El escenario de riesgo que se abre para las tarifas de electricidad en 2022

La sequía, la salida de centrales a carbón y la disponibilidad de combustibles amenazan un suministro estable y barato. Se suma el término de medidas tomadas para congelar tarifas y prohibir el corte de servicios.

La reciente publicación en el Diario Oficial del decreto que permite disponer medidas para evitar el racionamiento eléctrico sinceró un escenario preocupante en materia energética. Uno que combina la salida de operación de centrales que operan a carbón, la sequía que afecta la disponibilidad hídrica, centrales eólicas y solares que no cubren toda la demanda diaria, una controvertida norma técnica sobre gas natural licuado (GNL)y la necesidad de generar con diésel, más caro y contaminante.

¿Se podría evitar el riesgo de racionamiento? “Estamos a tiempo”, dice el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), José Venegas. “Hemos tomado estas medidas preventivas apenas terminó julio y constatamos que el invierno estaba siendo excepcionalmente seco, confirmado con las primeras mediciones de nieve hechas a inicios de agosto”, dice.

Añade que si se toman medidas de cuidado del agua disponible y las centrales térmicas cumplen con su responsabilidad de proveerse de combustibles (gas, diesel y carbón), “entonces no vemos escenarios de racionamiento, aunque lo que quede de invierno y primavera de este año siga excepcionalmente seco. Y mucho mejor si hay precipitaciones adicionales”.

No obstante, no le resta importancia al complejo escenario actual. Admite que “en estos años en que la generación térmica está muy exigida, pueden ocurrir también fallas u otras contingencias”. Por todo esto, explica, se están tomando medidas y enfatizando a las empresas que dispongan de los combutibles necesarios para generar, “a pesar de que en los números tenemos amplios márgenes de reserva térmica”.

No todos son optimistas. Desde la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor), con 21 socios que incluyen a Codelco, Antofagasta Minerals, CAP, Metro y otras grandes empresas que negocian directamente sus precios de energía, expresan preocupación por la situación actual. “No hay certeza que podamos sortearla sin problemas y sin consecuencias negativas sobre los consumidores”, dice su director ejecutivo, Javier Bustos. Agrega que existe “estrechez de suministro, producto no solo de la sequía, sino también de falta de disponibilidad de combustibles. Se han construido muchas centrales de generación y líneas de transmisión en los últimos años, pero nos encontramos con un sistema que es frágil”.

El inevitable diésel

Con menos agua para generar, cobran importancia los combustibles. En el caso del GNL, se espera la decisión de la CNE sobre una nueva normativa, que estuvo en consulta pública despertando fricciones que llevaron incluso a sesiones en el Congreso. El consumo de diésel para generación había crecido 143% a fines de julio y 38% el de carbón, sumando costos y también contaminación.

“Siempre hemos sabido que en años anormalmente secos no es posible descansar exclusivamente en la generación hidráulica y en las energías renovables existentes, que todavía no son suficientes como lo serán en unos años más. Por eso es inevitable tener que recurrir, en estos casos, a la generación diésel y al GNL”, afirma el secretario ejecutivo de la CNE. 

Añade que la matriz energética de Chile está en transición a una más limpia y menos dependiente de la hidrología, principalmente en base a energías renovables, gas y almacenamiento. “Estas transiciones energéticas requieren fuertes niveles de infraestructura, que no se logran de un día para otro. Pero en medio de esa transición, y en presencia de este año anormalmente seco, necesitamos usar el carbón, gas y diésel”, afirma.

¿Subirán las cuentas?

Representando a las compañías que distribuyen electricidad (CGE, Chilquinta, Enel y Saesa), el director ejecutivo de Empresas Electricas, Rodrigo Castillo, sostiene que no se prevé que la situación de sequía ni los mayores precios por el uso de combustibles más caros tengan un efecto sobre las cuentas eléctricas de las familias en el corto plazo.

“Esos consumos están cubiertos por contratos de largo plazo y, además, está en operación el mecanismo de estabilización”, dice, aludiendo a la ley aprobada en 2019 que congela las tarifas hasta diciembre de 2021. Pero considera que hacia adelante es “crucial” abordar las condiciones de resiliencia del sistema eléctrico frente al cambio climático y sus niveles de calidad de servicio.

“Es bueno precisar que de ninguna manera las condiciones hidrológicas influyen en el precio a los clientes regulados [hogares] ni afectan al fondo de estabilización”, advierte José Venegas. Detalla que ese instrumento logró evitar alzas derivadas de los altos precios de los contratos en dólares que venían de licitaciones de 2015, precios que han ido bajando entre 2019 y 2021, por lo que “ya no necesitaremos” seguir estabilizándolos. Hacia adelante, agrega, estos “seguirán estabilizados o ajustándose solo por IPC hasta que comiencen a bajar más significativamente gracias a los precios de las nuevas licitaciones”.

Javier Bustos ve señales preocupantes respecto de los costos futuros. “Los clientes regulados tienen sus tarifas congeladas momentáneamente, pero los nuevos contratos que se están adjudicando y que se van a firmar en los próximos años, sin duda van a incluir este mayor riesgo de suministro. Lo mismo para los clientes libres al renegociar sus contratos”, adelanta. Recuerda que si hoy los clientes están pagando “contratos de altos precios firmados a principios de la década pasada, cuando estábamos también en una situación de estrechez, no sabemos los impactos que tendremos que pagar en los próximos años”.

Deuda acumulada en la pandemia

Otra avalancha que se viene es el término de la vigencia de la Ley de Servicios Básicos aprobada en pandemia. La normativa dispuso que en caso de atrasos o no pago de cuentas (entre ellas, las de consumo eléctrico), bajo ciertas condiciones, las empresas no podrán cortar el suministro hasta el 31 de diciembre de 2021.

“Hoy existen más de 800 mil clientes con deudas eléctricas, los que en diciembre próximo deberían comenzar a pagar más de una cuenta de la luz al mes para poder regularizar su situación. Hemos advertido que se trata de una situación de alta complejidad, ya que una familia que no pudo pagar una cuenta durante estos meses, difícilmente podrá pagar más de una cuenta durante cuatro años”, comenta Rodrigo Castillo. Estima que “aún estamos a tiempo” para que el Estado lidere la búsqueda de una solución “que no implique solamente extender la ley”. Estima necesario hacerse cargo de este problema “de forma seria y responsable, sobre todo de cara a las familias más vulnerables”.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la CNE comenta que en esta situación de pandemia, esa ley “ha cumplido con proteger al cliente de no verse privado de la electricidad por no pago y otorga incentivos para pactar esa deuda en cuotas”.