Los dos cambios tributarios que el gobierno anterior frenó y que el actual impulsará
La Cámara de Diputados votará que los bancos informen anualmente al SII sobre movimientos en cuentas bancarias. También se busca crear un registro de dueños de empresas.
Tras ser aprobada en la Comisión de Hacienda, la Cámara de Diputados se apronta a votar una moción de senadores PS, PPD y DC que busca dotar al Servicio de Impuestos Internos (SII) de una información clave: los movimientos de montos sobre 1.500 UF (unos $47 millones) en cuentas bancarias. De este modo podrían activarse procesos de fiscalización ante inconsistencias.
De aplicarse, la medida afectaría la privacidad de 1,6 millones de contribuyentes de los 17,4 millones que tienen cuentas bancarias. Permitiría que el SII pueda conocer información a la que hoy solo puede acceder si tiene el consentimiento del contribuyente o autorización judicial.
En general, el acceso a información bancaria por parte de la administración tributaria “es una práctica común a nivel internacional“, dijo a PAUTA la representante de la OCDE Zayda Manatta. Sostuvo que el secreto bancario “puede permitir a contribuyentes ocultar actividades, incluso ilegales, y evadir impuestos”.
Aunque el gobierno anterior no avaló este proyecto, ahora sí está siendo respaldado por las nuevas autoridades de Hacienda. Lo consideran “un buen punto de partida para nuestra agenda anti evasión/elusión”, dijo la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza.
Además de obligar a las instituciones financieras a informar anualmente los movimientos mayores a 1.500 UF en un día, semana o mes, “repone la obligación de informar anualmente las inversiones que se realicen o se mantengan en el extranjero, mejorado el deber de información respecto de trusts y otros instrumentos híbridos”, dice la autoridad. Con esta información, agrega, “el SII puede mejorar su rol fiscalizador en el pago de impuestos en este ámbito”.
Conocer a dueños de empresas
Otro cambio importante para reducir la evasión y elusión, que también forma parte de las propuestas del nuevo Gobierno, es el llamado registro de beneficiarios finales, que permitiría conocer quienes son los dueños de las empresas. Esto no siempre es posible cuando se trata de sociedades controladas por otras.
En esta materia la administración anterior solicitó un informe a la OCDE, entregado en abril de 2021, que respaldó ese avance y detalló diseños posibles para concretarlo. Pero en definitiva solo se incluyó una norma en tal sentido en el proyecto sobre compras públicas, que permitiría identificar exclusivamente a los proveedores del Estado. Y en el Presupuesto para 2022, se acordó que este año Hacienda informará las medidas que ha adoptado para crear un registro público de las personas jurídicas constituidas en Chile, que permita prevenir la corrupción, el lavado de dinero y la evasión, entre otros delitos.
“En el contexto de nuestra agenda antievasión y elusión, vemos como una situación urgente la creación de un registro de beneficiarios finales que permita al SII tener información actualizada respecto de la composición de las mallas societarias y de sus dueños”, afirmó Sanhueza.
Añadió que se trata de una materia “que se ha dilatado los últimos años”. Buscarán su consagración vía legal, sumándola a la reforma tributaria que presentará el Gobierno.