jünemann, estima que esa política hoy no se justifica. “El IFE llega a 16 millones de personas, pero hay quienes necesitan mucha más ayuda: durante la pandemia las familias que viven en campamentos crecieron 74%, tenemos más de dos millones de personas viviendo en la pobreza y las mujeres son un grupo tremendamente perjudicado; por ejemplo, porque lideran el 60% del los hogares pobres”, enfatiza.

A su juicio, los recursos del Estado “deben llegar prioritariamente a los grupos con menos oportunidades” y además potenciar los subsidios para las personas que encuentran empleo. “Es grave que  se esté usando plata de todos los chilenos con fines políticos, con fines electorales. Eso es muy antiético”, sostuvo.

No se justifica en Fase 3

Para la directora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Lorena Flores, es momento de promover subsidios que busquen la inserción laboral de las personas. “El IFE es un subsidio que debió haber estado en los peores momentos de la pandemia y también si tenemos algún rebrote, pero no cuando la pandemia está controlada, porque justamente empieza a generar cierto cierto desincentivo a buscar empleo”, dice, añadiendo que este efecto puede ser más relevante en quienes acceden a ocupaciones en torno al salario mínimo.

La economista estima que en las comunas que estén en Fase 3 (Preparación) un aporte como el IFE “no sería necesario, porque no hay restricciones para que la gente trabaje”. Pero apunta que si se extendió sin cambios se debe a dos razones: “Es difícil quitar beneficios previo a procesos electorales, eso siempre es un peligro para las políticas públicas, y también jugó algún rol la presión del Congreso respecto al cuarto retiro”.

El director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (UDP), Juan Bravo, coincide en que el IFE “tenía toda la justificación cuando el Gobierno imponía restricciones a la movilidad y trataba de que la menor cantidad de gente tuviera que salir a trabajar, por lo que debía cubrir en alguna medida sus necesidades”. A su juicio, en Fase 3 o superior no se justifica una ayuda de tal magnitud y cobertura.

Sobre su incidencia como desincentivo a emplearse, el economista plantea que las decisiones laborales no se toman considerando solo el ingreso del mes actual, sino también a futuro. “Es muy poco probable que una persona rechace una buena oportunidad laboral, con contrato y estable, por una ayuda que se sabe es transitoria”, sostiene. Pero advierte que las ayudas “tal vez podrían inhibir el empleo en personas que hacen trabajos esporádicos, informales y con bajos salarios”. 

¿Y si erradicamos los campamentos?

Al día de hoy, solo un 2,5% de la población tiene restricciones de movilidad, en julio se recuperaron 460 mil empleos y la actividad económica ya llegó a su nivel prepandemia, dice el director ejecutivo de Horizontal, Juan José Obach, para explicar por qué ya no se justifica un IFE de alcance universal.

Por esto llama al mundo político a asumir la responsabilidad de buscar mejores maneras de darles un buen uso a los recursos fiscales. “No podemos perdernos con los números: con dos meses de IFE (US$ 6.400 millones), el Estado de Chile podría erradicar todos los campamentos o construir cuatro líneas de Metro”.

Añade que al sumar todas las transferencias monetarias impulsadas por el Gobierno y los retiros desde los fondos de pensiones, en 19 meses se habrán inyectado a la economía US$ 74.000 millones (30% del PIB). “Esto en parte explica el boom de consumo y las presiones inflacionarias que estamos viviendo. La inflación afecta el poder adquisitivo de las familias y es altamente regresiva, ya que los hogares de menores ingresos destinan una mayor parte de éstos al consumo”, explica.

Además, plantea que, basándose en datos del INE, una familia representativa de la mitad de la población puede ver más que duplicado su ingreso producto del IFE. “Probablemente el IFE en su condición actual está afectando negativamente la decisión de salir a buscar trabajo, especialmente en aquellos grupos más vulnerables”, dice. Por ello valora el Ingreso Laboral de Emergencia propuesto por el gobierno, que se suma a otros incentivos enfocados a la búsqueda de empleos formales.