Los costos y los ahorros que contiene todo el paquete fiscal del salario mínimo
El Fisco destinará US$ 350 millones por el acuerdo integral con la CUT. Incluye subsidios, pero también considera un menor uso del Ingreso Mínimo Garantizado dada el alza del sueldo básico.
Tras el término de la negociación para el reajuste del salario mínimo con la CUT, el Gobierno salió hoy a explicar los detalles de lo convenido. Esto ocurrió en el marco la reunión de trabajo del gabinete citada por el Presidente Gabriel Boric, para evaluar lo realizado y trazar líneas para los próximos meses.
La cita partió con un aplauso para los ministros Mario Marcel y Jeannette Jara, titulares de Hacienda y Trabajo, respectivamente, que lideraron la exitosa negociación con la CUT.
Aunque el corazón del acuerdo apunta a que la remuneración base se elevará de $350 mil mensuales a $400 mil en agosto (incluso a $410 mil en enero de 2023 si la inflación anual acumulada llega a 7% en diciembre), el compromiso abarcó otras materias. Entre ellas, apoyo para que las pymes enfrenten ese mayor costo laboral, bono compensatorio para grupos vulnerables por encarecimiento de la canasta básica y reajuste del monto de otras transferencias sociales.
Marcel dijo a PAUTA que el costo fiscal del reajuste al Subsidio Único Familiar y la Asignación Familiar será de US$ 51 millones y otros US$ 50 millones para el apoyo a las pymes, mientras que el aporte a la canasta alimentaria protegida tendrá un costo de US$ 290 millones. Explicó que el costo fiscal total es de “alrededor de US$ 350 millones, una vez que se consideran algunos ahorros que se producen por el hecho de que al aumentar el salario mínimo se reduce el aporte complementario que se hace a través del Ingreso Mínimo Garantizado“.
Ahorro en Ingreso Mínimo Garantizado
Los expertos lo habían anticipado: un reajuste importante en el salario mínimo podría afectar a 462 mil trabajadores contratados con sueldos brutos entre $337 mil y $421 mil mensuales, que reciben el subsidio al ingreso mínimo garantizado (IMG). Ese rango se aplica porque más trabajadores quedarían cerca o sobre el “techo” de ese beneficio, que mejora el sueldo líquido, por lo que se reduciría el total de beneficiados.
El Gobierno confirmó que no innovará en el diseño de esta transferencia, que se reajusta en marzo de cada año de acuerdo a la inflación acumulada. “En la medida que vamos teniendo reajustes reales del salario mínimo como tal, hay una fracción de ese aporte estatal que se le entrega al trabajador que se va reduciendo gradualmente”, explicó el titular de Hacienda.
Recordó que precisamente el diseño del IMG apuntaba a que a medida que los trabajadores tiene un aumento de sus rentas, el beneficio se reduce hasta que dejan de percibirlo. “Así se diseñó y se está manteniendo ese esquema”, sostuvo.
Aporte para las pymes
El ministro de Economia, Nicolás Grau, fue el encargado de explicar la fórmula de apoyo que diseñó el Gobierno para que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) puedan sostener el alza que registrará el salario mínimo.
La autoridad contó a PAUTA que el apoyo que dará el Gobierno es universal para todas las mipymes que pagan salarios mínimos. No requiere postulación, sino que se otorgará en forma automática tal como ocurrió con el bono pyme: el pequeño empresario lo solicita en un sitio especial que habilitará el Servicio de Impuestos Internos (SII) y luego Tesorería le transfiere el monto. Esto implica que solo estará accesible para las mipymes formales y con actividades tributarias.
Grau señaló que el monto del aporte apunta a “cubrir la diferencia entre el salario mínimo de enero del 2022 ajustados por inflación y el nuevo monto. Esa diferencia es la que se va a ir pagando cada mes dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, en la medida que ganen efectivamente el salario mínimo”.
Como ejemplo, planteó que en agosto, si se concretan las proyecciones de inflación que se esperan, el aporte estatal para una mipyme rondaría los $30 mil, mientras que los $20 mil restantes deberían aportarlos las propias empresas.
No obstante, el ministro advirtió que “el monto final depende de algunas conversaciones que estamos teniendo actualmente con las organizaciones de las mipymes. Todos los detalles del diseño no están cerrados, tampoco el monto”.
Negociación colectiva
El acuerdo Gobierno-CUT incluye también la decisión de enviar al Congreso un proyecto sobre derechos colectivos en 2023. “Esto recoge un compromiso del programa del Gobierno, de avanzar en lo que se denomina la negociación multinivel”, comentó a PAUTA la ministra del Trabajo.
La autoridad explicó que en este ámbito se revisarán los plazos y cobertura de la negociación colectiva por empresa e interempresas. “También se busca abrir todos los espacios de diálogo para tener una relación más equilibrada en el mundo laboral, para lo cual se legislaría en una negociación ramal”, afirmó.
El acuerdo también ratifica el diálogo en torno a la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, meta que Jara dijo se buscará cumplir “con responsabilidad, gradualidad y teniendo a la vista la importancia de mantener el crecimiento del empleo y su formalización”.