El Ejecutivo evalúa retirar la ley corta de pensiones al quedar desfinanciada tras cambios
Comisión de Trabajo aprobó ajustes que duplicaron costo fiscal de la iniciativa, reduciendo también lo recaudado al modificar exenciones.
La idea siempre ha tenido respaldo transversal en el Congreso. Si no pudo avanzar antes fue por lo reparos de la oposición al mecanismo de financiamiento. Pero luego de que el Gobierno se abriera a financiarla revisando exenciones tributarias, lo que aportaba recursos permanentes, parecía que tenía el camino despejado. Además de elevar las pensiones de más de medio millón de adultos mayores, la llamada ley corta de pensiones le permitiría al Gobierno tener un triunfo en materia de reforma previsional, ante el estancamiento del proyecto de cambios estructurales.
Pero las cuentas alegres chocaron brutalmente con la realidad. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó el texto, pero incluyendo un conjunto de indicaciones que -según advirtieron las autoridades- que invaden la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia tributaria, de seguridad social y de organización del Estado. Pero además, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, informó que con los cambios introducidos el proyecto “está desfinanciado”.
En la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, que es donde ahora está la iniciativa, el Gobierno retiró la discusión inmediata para abrir espacio a un debate que busque volver el texto lo más cerca posible de su objetivo inicial. Se fijó el 26 de octubre como plazo para despacharlo, de modo que se vote en la Sala al día siguiente.
Fuentes del Ejecutivo confirmaron a PAUTA que se evaluó la opción de retirar el proyecto del trámite legislativo tras los cambios introducidos por los diputados de Trabajo. Esa opción aún está sobre la mesa y que puede ejercerse solo antes de que se vote en la Sala de la Cámara Baja.
Aunque políticamente puede ser complejo congelar o retirar el proyecto del trámite legislativo, el Gobierno tampoco puede seguir tramitando una iniciativa que no tiene financiamiento, porque eso implica incumplir el marco constitucional y lo que dispone la ley de administración financiera del Estado.
Detalle de los cambios y costos
La “ley corta” busca, fundamentalmente, ampliar la cobertura del Pilar Solidario de pensiones al 80% de la población y elevar la Pensión Básica Solidaria (PBS) al equivalente de la línea de pobreza ($178 mil mensuales).
Para financiar estos cambios el Gobierno propuso aplicar un impuesto de 5% a la ganancia de capital en las transacciones bursátiles (hoy exentas), eliminar gradualmente el crédito IVA a la construcción, limitar beneficios de viviendas DFL2 sin considerar año de adquisición, gravar con IVA los servicios y aplicar el impuesto a las donaciones y herencias a los seguros de vida.
La Comisión de Trabajo amplió la cobertura del proyecto al 85% más vulnerable y elevó a $210 mil mensuales la PBS, pero además introdujo otros cambios que no están en la matriz del proyecto, como recortar a 85 años las tablas de mortalidad, modificar las comisiones de la AFP y obligar a que compensen a los afiliados en períodos de rentabilidades negativas.
En materia de exenciones, aprobó que la ganancia de capital en acciones tribute de acuerdo a la norma general y se eliminó la aplicación del IVA en los servicios, entre otros cambios. También se discutió eliminar el régimen preferencial de renta presunta, pero finalmente la diputada Marcela Sandoval (RD) retiró la indicación pero anticipó que la ingresará en el debate del proyecto en Hacienda.
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En esa instancia, el ministro de Hacienda criticó el desperfilamiento de la iniciativa generado por propuestas inconstitucionales, dijo. Informó que el costos fiscal del proyecto se ha duplicado, ya que si el gasto inicial de la ley corta era de US$ 1.022 millones, tras los cambios subió a US$ 2.044 millones para 2022.
Pero además de un costo que se ha doblado, la recaudación esperada ha caído tras los ajustes en materia de exenciones. esto porque inicialmente el proyecto recaudaba US$1.105 millones y ahora se estima que habría US$ 905 millones en nuevos ingresos. “Estamos desfinanciados en casi US$ 1.140 millones”, detalló Cerda.
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