El dilema del reparto y un “manotazo” a las pensiones: el debate entre voceros de presidenciables

Representantes de Kast, Sichel, Provoste y Boric coinciden en pensión universal, pero difieren radicalmente sobre qué hacer con la cotización extra.

Aunque con diferentes diseños, entre los candidatos presidenciales hay bastante coincidencia en instalar una pensión básica universal, de cargo fiscal y basada en el actual pilar solidario. También concuerdan en elevar la cotización previsional actual de 10% y que ese aporte sea gradual y de cargo del empleador.

Pero las diferencias parecen haberse agudizado a la hora de qué hacer con la cotización extra: mientras unos aspiran a que esos nuevos flujos vayan a la cuenta individual en la AFP u otros administradores, otros promueven que todo ingrese a un nuevo sistema de gestión colectiva donde los recursos no son propiedad del cotizante.

Estas diferencias terminaron por romper el acuerdo logrado en la Cámara de Diputados en enero de 2020, cuando el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera se abrió a dividir la cotización adicional en una mitad para la cuenta individual y la otra para un fondo colectivo. Aunque en el Senado la oposición se desmarcó de ese pacto optando por una nueva fórmula, hasta ahora la derecha parecía seguir apoyándola.

No es así, al menos, en la carrera presidencial. Como contrapartida, el acuerdo entre las candidaturas para una pensión básica universal tampoco parece reflejarse en el Congreso, luego de que la ley corta del Ejecutivo para concretarla se haya desdibujado.

Más antecedetes surgieron en el debate previsional organizado por Ciedess entre los representantes de cuatro candidaturas presidenciales: el economista y académico Guillermo Le Fort (por la candidatura de Sebastián Sichel), la economista e integrante del Consejo Consultivo Previsional Cecilia Cifuentes (por José Antonio Kast), el economista y exsuperintendente Guillermo Larraín (por Yasna Provoste), y el abogado y asesor de la bancada del Frente Amplio Rodolfo Márquez (por Gabriel Boric).

El dilema del reparto

Guillermo Larraín detalló que la fórmula que proponen es que la cotización extra (entre 6%-8%) vaya a un nuevo sistema, que tiene un componente capitalización individual gestionado por una entidad estatal (que contrata a privados para invertir recursos) y un componente de capitalización colectiva desde el cual se entregan transferencias, “que es una forma de sistema de reparto”.

Como símil, dijo que lo más cercano es una compañía de seguros, entendido como “un sistema prefondeado, que acumula capital y desde ahí se distribuyen beneficios”. Ese organismo debería contar con reservas técnicas, requerimientos de capital, estudios actuariales y un alto nivel autonomía que le permita ir “ajustando los parámetros del futuro sistema en función de las necesidades económicas y sociales”, sostuvo.

Guillermo Le Fort objetó que “no hay reparto sostenible en el tiempo”, tanto por razones demográficas (envejecimiento de la población) como por su vulnerabilidad a la utilización política, como “revela lo ocurrido con el antiguo sistema de cajas”.

Cecilia Cifuentes compartió la crítica, aunque precisó que lo que planteó Larraín es un mecanismo que no entrega beneficios definidos, algo que dijo “está bien, pero hay que transparentarlo”. A su juicio, la única forma de asegurar retornos y rentabilidad en ese sistema es que se vayan alterando los parámetros; es decir, “que las personas sepan que se tendrá que ir subiendo la tasa de cotización o la edad de jubilación, como han hecho los países europeos que tienen sistemas de reparto”.

Intervino Rodolfo Márquez, quien afirmó que esa crítica “imagino va hacia los sistemas de reparto puro, en que todo lo que ingresa en cotizaciones se gasta en pensiones”. Dijo que la propuesta de Boric incluye un componente de reparto al que se destina parte de las cotizaciones, “pero el resto se ahorra y capitaliza para darle estabilidad al sistema en el mediando y largo plazo”.

Rentabilidad y ajustes

Rodolfo Márquez añadió que la rentabilidad en el sistema de AFP se ha venido deteriorando, por lo que aumentar la cotización en un régimen de capitalización individual “compensa la caída de la rentabilidad, pero no eleva las pensiones”. Esto, a su juicio, muestra que ese modelo también enfrenta una crisis, “de la cual no se puede salir solo aumentando las tasas de cotización”. 

Cecilia Cifuentes dijo que efectivamente las rentabilidades están cayendo, “pero el crecimiento de la masa salarial cae todavía más, entonces nunca un sistema de reparto podrá asegurar mejores pensiones que uno de capitalización”. Y añadió que se debe tener claro que los beneficios previsionales (como el pilar solidario) tienen costos crecientes en términos del PIB, por lo que “hay que ser prudente con las promesas ya que lo que parte costando 3% del PIB en 20 años ya cuesta 5% del PIB”.

El representante de la candidatura de Boric insistió en que el envejecimiento de la población afecta a todos los sistemas de pensiones, pero en los de capitalización “se le pide a la persona que resuelva su problema ahorrando más, jubilando más tarde; mientras que los sistemas solidarios otorgan una respuesta colectiva, que es asumir ese riesgo entre todos y otorgar beneficios que se vayan sosteniendo en el tiempo”.

“Pero no se sostienen, ese es el problema”, retrucó la representante de Kast.

¿Blindar al ente público?

La entidad que manejaría el nuevo sistema, incluyendo el componente de reparto, debería tener “un alto nivel de protección a nivel constitucional y una sólida estructura de gobernanza”, comentó Guillermo Larraín. Con ese diseño se evitarían interferencias políticas encaminadas a usar recursos previsionales para otros fines, agregó, en referencia a un “manotazo” que implique hacerse de una parte o de todos esos ahorros. 

Pero Cecilia Cifuentes expresó dudas en este punto. Puso como ejemplo el resguardo jurídico que tienen los ahorros que administran las AFP y las regulaciones que pesan sobre esa industria. “Guillermo habla de mayor seguridad jurídica. El problema es cuando tenemos parlamentarios a los que no les importan las instituciones que tenemos y las vulneran; ahí la verdad es que no hay ninguna seguridad jurídica. Es un problema bastante serio”, dijo, aludiendo tanto a los retiros desde las AFP como a las indicaciones “absolutamente inconstitucionales” que se hicieron a la ley corta de pensiones.