Economía

¿Pensión hasta los 85 años?: la oposición impone sus cambios a la “ley corta”

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Agencia Uno
POR Marcela Gómez |

Recorte a las tablas de cálculo de la pensión y más exigencias a las AFP, como compensar retornos negativos, fueron aprobadas en la Comisión de Trabajo.

El debate en particular del proyecto de “ley corta de pensiones” se transformó en un desastre completo para el Gobierno.

Así se resume lo ocurrido en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde la mayoría opositora logró aprobar indicaciones que introducen cambios de fondo en el sistema de pensiones, muchos de los cuales incluso se han discutido en el marco de la reforma previsional que está en el Senado. Sucedió a pesar de la permanente objeción del ministro del Trabajo, Patricio Melero, por cuanto dichas propuestas exceden las ideas matrices del proyecto, invaden atribuciones del Ejecutivo y no tienen financiamiento.

Un cambio que podría considerarse emblemático en tal sentido es el recorte de las tablas de mortalidad que se emplean para calcular la pensión: se aprobó que dicho cálculo llegará solo hasta los 85 años, de manera de elevar así el monto de la pensión. Aunque desde la oposición se dijo que se debería contar con un seguro para quienes viven más tiempo, eso no estaba incluido en la indicación. El ministro denunció que lo aprobado “significa que las pensiones de los chilenos llegan hasta los 85 años, y de ahí en adelante ‘arréglenselas como se pueda’, porque no están ustedes planteando ningún sistema, ni de financiamiento ni de tratamiento, a esa materia”.

Si bien la “ley corta” busca ampliar la cobertura del Pilar Solidario de pensiones al 80% de la población y elevar la Pensión Básica Solidaria al equivalente de la línea de pobreza, en estas y otras materias se repitió el mismo patrón: los diputados de oposición buscaron “correr el cerco”, como dijo Alejandra Sepúlveda (FRVS), introduciendo cambios de fondo “muy sentidos por las personas, que son viables y que permiten ir mejorando el sistema”.

Ya que la “ley corta” incluye ajustes a cinco exenciones tributarias para financiar los US$ 1.100 millones que implica, la oposición estima que existe espacio suficiente para una mayor recaudación que cubra las nuevas medidas. De hecho, ya presentaron una indicación que eleva del 5% propuesto por el Gobierno a 15% la tasa única de impuesto a las ganancias de capital en operaciones bursátiles.

Este y otros temas tributarios se revisarán este 30 de septiembre, cuando se reanude el debate en la Comisión de Trabajo, instancia que debe despacharla para que sea discutida el 4 de octubre por la Comisión de Hacienda.

Otras materias aprobadas

La votación sumó al proyecto un conjunto de normas que implican cambios sustantivos en el sistema de pensiones vigente, algunas de las cuales son las siguientes:

  • Reduce a 60 años la edad mínima para que las mujeres reciban los beneficios del Pilar Solidario, la que desde la creación de este componente (2008) se fijó en 65 años para igualarla a la de los hombres.
  • Ampliar la cobertura del Pilar Solidario al 85% más vulnerable de la población, cinco puntos porcentuales más que lo que considera el proyecto. 
  • Permitir que los cotizantes de las AFP sobre 55 años puedan transferir sus recursos a los fondos de mayor riesgo. Actualmente existe una prohibición en ese sentido, que busca proteger los recursos de los ahorrantes que están más próximos a jubilar en fondos más conservadores.
  • Modificar el sistema de cobro de comisiones que realizan las AFP para que se calcule respecto del 10% del salario cotizado y no, como hoy, sobre la remuneración imponible mensual.
  • Eliminar el pago de las comisiones de intermediación que pagan las AFP a gestores que intermedian inversiones de los ahorrantes buscando mayor rentabilidad: por esto son mayores en los fondos más riesgosos.
  • Exigir que las AFP compensen a los afiliados ante rentabilidades negativas registradas en un periodo de seis meses, con cargo al encaje.
  • Prohibir que las AFP usen los recursos pagados por comisiones en actividades de lobby o publicidad referida a cambios normativos o posiciones políticas.