Transparencia fiscal: Chile aprueba, pero con algunos ramos rojos

La evaluación del FMI deja un buen punto de partida y una hoja de ruta para mejorar. Un presupuesto más comprensible para la ciudadanía sería el próximo paso.

Si la transparencia fiscal fuera un curso, Chile lo habría aprobado con un 5,8. Así se pueden resumir los resultados de la evaluación que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde las prácticas actuales se situaron en niveles positivos o avanzados en 21 de los 36 indicadores evaluados. En otros nueve aspectos quedaron en niveles básicos y solo seis calificaron como “no cumplida”.

“Este es un buen puntaje, en comparación con el promedio de los países latinoamericanos y las economías de mercados emergentes”, afirmó el organismo.

Que la institucionalidad vigente permita conocer el real estado de las finanzas públicas y su trayectoria probable es una garantía para la sociedad, porque reduce los espacios de opacidad y riesgos de corrupción. También es clave para que la transparencia y credibilidad fiscal no retroceda con los cambios de gobierno.

“La evaluación fue un trabajo muy bien hecho, con un diagnóstico o punto de partida muy claro. Los resultados fueron positivos en términos comparados. Pero lo más valioso es que ahora tenemos una hoja de ruta clara hacia adelante”, comenta el jefe de la División de Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Slaven Razmilic, quien coordinó el trabajo con el FMI. “Quedó muy claro lo que hacemos bien y lo que tenemos que hacer distinto. Tenemos un camino muy bien dibujado para seguir mejorando”, afirma.

Esta hoja de ruta se suma a otros avances, como la creación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el proyecto de ley que fortalece la responsabilidad fiscal e innovaciones como la plataforma Presupuesto Abierto y la entrega trimestral de los Informes de Finanzas Públicas.

Lo positivo

La evaluación del FMI se centra en tres pilares y en los dos primeros los resultados son positivos en general, gracias a que la información de lo que pasa con el gasto público es ordenada y predecible: se sabe con anticipación cuándo se entrega y qué tipo de datos se monitorean.

Lo mismo ocurre con las proyecciones macroeconómicas y el proceso presupuestario, que siguen una ruta conocida y verificable. 

En el marco de la evaluación, la Dipres aprovechó de incorporar algunos avances en el proyecto de Presupuestos 2022, como una manera de “correr el cerco” en materia de transparencia, generando prácticas difíciles de revertir.

Por ejemplo, el erario dispone que a partir de enero, los ministerios y servicios deberán informar “en lenguaje claro y comprensible” la composición de su presupuesto y sus orientaciones. Además, al presentar el proyecto de ley, por primera vez se incluyeron bases de datos descargables con los objetivos estratégicos e indicadores de desempeño de cada entidad pública, para que los interesados puedan conocer la misión, objetivos y productos estratégicos de cada servicio estatal con diferentes niveles de análisis. Se listaron 852 misiones y 1.728 productos (con sus respectivos subproductos), además de codificarse los indicadores para facilitar el análisis.

Lo que sigue “al debe”

El análisis del FMI fue solicitado por Hacienda a sugerencia de la Comisión de Gasto Público (CGP), una instancia transversal convocada por la cartera que sesionó durante un año para proponer reformas en ese ámbito. 

Ambos reportes se complementan. El FMI entregó lineamientos para que Chile cumpla en forma precisa el estándar internacional de transparencia fiscal, mientras la CGP se enfocó en medidas para promover la incidencia ciudadana en las definiciones de gasto.

“En línea con lo que dice el FMI, la Comisión destacó como brecha que Chile no mide los resultados finales de su gasto. Tenemos miles de indicadores, pero no tenemos un conjunto acotado de métricas que en lo estratégico muestren cómo estamos como país y cómo avanzamos gracias al gasto público”, afirma la economista Jeannette Von Wolfersdorff, que presidió la CGP y que ha usado el “presupuesto de bienestar” de Nueva Zelanda como ejemplo de este punto. 

Sostiene que es clave cambiar la forma de debatir el presupuesto y de rendir cuentas sobre el gasto, porque los contribuyentes pagan impuestos para mejorar el bienestar de las personas, cuidar el patrimonio natural, tener más oportunidades y seguridad, entre otras metas. “Todavía no tenemos una forma de debatir el presupuesto o de rendir cuentas sobre el gasto según ese tipo de objetivos, que en múltiples casos exceden lo que una institución o un programa público puede abarcar”, agrega.

Junto con insistir en que esto debe corregirse, añade que también es clave avanzar en auditorías financieras del gasto público y objetivar los datos fiscales. “No es sostenible que el propio gobierno elija qué estadísticas de gasto público entrega, porque se genera el riesgo de una excesiva discrecionalidad”, sostiene.

Por último, también espera que Hacienda siga la recomendación del FMI de detallar qué sugerencias de la CGP adoptará. “Cumplimos el mandato oficial y entregamos un informe final unánime en enero 2021. Todavía no hemos recibido respuesta”, advierte. 

Ramos rojos

Los resultados más deficientes se concentraron en los análisis de largo plazo sobre los riesgos y la sostenibilidad de las cuentas del Fisco. En esas tareas el CFA tiene un rol crucial que jugar que está cumpliendo. De hecho, en su mandato legal se incluye el de evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas. 

Sin embargo, es Dipres la principal responsable, y aunque viene elaborando informes temáticos de largo plazo sobre la sostenibilidad fiscal (como estudios actuariales del gasto en salud o pensiones), estos no tienen una periodicidad definida, por lo que no se consideraron. Otra exigencia es la de entregar análisis de sensibilidad, que apunten a cómo podrían variar las proyecciones fiscales ante escenarios macroeconómicos más optimistas o pesimistas. Es algo que ha comenzado a incluirse en los Informes de Finanzas Públicas.

Hay otras áreas donde la mala evaluación es más difícil de revertir, porque apunta a diseños institucionales. Por ejemplo, el FMI cuestiona el rol de auditoría externa de las finanzas públicas que cumple la Contraloría General de la República.