Por primera vez, regiones deciden cómo gastar el presupuesto que les entregó el Congreso

La directora de Presupuestos explica cómo adelantaron avances del proyecto de descentralización financiera, aún en trámite, para empoderar a los gobernadores regionales.

Por primera vez en la historia, las regiones con sus nuevos gobernadores elegidos en 2021 definieron los proyectos de inversión que van a financiar este año. Esta decisión comienza a concretar décadas de discursos y demandas en torno a la descentralización y que las decisiones clave para el desarrollo local no se tomen en Santiago.

Si bien en septiembre de 2020 el Gobierno ingresó al Senado el proyecto que fortalece la descentralización financiera de las regiones, la iniciativa no alcanzó a estar lista antes de la primera elección de los nuevos gobernadores regionales, que se registró en junio de 2021 con una segunda vuelta en julio. Hoy el proyecto ni siquiera ha sorteado su primer trámite legislativo.

En Hacienda evaluaron como incompatible tener gobernadores regionales electos, pero la misma manera de siempre de distribuir recursos. “Eso nos llevó a pensar cómo poder aterrizar ese principio de descentralización financiera del proyecto en normas de flexiblidad en el Presupuesto 2022. Y nos dijimos: hagámoslo”, explica la directora de Presupuestos, Cristina Torres. La idea se concretó tras conversaciones con los gobiernos regionales (GORE) y con parlamentarios, y quedó incorporada en el Erario.

“Me hubiera gustado dejar ese proyecto más avanzado, pero otras urgencias se ‘comieron’ la agenda”, admite Torres. Señala que lo que falta es que todos los avances “se consagren a nivel de ley permanente y que esta mayor flexibilidad y atribuciones para los gobiernos locales se ejerza considerando adecuados pesos y contrapesos”.

Entre estos cita una ejecución de los recursos transparente y público, cuenta pública de los GORE, que tengan “un programa financiero a varios años para ver sus arrastres de inversión y que cuando haya cambio de autoridades también dejen holguras; y que se creen por ley los dos fondos propuestos para equidad interregional y apoyo a contingencia”.

En manos de las regiones

Si hasta ahora el Congreso discutía 34 programas presupuestarios para los GORE (como si fueran un servicio, sin autonomía, como sí la tienen las municipalidades), esa lógica cambió.

Para este año el Congreso aprobó un monto global y cada región decide cómo usará sus recursos en función de sus prioridades, pero dentro de ciertos marcos comunes a todo el sector público. Para funcionamiento (personal y operación) se aprobaron $82.507 millones (US$100 millones, equivalente a 3,5% más que en 2021) y para inversión regional $1.295.927 millones (US$ 1.570 millones, un alza anual de 5,3%). Los montos en dólares fueron calculados con tipo de cambio $825 estimado por Dipres para 2022.

Aquí las regiones han ejercido su decisión mediante un nuevo proceso, que ha sido más fluído cuando a nivel local hay claridad sobre las prioridades. Desde que el 15 de diciembre de 2021 el Presupuesto 2022 se publicó, cada gobernador regional conoció el monto que podía disponer y en 15 días envió una propuesta de distribución al Consejo Regional (CORE), que tiene que visarla. Cada región hace estas decisiones de manera autónoma.

Luego, esa decisión es revisada por la Dipres en un plazo máximo de 10 días, donde se revisa el cumplimiento formal de límites y normas de la ley de Presupuesto, y luego expide una resolución que va al proceso de toma de razón en la Contraloría. “La mayoría de las regiones ya está con sus decretos en proceso de firma y toma de razón, aunque hay algunas rezagadas. Es un proceso nuevo, es primera vez que ocupamos esta fórmula y todos estamos aprendiendo”, dice Torres.

En esta puesta en marcha, desde los gobiernos regionales se demandaron varios ajustes para mejorar en general este proceso, las que fueron recogidas por el Gobierno. Por ejemplo, se estableció que los GORE podrían transferir recursos a las municipalidades para educación y salud, entre otras; y que podrían determinar el uso de parte de los fondos para emergencias que puede asignarles en Ministerio del Interior.

El proyecto de ley les permite a los GORE retener los saldos presupuestarios (dineros que no ejecutaron en el año) siempre que engrosen su presupuesto de inversión. En el Presupuesto 2022 se reconocieron $50 mil millones en este ítem.