El difícil puzle del Gobierno para el próximo reajuste del salario mínimo
Economistas advierten sobre los efectos adversos de un alza a $400 mil este año. El ministro Grau advirtió sobre la compleja situación para las pymes.
El compromiso programático del Presidente Gabriel Boric de elevar el sueldo mínimo a $500 mil mensuales durante su Gobierno tiene inquietos a los economistas. Aun cuando esa meta se alcanzaría hacia el fin del Gobierno, se ha adelantado que se propondrá fijarlo en $400 mil desde los $350 mil logrados en enero.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, no ha querido adelantar montos ni definiciones para el proyecto, que debiera tramitarse en abril. Se estima que se estructuraría una gradualidad asociada al desempeño de la economía u otros indicadores, como ocurrió con la propuesta de 2018 de vincularlo con la evolución del Imacec.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, planteó que su cartera se preocupará que los avances en el salario mínimo se realicen “con gradualidad y en armonía con el desarrollo y el dinamismo de la economía y en particular de las empresas más pequeñas”.
Coincidió el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile José Luis Ruiz, quien sostuvo que las medidas graduales permiten una mejor adaptación “sobre todo a muchas pymes que tienen temas de financiamiento y donde el salario mínimo es más común“. Añadió que se debe considerar también otros factores que “hacen más difícil promover aumentos de costos salariales”, como el débil panorama económico, el escenario externo y la inflación.
La prioridad del empleo
Para el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, el aumento del salario mínimo debe estudiarse en consideración de la recuperación del empleos. “Un aumento tan importante, a $400 mil, durante el primer año de gobierno, no se condice con la actual situación de crisis del mercado laboral”, advirtió.
Explicó que los datos del INE muestran que faltan 603 mil empleos por recuperar para volver a la situación prepandemia, incluyendo los trabajadores adicionales que se han sumado a la fuerza de trabajo. Esto, detalló, equivale a una tasa de desempleo encubierta de 12,9% que es similar a la que existió en la crisis asiática (fines de los 90) y peor que en la crisis subprime (2008-09).
“La prioridad del nuevo gobierno debiera ser la recuperación del empleo y condicionar a este objetivo el resto de las medidas. De lo contrario podría agravar la actual situación del empleo, lo que sabemos tiene consecuencias negativas en los ingresos de los hogares y la pobreza”, afirmó el economista.
Productividad, pero también subsistencia
El director del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, enfatizó que lo ideal es que las alzas del salario mínimo respondan a una mayor productividad laboral.
Según sus cálculos, subirlo en $50 mil implica un aumento nominal de 14,3% en cuatro meses (enero-mayo) y de 11,3% descontando la inflación proyectada. “Es un monto demasiado relevante en comparación con lo que va a crecer la productividad laboral en igual lapso. Entonces, es muy difícil que no genere un impacto negativo sobre la creación de empleo asalariado formal en el sector privado”, afirmó.
Ese impacto, añadió, no afectaría al mercado laboral en su totalidad, sino a los cerca de 800 mil trabajadores que ganan sueldos en torno al mínimo, habitualmente los más jóvenes y los grupos con bajos niveles educativos.
Bravo enfatiza que desde el punto de vista ético y social “deberíamos aspirar a que ninguna persona que trabaje a jornada completa tenga a su familia en situación de pobreza. La línea de pobreza para una familia de cuatro integrantes está en $480 mil mensuales. Entonces como sociedad debemos hacernos cargo de ese desafío, y hacerlo de forma de no generar impactos perniciosos en el empleo de los grupos más vulnerables a los que precisamente queremos apoyar”.