Futura titular de la Dipres defiende la iniciativa presidencial exclusiva del gasto público

Javiera Martínez detalló cómo deberían recogerse los temas fiscales en la nueva Constitución y abogó por un mejor equilibrio Ejecutivo-Congreso en ese ámbito.

Un foro sobre los desafíos fiscales y el proceso constituyente en Chile, organizado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fue la instancia donde debutó pulbicamente la futura directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres) Javiera Martínez. Aunque ella ha sido vocera el equipo del Presidente electo Gabriel Boric en la campaña, ahora lo hace tras ser designada en su nuevo cargo.

“En términos de sostenibilidad fiscal hoy lo que más necesita el país es aumentar ingresos para poder hacerse cargo de ciertas demandas muy sentidas y mayoritarias de la población”, planteó la también presidenta de Rumbo Colectivo, el centro de estudios de RD, partido en el cual milita.

Añadió que para mejorar la situación fiscal es clave allegar más recursos al Fisco, mediante “una buena reforma tributaria” y también por la vía de “cuidar y promover el crecimiento económico”.

A la hora de definir cómo los temas fiscales deberían reflejarse en la Constitución, valoró la resignificación que el CFA hizo sobre el concepto de responsabilidad fiscal, al estimar que “se había estado atrincherando y reduciendo a políticas de austeridad”.

A su juicio, el definir la sostenibilidad fiscal mediante un indicador de solvencia, “permite tener una discusión más amplia porque [ese concepto] no depende el tamaño de Estado ni limita avances en derechos sociales”. 

Cambios, pero acotados

La ingeniera civil industrial por la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en economía política por la Universidad de Nueva York cerró el panel de intervenciones sobre el tema, que incluyeron a la consejera del CFA, Paula Benavides; los ex ministros de Hacienda Ignacio Briones y Nicolás Eyzaguirre, y la representante del Ministerio de Hacienda de España Alejandra Sánchez. 

Martínez coincidió con que el eje estructurante de lo fiscal en la Constitución debe ser el principio de justicia intergeneracional, que permite cautelar que “en las decisiones fiscales se incluya a las generaciones futuras, que hoy no se sientan a la mesa”, como resumió Eyzaguirre.

Planteó sumar también un principio de capacidad contributiva (que cada cual aporte a financiar el gasto según su realidad), lo que, dijo, fortalecerá la lucha contra la evasión y elusión tributarias.

Sobre otros temas ligados al proceso presupuestario, Martínez enfatizó que se relacionan con el régimen político que se defina a nivel constitucional. A su juicio, lo que hoy existe es “un proceso más bien rígido y con una alta asimetría de poder entre el Legislativo y el Ejecutivo”, teniendo este último mayores atribuciones.

A su juicio, hay espacio para mejorar lo que hay en la Constitución. Por ejemplo, manteniendo la prohibición a los parlamentarios para elevar el gasto, pero que sí puedan redistribuir ciertos recursos. O sin alterar la iniciativa exclusiva presidencial en materia de gasto público, dado que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de rendir cuentas al respecto, podría darse al Congreso un mayor peso en la determinación de las urgencias en el debate legislativo.

Descentralización fiscal

La futura directora de Presupuestos advirtió que una materia “más compleja o que enfrento con más preguntas que certezas” es lo referido a la descentralización fiscal. Sostuvo que ello se requiere “no como un fin en sí mismo, sino para garantizar otros objetivos como el correcto desarrollo regional, combatir la desigualdad entre territorios, disminuir la discrecionalidad del gasto a nivel regional y resguardar la diversidad y pertenencia local de distintas políticas”.

Indicó que este tema deberá revisarse a la luz de los distintos modelos de descentralización que se revisan en la Convención. “Tanto en materia de ingreso, gasto y deuda habrá que encontrar arreglos positivos a nivel local y regional”, dijo, así como también lograr un balance entre autonomía fiscal y solidaridad interegional. 

Advirtió que tener tributaciones diversas entre regiones podría traducirse en competencia o incentivos incorrectos para el desarrollo, por lo que subrayó que la Constitución debe garantizar que los ingresos se recauden a nivel nacional.