¿Nueva ruta en pensiones? Suspender el debate legislativo y abrir diálogo político-técnico

Tras dos gobiernos sin reforma, el Presidente electo tiene en su programa la idea de un diálogo social. Expertas apoyan la idea.

Es una idea que viene circulando en el mundo técnico, pero que ahora comienza a tomar más fuerza al evidenciarse que este gobierno, al igual que el anterior, cerrará su mandato sin la reforma estructural para mejorar las pensiones. El Presidente electo Gabriel Boric tiene su propia propuesta de reforma.

¿Cómo hacer para que ahora sí tenga resultados?

Es aquí donde la idea de generar un nuevo proceso de diálogo social, político y técnico, planteada hace más de un año por la economista y experta en temas previsionales Paula Benavides, comienza a abrirse camino. De hecho, el equipo local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Espacio Público ya han sistematizado la experiencia internacional sobre diálogo social y gobernanza de las reformas de seguridad social.

“Es importante iniciar cuanto antes un diálogo social amplio y una discusión técnica transversal para afinar el diseño de una futura reforma [de pensiones], que permita darle legitimidad y sostenibilidad en el tiempo”, se lee en el programa del futuro gobierno.

El exsuperintendente de AFP Guillermo Larraín, que coordinó la convergencia programática en estas materias tras la primera vuelta, dijo en PAUTA que esa propuesta “no está resuelta del todo” y que hay temas “que aún no se han zanjado“.

Por qué una nueva comisión

Benavides, quien también integra el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), considera que en este punto del debate hay que visibilizar cuestiones que han perdido centralidad. “Tenemos que reconocer que las reformas de pensiones son complejas técnicamente y que tener un buen diseño es esencial, pero no suficiente”, dice. Apunta a que también se requieren capacidades políticas para llevarla adelante y administrativas para que los cambios funcionen.

A eso se suma que un cambio estructural implica una transición “que en pensiones dura décadas”, por lo que el cómo se realice ese proceso en el tiempo es “tan importantes como el régimen de un sistema”. Todo esto hay que verlo en conjunto, para evitar que “un gran diseño después no tenga viabilidad política o surjan obstáculos prácticos no previstos”.

La mayoría de los países aborda este tipo de desafíos “con distintos tipos de comisiones o estructuras participativas, lo que permite tener experticia técnica y también un blindaje político para la tramitación”, afirma. Su predilección está en una que integre las miradas técnicas, sociales y políticas sobre pensiones y pone como ejmeplo al Consejo de Orientación de la Jubilación de Francia, que aunque cumple otro rol tiene representantes del Congreso, del mundo del trabajo, de los empleadores, jubilados, expertos y de instituciones públicas.

Admite que “al decir ahora que se requiere una nueva comisión en pensiones, muchas personas pueden sentir que es perder el tiempo, que los diagnósticos ya están o que no es necesario”. Pero insiste en que aunque parezca un camino largo, “sin este proceso podemos terminar volviendo al punto de partida de nuevo, lo que hay que evitar”. 

Escenario complejo

“Quizás este es el momento de buscar otros mecanismos para conseguir estos acuerdos [en pensiones]”, dice la economista y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) Andrea Repetto. Añade que algunos países (como España, Reino Unido, Suecia y Uruguay) han logrado cambios sostenibles en el tiempo mediante “comisiones con un mandato claro, que es el de llegar a acuerdo, integradas por actores políticos y de la sociedad civil, representantes de trabajadores y empresarios y académicos”. Repetto integró el consejo asesor de economistas de Gabriel Boric en la etapa final de la campaña.

La especialista advierte también que si se aprueba el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), “que además tiene problemas de financiamiento, se reduce la posibilidad de lograr esos acuerdos para un cambio más estructural del sistema, con mayor ahorro y un fondo colectivo que tenga un diseño de gasto que permita compartir riesgos de manera sostenible”.

Salvador Valdés, economista y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, opina que convocar a una nueva instancia “es una buena idea”, pero con una condición: “Que las nuevas autoridades, tanto del Ejecutivo como del Congreso, manifiesten públicamente un compromiso de recoger aquellas recomendaciones que se demuestren son indispensables para evitar daños respecto a la situación actual de las pensiones”.

La economista Cecilia Cifuentes,  integrante del Consejo Consultivo Previsional y exvocera del equipo económico de José Antonio Kast, estima que la reforma de pensiones será probablemente una de las políticas más importantes del futuro gobierno. “Estamos en un punto en que hay evidentes discrepancias entre las propuestas que se están haciendo. En ese sentido, veo con simpatía la idea de formar una una comisión técnica que busque acuerdos”, comenta.

Pero señala que sería importante “establecer en forma previa que los acuerdos que se logren a nivel técnico  tendrían que ser algo más vinculantes para el mundo político”. Recuerda que la comisión que presidió el economista David Bravo en 2015 llegó a un conjunto de propuestas “que el mundo político no tomó a pesar de su urgencia. Replicar lo mismo me parece que no tiene ningún sentido”.