Marcel defiende el trabajo de la Convención en temas fiscales y Banco Central

El expresidente del BC, José De Gregorio, tiene una visión distinta. “El diseño institucional que han propuesto deja mucho que desear, para no decir que es francamente malo”.

Mientras las encuestas vienen mostrando un menor respaldo a los resultados del trabajo de la Convención Constitucional, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que en el ámbito económico “se han ido despejando muchas de las preocupaciones que existían hace un tiempo y me parece que eso es algo bastante positivo”.

Sus declaraciones hacen referencia a las normas ya aprobadas por el Pleno sobre temas fiscales, Banco Central y derecho de propiedad.

El pronunciamiento ocurre luego que tras el consejo de gabinete ampliado de este martes 26 de abril, el Presidente Gabriel Boric ratificó que el Gobierno está comprometido con el éxito del proceso constituyente y defendió el espacio de los ministros para opinar al respecto, respetando los marcos legales.

“Si bien en el trabajo de la Convención puede haber otros temas más controvertidos o riesgosos, al menos en lo que se refiere a temas fiscales se mantiene un marco constitucional que obliga a la responsabilidad fiscal, y mantiene buena parte de esa responsabilidad en el Ejecutivo”, sostuvo el ministro.

Banco Central: ¿la parte llena o la vacía?

El ministro de Hacienda abordó el escenario constitucional en la inauguración del año académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Allí el decano y expresidente del Banco Central, José De Gregorio, tuvo críticas a la gobernanza de ese organismo que será votada en el Pleno.

“El diseño institucional que han propuesto deja mucho que desear, para no decir que es francamente malo, porque debilita en extremo el funcionamiento y la calidad del Banco Central”, afirmó De Gregorio.

Sus reparos se centraron en la selección de consejeros, ahora propuestos en ternas al Congreso después de ser seleccionados por el consejo de Alta Dirección Pública. Sumó también que el presidente de la entidad durará tres años en el cargo y que una mayoría parlamentaria podría pedir la destitución de un consejero ante la Corte Suprema. “Espero que el pleno de la convención rechace estas y otras propuestas, que sin duda van a debilitar al Banco Central”, sostuvo.

Sobre el tema, Marcel afirmó que la Convención Constitucional “está ratificando la autonomía del Banco Central”, lo que se refleja en un mandato “preciso y similar al actual” y que, en general, se mantienen sus facultades. Planteó que el marco de gobernanza “efectivamente es distinto a lo que es habitual encontrar en otros países”, donde el Ejecutivo designa a los consejeros y al presidente. Pero advirtió que este tema todavía debe ser votado en el Pleno.

En general, valoró “los pasos que se han dado respecto de las preocupaciones que existían en un comienzo [sobre el Banco Central]. Creo que ha cambiado significativamente”.

Ejecutivo controla política fiscal

El ministro también recordó que aunque “se temía que podría haber un debilitamiento de la disciplina fiscal, eso no está ocurriendo”. Aquí destacó que se aprobaron algunos principios de responsabilidad fiscal y transparencia “que son interesantes y que no existen en la Constitución del 80”. 

Por ejemplo, la norma propuesta por el Consejo Fiscal Autónomo que define que las finanzas públicas en todos sus niveles se conducirán de acuerdo con principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. También exigencias de probidad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de las funciones públicas.

En cuanto a la gestión financiera nacional y subnacional, la autoridad enfatizó que “el deber de velar por la estabilidad macroeconómica y fiscal será centralizado, lo que implica que la política fiscal va a ser conducida por el Gobierno central”. Además, que las entidades territoriales no podrán fijar impuestos y deberán asumir la responsabilidad si incumplen sus obligaciones financieras.

También valoró que se mantienen muchos principios de la Ley de Presupuesto que vienen desde la Constitución de 1925, que aseguran que el Ejecutivo controle la formación del erario. Entre ellas, que no se podrán aprobar nuevos gastos sin indicar la fuente de financiamiento y el plazo de 60 días para despacharlo a ley. Pero admitió que aún falta conocer el rol del Ejecutivo y del Parlamento en los proyectos de ley que involucran gastos o impuestos, crean empleos públicos o generan cambios previsionales.