Las propuestas económicas del Presidente Boric

El Mandatario electo se comprometió a respetar el Presupuesto y ceñir el avance de su programa por US$ 12.500 millones a lo que vaya recaudando su reforma tributaria por 5% del PIB.

Una economía que crecerá entre 1,5% y 2,5% con algunos trimestres negativos, con un retroceso del consumo y de la inversión, y todo con una inflación prevista de 7% en marzo que se espera vaya bajando gradualmente. Este es el complejo escenario que prevé el Banco Central para 2022 y que marcará el debut del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En materia económica, la prueba de fuego de la nueva administración es impulsar una política fiscal que contribuya a reducir los desequilibrios existentes, acompañando al Banco Central en esa tarea.

El escrutinio se centrará en dos puntos: primero, ceñirse al gasto público que considera el Presupuesto 2022, que retira la mayor parte de las ayudas entregadas en pandemia; y segundo, una trayectoria fiscal creíble para ir reduciendo el déficit estructural de 3,9% del PIB proyectado para 2022, formalizándolo en un decreto a emitir a más tardar en julio. 

Luego de que su consejo económico externo se lo recomendara, Boric se comprometió a respetar el Presupuesto 2022, reducir el déficit y estabilizar la creciente deuda pública bajo 40%. El año próximo, este indicador debería cerrar en 37,4%, según estimaciones oficiales.

El plan de gobierno de Boric, según lo informado por economistas de su comando, cuesta US$ 12.500 millones. Se financia íntegramente con los cambios tributarios que ahora busca empujar en forma gradual. “Parte de nuestro programa solo se hará efectivo en la medida en que alcancemos la recaudación y el crecimiento esperado”, afirmó en el debate de la Archi.

Pero las dudas sobre la sostenibilidad de su propuesta persisten. Por ejemplo, condonar la deuda estudiantil o pagar la deuda histórica de los profesores consumen por sí solas casi el costo total del programa.

Foco en crecimiento

Boric apunta a una transformación productiva para “superar el estancamiento y retomar el dinamismo económico”, aprovechando los recursos naturales de modo compatible con el medio ambiente y potenciando la investigación e innovación para generar nuevos sectores. También se citan apoyos para pymes, emprendedores y startups.

Aunque cree que en la economía el Estado y los privados no son excluyentes, considera que la situación actual está desequilibrada. Su programa original considera crear una serie de empresas públicas, aunque ese foco parece haberse limitado luego de las recomendaciones de su consejo externo. “Creo en la socialdemocracia y en la colaboración del sector público y privado y no me gustan las hegemonías de ningún sector, como hoy en Chile tenemos la hegemonía del mercado por sobre lo público”, dijo en el mismo debate. 

Señaló que la revisión de tratados de libre comercio anunciada en su campaña “siempre es de carácter bilateral y jamás en perjuicio de productores chilenos”.

Cambios tributarios sustantivos

Aunque la ambiciosa meta de recaudar 8% del PIB en 8 años mediante un conjunto de cambios tributarios se mantiene, en la segunda etapa de la campaña se priorizó el avance de algunos cambios apuntando a recaudar 5% del PIB al 2025 como hito intermedio. Con todo, Boric ha dicho que está consciente de la necesidad de acuerdos políticos pára viabilizar este plan. 

Los cambios tributarios a los que se les busca dar mayor velocidad se concentran en el conjunto de reformas que gravan la riqueza, incluyendo un nuevo impuesto patrimonialy otro a las utilidades corporativas no retiradas, la eliminación de nueve exenciones y un nuevo royalty a la gran minería del cobre, basado tanto en las ventas como en la rentabilidad operacional. También en medidas contra la evasión y elusión.

“Hay otros aspectos de la reforma en que es importante una implementación más pausada”, dijo el asesor Nicolás Bohme, aludiendo tanto a los cambios en el tributo a la renta (desintegrar el actual sistema y elevar la tasa para las personas que ganen sobre $4,5 millones mensuales)  como en los impuestos verdes a productos contaminantes, como el diésel.

La propuesta en pensiones

La propuesta para mejorar las pensiones considera una pensión básica universal de $250 mil para los mayores de 65 años, pero que partiría con montos diferenciados por quintil de ingreso debido a su costo fiscal. Se suma la jubilación generada con cotizaciones por el 18% del salario: 10% actual y 8% adicional del empleador (en ocasiones se ha hablado de 6 puntos en vez de 8). Las personas pueden elegir si mantener el 10% que cotizan en la AFP o en el nuevo ente público autónomo que se creará y que cumplirá el rol de recaudar los ahorros, subcontratar su inversión y pagar pensiones. El 8% (o 6%) irá por defecto al nuevo régimen. 

En la segunda vuelta, este pilar contributivo se configuró del siguiente modo: ⅔ del flujo se destinará a cuentas de ahorro personales (no nocionales) que se invertirán colectivamente y ⅓ del aporte irá a un componente de reparto para mejorar pensiones y concretar medidas de equidad de género.

“No hemos llegado a resolver todos los puntos que requiere una reforma completa. Hay algunos que están todavía en el aire, por ejemplo, el rol de la AFP”, explica el economista Guillermo Larraín (DC), que coordinó la convergencia que cristalizó en el Acuerdo de Implementación Programática entre Apruebo Digndidad y la centroizquierda. Recalca que “la transición entre el sistema actual y el sistema nuevo es algo que no pudo ser zanjado en esta etapa de la discusión y es algo que tendrá que ser zanjado después”. 

Mercado laboral

Boric ha insistido en la creación de empleo como prioridad a corto plazo y se impone la meta de recuperar 500 mil empleos femeninos. Para esto fortalece los subsidios de promoción a la contratación existentes (IFE Laboral, Bono Mujer, Bono al Empleo Joven) y también considera un rediseño al seguro de cesantía. 

El norte en materia laboral es el “trabajo decente”, un concepto que ha acuñado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como sinónimo de empleo digno. Hay dos medidas emblemáticas: elevar gradualmente el salario mínimo llegando a $500 mil al final del gobierno y reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales (proyecto que hoy está sin avance en el Senado). Habrá medidas para ayudar a las pymes a adptarse a estos cambios, incluyendo gradualidad, han asegurado en su comando.

También se buscará ampliar la cobertura de la negociación colectiva, incluyendo la negociación ramal, y reconocer la huelga “como un instrumento de la organización de los trabajadores para la defensa de sus intereses”.