Consejo Fiscal planteó reparos a la fórmula del Gobierno para financiar la PGU

El organismo recomendó medidas para asegurar un financiamiento sostenible de la Pensión Garantizada Universal, entre ellos que los cambios tributarios se implementaran en paralelo al pago de beneficios. ACTUALIZADA

Tras evaluar si el proyecto de ley que crea una Pensión Garantizada Universal está financiado en forma fiscalmente sostenible, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA)  entregó el informe requerido por el Senado que no avala la fórmula diseñada por el Gobierno.

Junto con sugerir revisar ciertos aspectos de cálculo, por ejemplo que se cuente con un estudio actuarial de la operatoria del Fondo de Reserva de Pensiones, la entidad afirma que “lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB anual en régimen para financiar de manera sostenible la PGU”.

También sugiere que la implementación de los cambios tributarios definidos en el proyecto que elimina exenciones, que recaudaría nuevos ingresos fiscales asignados a mejorar pensiones, “sea anterior o que, al menos, coincida con la entrada en vigencia de la PGU” 

“Solamente podemos adelantar que hay que ponerle muchas precauciones a ciertas fuentes” de financiamiento, sostuvo más temprano el vicepresidente del organismo, Jorge Rodríguez. En entrevista con Pauta de Negocios, de Radio PAUTA, el economista solo anticipó la pronta entrega del informe solicitado respecto a la parte más controversial de la propuesta presentada por el Gobierno y que ha tenido varias críticas por parte de la oposición.

Un cambio constitucional

Rodríguez explicó que el CFA propuso a la Convención Constitucional incluir entre los principios que regirán la nueva Carta Magna la sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Esto paraasegurar que los derechos sociales en los que se vaya avanzado en los próximos años “puedan financiarse de forma duradera, estable y sin retrocesos”, dijo.

“Existen experiencias de países que por insostenibilidad muchas veces deben retroceder en ciertos derechos por haber avanzado sin financiamiento”, recalcó el economista.

Enfatizó que esto no es algo “meramente técnico o filosófico”, porque son “varios beneficios que le llegan a la ciudadanía”, aseguró el vicepresidente de la CFA. Por ejemplo, dijo que en un país insostenible se gastan más recursos en pagar intereses asociados a la deuda pública, los que podrían financiar más bienes sociales. Pero uno sostenible es capaz de tener ahorros y “cuando pasa una emergencia [terremoto, crisis financiera, pandemia] se puede reaccionar rápido” y ayudar a la población, sostuvo.

Otro beneficio es que con sostenibilidad fiscal los países “pueden elevar los derechos sociales sin retroceder”; no como ocurrió en la crisis de 1980, dijo, cuando hubo que hacer un fuerte ajuste y el gasto social bajó de 24% del PIB a 15% del PIB en pocos años.

Rodríguez explicó que plasmar estos temas en la nueva Constitución -como lo han hecho Alemania o Polonia- busca que “cuando haya algún conflicto o contradicción con otros principios, el principio de responsabilidad fiscal esté al mismo nivel”.  Además, requiere leyes que aterricen estos principios y también instituciones que velen por su cumplimiento.

“Es un todo integral”, afirmó el economista, quien explicó que el documento presentado a la Convención fue elaborado después de tres meses de trabajo con “varios invitados, ara tener distintas visiones”.

Nota: Este artículo fue actualizado para incorporar una síntesis del documento al que alude el entrevistado, que fue publicado en forma posterior a la entrevista.

Vea la entrevista completa con Jorge Rodríguez, vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, en Pauta de Negocios.