Tres años perdidos: Gobierno cambia de idea y ahora creará agencia para datos personales

Consejo para la Transparencia, que hasta ahora asumiría dicha función, no fue informado del cambio. Aún faltan detalles sobre la autonomía de la entidad.

Marcha atrás para evitar una calle sin salida: así fue interpretada entre abogados que siguen el debate sobre protección de datos personales el anuncio del Presidente Sebastián Piñera de crear una agencia especializada para protegerlos. Según adelantó en la cumbre de País Digital, esto se concretará mediante una indicación al proyecto de ley que está en el Senado.

Esta entidad técnica, autónoma, con presupuesto y personería jurídica propia y que se relaciona con el Ejecutivo a través de un ministerio (ahora, Economía), es la base del proyecto que presentó el gobierno anterior en mayo de 2017. Tras asumir, la administración Piñera decidió abandonar ese modelo. En julio de 2018 presentó una indicación para que el Consejo para la Transparencia sumara la protección de datos personales a su función de velar por el acceso a información pública. 

Después de tres años con el proyecto en primer trámite, el Gobierno ha desechado esta idea y vuelve a la fórmula original.

La molestia del CPLT

“Nos enteramos por información en redes sociales de este anuncio. Francamente, habríamos esperado que se nos comunicara más formalmente el cambio de opinión del Ejecutivo”, dijo a PAUTA la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente.

La politóloga advirtió que el informe financiero de la indicación que ponía la protección de datos en manos del Consejo consideraba “un presupuesto del orden de $800 millones para asumir nuevas competencias, cuando en realidad lo requerido eran como mínimo $3.200 millones para hacer esa función de manera adecuada”.

Con todo, sostuvo que Chile “debe avanzar en esta materia y el foco debe estar en la protección y garantía de derechos fundamentales”, sobre todo considerando las enormes brechas visibilizadas durante la pandemia. “Esperamos que esta modificación al fin vea la luz”, planteó.

La imprescindible autonomía

Ya que una agencia de protección de datos tendrá que fiscalizar y sancionar tanto al sector privado como al público, tiene que tener una independencia legal o constitucional. Es decir, no puede ser una entidad que dependa de un ministro. A juicio de los expertos, esto se ha vuelto una de las piedras de tope más importante para el avance del proyecto y despejarlo es clave para destrabar la iniciativa.

Partidario de que el CPLT cumpla dicha tarea, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Daniel Álvarez dijo que en la experiencia comparada hay distintos modelos exitosos de agencias. A su juicio, el giro del Gobierno “da cuenta que nunca estuvieron muy convencidos respecto del modelo regulatorio”.

Advirtió que, según el anuncio presidencial, la nueva agencia está supervigilada por el poder político a través de la cartera de Economía. “Con esto no se estaría cumpliendo el requisito de la OCDE o el que exige la Unión Europea para que Chile sea un país adecuado para el tráfico transfronterizo de datos, que exige una agencia independiente y no sometida a la injerencia del Poder Ejecutivo. Esa es la gran ventaja del consejo [CPLT], que ya es autónomo y no depende del Presidente”, comentó. Además, podrían generarse contiendas de competencia entre estos dos organismos especializados, que serán dirimidas por tribunales ordinarios que no tienen especialización y cuyos fallos muestran gran variabilidad, dijo. 

“Valoro el esfuerzo del Ejecutivo para reimpulsar el proyecto reconociendo que potenciar al CPLT no era lo ideal” , rspondió la socia de Alessandri Abogados Macarena Gatica. Estima que ese organismo “no es autónomo” al existir injerencia del poder político en la designación de autoridades, y porque sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias no comprenden a todos los organismos del sector público. “Por ejemplo, no podría fiscalizar a la Contraloría”, dijo.

La abogada se declara partidaria de tener una agencia especializada. Sobre su autonomía, cree necesario “esperar la indicación, aunque todo hace ver que lo que anunció el Presidente implica que la agencia va a cumplir con el estándar internacional”. Piensa que si esto se cumple, podría ser posible avanzar muy rápido en el Senado y pasar al segundo trámite constitucional.  

La batalla de los recursos

Pero no es solo autonomía. Crear una nueva institucionalidad también implica un mayor gasto fiscal y eso fue una de las razones principales para que el Gobierno optara en su momento por el CPLT, ya que se ahorraba unos $600 millones anuales.

“No sabemos si se optará por una agencia reducida para disminuir el costo fiscal o una que tenga capacidad para cumplir adecuadamente de control y fiscalización. Va a tener la fuerza regulatoria, pero se necesita que esté acompañada de recursos para echarla a andar”, dijo Álvarez, para quien en esto se juega que sea una entidad “con dientes”. Como ejemplo, señaló que en el CPLT existen procedimientos de amparo de derechos de las personas, “pero una nueva institucionalidad tendrá que crear todo esto de cero y hacerlo en línea, con clave única y todo el proceso; no es un desarrollo barato”.

Aunque lamenta el tiempo perdido, sostuvo que lo más preocupante “es que sea cual sea la definición, aún queda mucho para tener una ley y poder implementarla”.

Macarena Gatica prefiere el pragmatismo. Si bien espera que se fortalezcan los recursos que hoy están disponibles para el nuevo organismo, admitió que podrían no ser “lo ideal” dada la situación de la pandemia. “Si esperamos lo perfecto, no vamos a tener nunca ley de datos. Y seguiremos con lo de hoy, en que se regula por industria, por silos y eso es costoso para el Estado, las empresas y para las personas, que no saben dónde ir cuando sus datos son vulnerados”, señaló.

Considera relevante poder pronto una institucionalidad que permita proteger la garantía constitucional de protección de datos personales, que “nos obliga como país a proteger los datos de los ciudadanos y que también es un factor habilitante para la economía, por ejemplo para exportar servicios, para la ley Fintech que recién se presentó y la política de inteligencia artificial que se lanzará pronto”.