¿Un ente público reemplazando a todas las AFP? Mercado ve riesgos en idea de Boric

Los temores van desde presiones políticas, riesgo moral, uso del ahorro para otros fines y una pérdida de competencia que podría afectar la rentabilidad de los ahorros de las personas.

La propuesta de pensiones del abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ha generado dudas y críticas. Actualmente el tema lo revisa un equipo liderado por Fernando Carmona (PC) y Paula Benavides (que coordinó la propuesta previsional de la oposición en el Senado), luego que el candidato sumara a su equipo a economistas externos a su coalición.

Si bien hay múltiples factores que revisar, uno de los que genera más preocupación en bancos, corredoras de bolsa, fondos de inversión y otros agentes de mercado es el reemplazo de las AFP existentes por un “órgano público autónomo, técnico, paritario y con representación incidente de las y los trabajadores, que invierta gradualmente esos recursos con reglas de inversión justas y sostenibles”, según dice el programa. 

Esta nueva entidad recaudará todas las cotizaciones adicionales que se efectúen tras el cambio de sistema (sobre el 10% actual que va a ahorro). También subcontrará la inversión de esos ahorros y administrará tanto el pilar solidario como las futuras pensiones contributivas, plantea el diseño original.

Un organismo de este tipo tendría un poder de mercado muy relevante. El stock de ahorro de las personas suma entre US$ 160 mil millones y US$ 190 mil millones en las siete AFP, que mensualmente reciben flujos de cotizaciones en torno a US$ 800 millones. Aunque el programa de Boric dice que la persona puede elegir si llevar o no lo ya ahorrado al nuevo ente, el flujo sí va completo a la nueva entidad estatal y, por lo tanto, las AFP irían desapareciendo.

Competencia y retornos

“Entregar la administración de los recursos a una única entidad, además de restarle competencia al sistema y libertad a los afiliados, creemos que significaría un riesgo muy alto”, dice el presidente de la Asociación Chilena de Administradores de Fondos de Inversión (Acafi), Luis Alberto Letelier. 

Añade que la implementación de una reforma que entregue las decisiones de inversión de esos ahorros a una única entidad “puede dañar fuertemente nuestro mercado de capitales”. También expresa preocupación porque se impongan “trabas o restricciones a la correcta administración de estos recursos”, ya sea del stock actual o futuro.

“No tener competencia es realmente malo, porque la competencia es buena para el mercado y las personas”, opina el presidente de Falcom Asset Management , José Miguel Alcalde, quien plantea que es clave poder comparar desempeños entre gestores privados y públicos. Este es el caso, por ejemplo, de BancoEstado, que opera bajo las mismas reglas que la banca privada y está sometido a similar fiscalización.

“Si le ponen una ley especial al fondo estatal la verdad es que la cancha no va a ser la misma y no permitiría hacer una adecuada comparación, que es del mayor interés para todos los inversionistas”, dice el también vicepresidente de la Bolsa Electrónica. Aquí los equipos de las AFP tienen una ventaja: según el regulador, en promedio el 70% de los recursos que acumulan las personas que se van a jubilar provienen de la rentabilidad de las inversiones.

Otro punto se refiere a los costos de administración. “Las platas ya recaudadas por las AFP las administran gratis, porque cobran por las cotizaciones mensuales. Este organismo estatal va a tener que cobrar por eso o alternativamente el Estado lo va a subvencionar, con los costos que ello implica”, añade.

Presiones y riesgo moral

En el sistema actual, el Estado -a través de la Superintendencia de Pensiones- regula y fiscaliza a los actores privados, buscando un adecuado balance entre riesgo y retorno, promover la transparencia, evitar los conflictos de interés y limitar la corrupción. Entre los agentes existe temor que pueda haber estándares más laxos para controlar a un actor estatal, por presiones desde el mismo gobierno.

“Las AFP han logrado buenas rentabilidades gracias a la competencia y a que la mayoría tiene equipos bastante buenos. Pero tienen a la superintendencia encima todo el rato. Un organismo estatal haciendo lo mismo necesitará una gobernanza muy sólida que garantice independencia de verdad”, dice el gerente de una corredora de bolsa.

“Habrá tremendas presiones para quienes estén en esa mesa de dinero. Comprar tal o cual papel no puede depender del telefonazo de un ministro. ¿Qué pasará si para aprobar una ley importante un parlamentario pide que le compren bonos de una empresa en la que tiene interés?”, inquiere.

Otro punto es cómo se va a definir la política de inversiones, ya que aunque se ha dicho que seguirá las reglas vigentes, puede haber interés por ocupar el ahorro previsional para financiar proyectos sociales que pueden no ser un buen negocio para los cotizantes. O si buscando evitar que los ahorros se inviertan en bonos o acciones de los grandes grupos empresariales locales, se opte por invertir en el exterior. Esto estrecharía el financiamiento de personas y empresas más pequeñas que no tienen capacidad para financiarse en el extranjero.

Las cuentas nocionales

De fondo, un asunto que genera desconfianza es que la propuesta de Boric considera que de la cotización adicional que aporte el empleador, 40% iría a un fondo colectivo de reparto y la otra parte a una cuenta nocional que registra las contribuciones de las personas, con rentabilidad “garantizada” al invertir en determinados instrumentos. Así lo explicó en entrevista con CNN la economista de este comando Claudia Sanhueza, quien precisó que habrá “una rentabilidad mixta, [que es] una rentabilidad financiera y una que tiene que ver con el crecimiento de los salarios”. 

“Asegurar una rentabilidad es una ilusión financiera que se puede traducir finalmente en una macabra realidad para los pensionados, que se encuentren con que la rentabilidad prometida no era tal y que la plata se ocupe para otros fines”, advierte José Miguel Alcalde.

Otro economista dice que el verdadero riesgo es que las cuentas nocionales manejadas por un ente público sean un simple registro, pero los fondos de quienes aún no se jubilan se empleen con fines políticos generando un desfonde.

El presidente de Acafi reafirma que la administración de recursos previsionales debe estar entregada a entes profesionales, correctamente regulados y fiscalizados, que cumplan los más altos estándares internacionales, “con libertad para construir portafolios de inversiones adecuados al riesgo retorno que se espera y donde los afiliados puedan libremente elegir la que consideren la mejor opción”.