ACTI: proyecto de ley de delitos informáticos “está yendo más allá” del Convenio de Budapest
El abogado Raúl Arrieta afirma que uno de los artículos del proyecto que está en el Congreso podría afectar los derechos fundamentales de las personas.
El Congreso está tramitando una ley que moderniza las normas sobre delitos informáticos que data de 1993. Sin embargo, hay una parte de ese proyecto que fue aprobada por la comisión mixta que está preocupando a diversos actores: la que estipula que el Ministerio Público podría pedir a los proveedores de servicio, sin orden judicial, información personal de sus abonados.
Raúl Arrieta, abogado integrante de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información (ACTI), afirmó que “es tremendamente relevante avanzar en esta ley. Creemos que el régimen de los delitos informáticos en Chile es un régimen que está obsoleto, que no ha funcionado como se esperaba que funcionara cuando se creó hace 30 años. Además, es un avance en un desafío que Chile adquirió hace unos años cuando se incorporó al Convenio de Budapest“. La referencia es al tratado internacional que busca homologar la regulación de la ciberseguridad entre los países firmantes.
Sin embargo, ven “con preocupación estas facultades que se le entregan al Ministerio Público”, dijo en conversación con Pauta de Negocios, de Radio PAUTA.
“El hecho de que haya una investigación judicial en curso no es suficiente para que se puedan afectar los derechos fundamentales de las personas. Creemos que es necesario que participe en este proceso un juez de garantía, que naturalmente deba equilibrar si la afectación de derechos que se pretende hacer como consecuencia de la investigación es justificada, es proporcional a los objetivos de la investigación”, recalcó.
Arrieta argumentó que “siempre es necesario tener presente que todo perfeccionamiento del sistema normativo y sistema penal, especialmente, debe ser respetuoso de los derechos fundamentales. En ese sentido, nosotros tenemos la más profunda convicción, tal cual como lo ha dicho el sistema interamericano de derechos humanos, que acá no existen derechos fundamentales diferenciados dependiendo de si estás en el entorno digital o entorno físico. Los derechos humanos son derechos humanos en cualquier entorno”.
El abogado recalcó que la preocupación de ACTI no apunta a “trata de proteger desde el lado de las empresas a aquellas personas que utilizan la tecnología para cometer delitos”, sino que están tratando de plantear la sensibilidad que tiene el tema de la información que manejan los proveedores de servicios.
En ese sentido, detalló que el “concepto de proveedores de servicios que quedó en el proyecto de ley es gigante”. Tendría como consecuencia que el “Ministerio Público se hiciera de información que no tiene nada que ver con la investigación respecto a la cual se está haciendo la persecución y que termine lesionando los derechos de las personas, sin que mediara una razonabilidad y una proporcionalidad revisada previamente por un juez de garantía”.
“Uno advierte que el proyecto de ley está yendo mucho más allá de lo que plantea el Convenio de Budapest y, de hecho, los países que se han ido adecuando al convenio siempre han mantenido la obligación de la autorización judicial”, explicó el abogado. Manifestó que como asociación les parece “tremendamente valioso que el pleno del Senado haya tomado la decisión de que ese proyecto regrese a la Comisión Mixta para que se pueda volver a analizar y discutir”.
Vea la entrevista completa con Raúl Arrieta, abogado integrante de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información, en Pauta de Negocios